MOSCÚ, 12 septiembre 2002 (ZENIT.org).- El arzobispo católico de Moscú, monseñor Tadeusz Kondrusiewicz, denunció este jueves la expulsión de dos sacerdotes de Rusia que tuvo lugar el 10 de septiembre y lanzó una petición de ayuda a las organizadores de defensa de los derechos humanos.
«Una amplia campaña anticatólica se desarrolla en el país, con manifestaciones y piquetes, rechazo del permiso de construir iglesias, actos de vandalismo y de profanación de lugares de culto, y con la creación del mito de católico-enemigo», escribe monseñor Kondrusiewicz, en un documento distribuido a los medios de comunicación en Moscú.
«Estos últimos meses ha comenzado la expulsión sistemática de sacerdotes extranjeros», añade, deplorando que estas medidas estén «acompañadas por gestos brutales e insultantes, en la total ausencia de explicaciones».
El arzobispo recuerda que la reciente expulsión de dos sacerdotes polacos, ha estado precedida por la del obispo católico de Siberia oriental, también polaco, y por la de dos sacerdotes, uno italiano y otro eslovaco.
«Surge espontáneamente la pregunta, ¿a quién le toca ahora?», añade el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Rusia.
Mientras todos los rusos son iguales ante la ley, constata, «en la práctica sucede que los católicos son ciudadanos de segunda categoría, pues se les niega la posibilidad de tener un número suficiente de pastores».
«De hecho –sigue diciendo el comunicado–, las principales víctimas de la persecución no son los sacerdotes y el obispo expulsados, sino sus fieles, ciudadanos rusos a quienes la Constitución garantiza la misma libertad de culto que a los creyentes de otras confesiones», declara monseñor Kondrusiewicz.
Recuerda, además, que la presencia de numerosos sacerdotes extranjeros en Rusia es debida a las décadas de prohibición de los seminarios católicos en tiempos del comunismo.
Al concluir, el arzobispo católico de la capital rusa hace un llamamiento a «los defensores de los derechos y a todas las personas de buena voluntad» a «acabar con la asfixia de la libertad religiosa y los derechos del individuo», así como a «no permitir que se experimenten de nuevo violaciones de la libertad de conciencia».
