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1. Los Obispos del Perú no podemos permanecer indiferentes ante la actual situación social, económica y política que afecta a todos los peruanos y, en particular, a los más pobres y desfavorecidos, pues nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de Cristo (Cf. G. et S. 1).

2. Vivimos en estos momentos en un ambiente de desconfianza generalizada y de falta de credibilidad en las instituciones, sean públicas o privadas, lo que propicia el desaliento y la inseguridad en el presente y de cara al futuro. Las desigualdades económicas, ofensivas a la dignidad de la persona humana, las justas demandas expresadas en forma desproporcionada de algunos, las expectativas insatisfechas de muchos favorecen un clima de frustración preocupante y de inestabilidad social, que algunos pretenden aprovechar para desestabilizar políticamente el país. La violencia, que tanto dolor y angustia ha causado a nuestro pueblo en tiempos recientes, ha vuelto a aparecer en el escenario patrio con acciones que dificultan el normal desarrollo de la vida y atropellan derechos de los ciudadanos.

3. Como Pastores, sentimos la necesidad de decir una palabra serena de orientación y de aliento. Queremos propiciar relaciones fundadas sobre la base de la verdad, la justicia, el amor y la libertad, pilares que el Papa Juan XXIII y, más recientemente Juan Pablo II (Mensaje para la Jornada mundial por la Paz, enero 2003), han señalado como necesarios para la consecución de la paz auténtica. Somos conscientes de que la mentira, el engaño, la manipulación de la información y las desigualdades insultantes empañan nuestro diario vivir y socavan la paz y el auténtico progreso del país. Queremos, como siempre lo hemos hecho, acompañar, orientar e impulsar desde nuestra misión de pastores el proceso democrático del país por caminos de paz y justicia, que favorezcan el desarrollo humano que anhelamos.

4. En consecuencia:
a. Juzgamos necesario poner todos los medios que contribuyan a defender el sistema democrático, con valores, como la forma de convivencia política que mejor responde a la dignidad de las personas, salvaguardando el estado de derecho, y propiciar la participación cívica y política de los ciudadanos dentro de los cauces de responsabilidad ética y legalidad propios de un estado de derecho.

b. Nos aunamos al rechazo general de la violencia, venga de donde venga, como camino para la solución de los problemas, porque la violencia engendra más violencia. Creemos, más bien, que es necesaria una cultura de diálogo donde la leal confrontación de ideas haga posible la convivencia en paz.

c. Instamos al Gobierno y demás poderes del Estado a asumir el deber que les corresponde de velar por el bien común, que es el bien integral de toda persona, y a trabajar decididamente por superar las actuales condiciones que hacen muy difícil la vida de la mayoría de los ciudadanos y provocan la desesperación de muchos.

d. Invitamos a las instituciones públicas y privadas a poner los medios a su alcance que permitan la unidad de todos en torno a los grandes ideales y valores éticos que nos lleven a construir una patria grande en la que haya lugar para todos. Una señal clara de austeridad y sobriedad, tanto por parte de ellas como del Estado, sería recibida con beneplácito por la ciudadanía, como expresión de solidaridad con los más necesitados.

e. Asimismo invitamos a los comunicadores sociales para que resalten cuanto contribuye a la paz y eviten lo que pueda parecer exaltación de la violencia, descalificación de personas o fomento de la cultura de la sospecha, que provocan desaliento, desconcierto y divisiones.

f. A todos los peruanos les animamos a vivir el momento presente como un llamado a fortalecer la solidaridad a todos los niveles y a mantener viva la esperanza, esa virtud cristiana que se funda en la certeza de que en toda circunstancia estamos en las manos de Dios, Señor de la Vida y de la Historia.

5. Que el Señor de los Milagros, siempre presente en la vida de nuestro pueblo, nos ayude a superar las graves dificultades actuales.


Lima, 11 de junio de 2003
Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana