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Enterado del Anteproyecto de Ley N° 23 que pretende reglamentar la esterilización directa femenina, la Iglesia hace las siguientes consideraciones y presenta su postura sustentada en las enseñanzas del Magisterio.

1) Pobreza: echar la culpa a los pobres y a la pobreza de la existencia de niños mendicantes o de cinturones de miseria en nuestras ciudades, además de un acto de discriminación, es un atentado a la inteligencia de los panameños y panameñas. Todos sabemos muy bien que, en nuestro país, bastaría con una administración honesta de la cosa pública y con una equitativa distribución de las cargas sociales para que desapareciera, no sólo la pobreza extrema, sino la pobreza. Pero, claro, «la soga siempre se rompe por la parte más delgada» y es más fácil suprimir bocas que repartir el pastel, es más sencillo echar la culpa a otros que asumir la propia responsabilidad.

2) Derechos de la Mujer: un sano feminismo reconoce la igualdad de derechos y deberes entre el varón y la mujer, por haber entre ellos igualdad de naturaleza y, por lo tanto, de dignidad; pero de ahí a argumentar la total libertad de la mujer para hacer con su cuerpo lo que le venga en gana es un absurdo que convertiría a la mujer en una simple planta ornamental, que se puede ir podando para darle la figura que más nos agrade. Ni la mujer ni el varón son dueños, sino administradores, de su vida y de su cuerpo y tienen el derecho y el deber de preservarlos en su integridad y de usarlos según los fines naturales asignados por el Creador. Lo demás, más que ser un derecho de la mujer, es un atentado a su dignidad.

3) Civilización: ya sabemos que civilización y ética no siempre han ido de la mano y, muchas veces, se hace alarde de cientificismo o modernismo para violar o saltar las normas de la ética; no es extraño, pues, que, en el Anteproyecto que nos ocupa se contraponga esterilización-liberación de la mujer versus feudalismo. Partamos de que no todo lo que es posible científicamente es éticamente válido y, si no, que se lo pregunten a las víctimas de Hiroshima, o a las de las Torres Gemelas. Y concluyamos que, cuantas veces se ha querido construir un sistema social sobre bases éticamente inválidas, tarde o temprano, el sistema se derrumba. Nada, pues, que atente contra la dignidad o integridad de la persona o de la vida humana puede ser sinónimo de civilización.

4) Embarazo de adolescentes: no cabe duda de que es un serio problema y no sólo por el producto del embarazo, sino por las mismas adolescentes, que ven frustradas muchas esperanzas y oportunidades, y pierden gran parte del proceso humano y psicológico del crecimiento y maduración. Pero usar eso como argumento para privar a la persona humana de sus potencialidades, resulta, por decir lo menos, descabellado.

La doctrina de la Iglesia enseña que la esterilización es una violación de la ley moral. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica: «Exceptuados los casos de prescripciones médicas de origen estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral» (CIC 2297).

«La mujer representa un valor particular como persona humana y, al mismo tiempo, como aquella persona concreta, por el hecho de su feminidad. Esto se refiere a todas y cada una de las mujeres, independientemente del contexto cultural en el que vive cada una y de sus características espirituales, psíquicas y corporales, como, por ejemplo, la edad, la instrucción, la salud, el trabajo, la condición de casada o soltera» (Carta apostólica de Juan Pablo II «Mulieris Dignitatem» (15 de agosto de 1988) N° 29).

Y cuando una ley es inmoral, carece de legitimidad y no sólo puede sino que debe ser desobedecida, y los profesionales de la medicina podrán alegar el principio de la «objeción de conciencia» para oponerse a la misma».

El Anteproyecto N° 23 debe morir en la cuna por discriminatorio contra la mujer, por discriminatorio contra los pobres, por atentar contra la integridad de la persona humana y, resumiéndolo todo, por inmoral. Apelamos a la conciencia cristiana de los Legisladores para que así sea. Firma Comité Permanente Conferencia Episcopal:

Mons. José Luis Lacunza, OAR
Presidente

Mons. Uriah Ashley
Vice Presidente

Mons. José Dimas Cedeño D.
Arzobispo Metropolitano

Mons. Fernando Torres D.
Secretario