WASHINGTON, 21 de junio de 2003 (ZENIT.org).- Los recientes acontecimientos en Myanmar y Cuba ponen de relieve la dificultad de tratar con regímenes que resisten todas las presiones internacionales para cambiar.

A mediados de marzo, 78 activistas de la oposición fueron arrestados en Cuba. «Nunca antes el gobierno había procesado a tanta gente por sus ideas políticas y con sentencias draconianas», afirmaba Elizardo Sánchez, presidente de la organización no gubernamental Cuban Human Rights Commission.

Cerca de la mitad del grupo juzgado había organizado una recogida de firmas para impulsar una petición de reformas del estado de un único partido en Cuba. El esfuerzo, conocido como el Proyecto Varela, está liderado por Oswaldo Paya. La petición de un referéndum sobre libertades civiles fue firmada por 30.000 cubanos. Pocos días después un tribunal dictaba las primeras sentencias: siete disidentes recibieron penas de prisión de 15 a 25 años, informó el 7 de abril Reuters. Los medios controlados por el estado no hicieron mención de las sentencias, y pocos cubanos están enterados de las enérgicas medidas.

Además de las duras sentencias tuvo lugar la ejecución de tres personas que intentaron secuestrar un trasbordador cubano. Otros cuatro recibieron sentencias de por vida, y tres mujeres fueron enviadas a prisión con penas de uno a cinco años, informó la BBC el 11 de abril.

Las enérgicas medidas han alterado a muchos intelectuales que, de otra manera, se podría haber esperado que apoyaran a Fidel Castro. El periódico español El País informaba el 2 de abril de más de 50 escritores, artistas y figuras políticas que escribieron una carta al líder cubano, protestando por las medidas represivas. Entre quienes firmaron el documento estaban Günter Grass, Mario Vargas Llosa, Jorge Castañeda, Enrique Krauze y Adam Michnik.

Carlos Fuentes, un partidario de Castro desde hace mucho tiempo, llamó a Cuba «dictadura sofocante», informaba el 25 de abril Associated Press. «¿Deben aprender los malos hábitos del enemigo contra el que están luchando?», escribía el autor uruguayo Eduardo Galeano, que una vez elogió a Castro como un «símbolo de la dignidad nacional».

Cambian los tiempos
Los acontecimientos en Cuba han reavivado el debate sobre qué medidas tomar contra el régimen. Las amplias críticas por la represión, por parte de organizaciones de derechos humanos y muchos gobiernos, parece que sólo han enfadado a la élite dirigente cubana. La Habana insistía en que los disidentes sentenciados eran mercenarios pagados por Estados Unidos, informaba Reuters el 9 de abril.

La semana pasada, Fidel Castro, junto a su hermano Raúl, dirigió a un grupo de manifestantes hacia las embajadas española e italiana en La Habana para protestar contra las acciones tomadas por la Unión Europea contra Cuba, informaba Reuters el 12 de junio. En una aparición televisiva de cuatro horas la noche anterior, Castro culpaba a España y a Italia por la reciente decisión de la Unión Europea de poner fin a las visitas de alto nivel a la nación caribeña, reducir los intercambios culturales e invitar a los opositores a Castro a recepciones en sus embajadas nacionales en La Habana.

Hasta hace poco, la política de Estados Unidos hacia Cuba favorecía el aislar al régimen. Pero los tiempos están cambiando, y una organización, la Cuban American National Foundation, ha cambiado su postura a favor del embargo, informaba el Wall Street Journal el 29 de abril.

«La abrumadora posición de nuestra dirección es que los Estados Unidos deberían rechazar la provocación de Castro», afirmaba Joe García, portavoz de la organización, descrita por el periódico como la organización cubana más influyente en los Estados Unidos. «Castro está esperando que los norteamericanos acaben con los envíos de dinero, y entonces podrá culpar a Estados Unidos del hambre en la isla».

El cambio de actitud lejos de la posición a favor de los embargos refleja una transformación en una generación más joven de cubano-americanos, que ha comenzado a andar lejos de las tácticas de la línea dura, afirmaba el Journal. Ahora, un creciente número está a favor de medidas que apoyen a los disidentes en la isla.

Escribiendo en el New York Times del 12 de mayo, Jeff Flake, miembro republicano del Congreso y miembro del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara estadounidense, también apuntaba a la futilidad de una acción vengativa. Flake estaba a favor de levantar las restricciones para viajar a Cuba de ciudadanos estadounidenses, citando a Oswaldo Paya, que había dicho: «Pedimos a todos los extranjeros que vienen a nuestro país como turistas que muestren su solidaridad, tomando parte en las demostraciones». Anegar Cuba con visitantes estadounidenses sería una verdadera amenaza contra el régimen de Castro, afirmaba el congresista.

Hasta ahora, la administración Bush parece estar prestando atención a estas voces, informaba el 27 de mayo el Financial Times. La venganza se ha limitado a la expulsión el pasado mes de 14 diplomáticos cubanos acusados de ser agentes de inteligencia. En el lado positivo, Washington ha comenzado a experimentar con satélites y transmisores aerotransportados para emitir la programación en Cuba de Radio y TV Marti, respaldada por Estados Unidos, y ha comenzado la transmisión de 24 horas de programas de radio de onda corta de Radio Marti.

Sin embargo, el duro trato deparado a los disidentes ha perjudicado los esfuerzos por suavizar el embargo económico de cuatro décadas impuesto por Estados Unidos a Cuba, informaba el 10 de junio el Washington Times. El embargo fue suavizado en 1992, cuando el Congreso permitió la venta de medicinas a Cuba. A esto siguió una ley del 2000 que permitía las ventas de alimento. Las exportaciones de alimento a Cuba desde Estados Unidos han alcanzado cerca de los 200 millones de dólares en los 19 meses, desde que empezaron los envíos.

Líder de la oposición detenido
Al igual que en Cuba, la junta militar en Myanmar (antes Birmania) también ha intensificado su represión. El 30 de mayo el New York Times comentaba que la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, había sido liberada hacía un año. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, ganó más del 80% de los escaños en las elecciones al parlamento de 1990, pero el régimen la ha tenido en arresto domiciliario durante mucho tiempo desde entonces.

En el momento de su puesta en libertad en el 2002, se prometió diálogo entre los dirigentes y disidentes y un portavoz del gobierno anunció que los prisioneros políticos serían puestos en libertad. Sin embargo, un año después, David Steinberg, profesor de la Universidad de Georgetown, que es el principal experto sobre Myanmar, decía al Times: «No creo que se haya hecho progreso alguno».

Con razón. El mismo día siguiente, los militares de Myanmar afirmaban que habían puesto en «custodia de protección» a Suu Kyi y a otros 17 de los principales miembros de su partido, tras los violentos encuentros entre sus seguidores y opositores en el norte.

Esto lleva a la pregunta: ¿Debería aislarse económica y políticamente a Myanmar por su represión? El 12 de abril The Economist presentaba el caso de los habitantes de Migyarunglaung, a quienes se les permitió recientemente volver a sus casas de las que el ejército les había desahuciado seis años antes. La revista atribuía esto a la intervención de TotalFinaElf, un conglomerado energético francés que exporta gas a Tailandia a través de un oleoducto próximo. La presencia de Total, afirmaba The Economist, les ha ahorrado a otros habitantes locales trabajos forzados y abusos por parte del ejército. Asimismo, la compañía ha gastado 6 millones de dólares en proyectos para ayudar a la población local.

Sin embargo, una compañía británica, Premier Oil, que posee una participación en o tro oleoducto cercano, está ahora vendiendo su parte tras una campaña de activistas pidiendo que se evitara invertir en Myanmar. Y en marzo, un grupo de organizaciones de venta al por menor afirmaba que May se había convertido en la compañía americana número 40 que sucumbe a un boicot de los consumidores y a la prohibición de bienes hechos en Myanmar en sus estantes.

Los Estados Unidos se han limitado actualmente a sanciones al comercio e inversión en Myanmar, pero el Secretario de Estado norteamericano, Collin Powell, en un artículo de opinión del 12 de junio para el Wall Street Journal, pedía más medidas. «También debemos limitar aún más el comercio con Birmania que enriquece a los generales de la junta», escribía. Pero la efectividad de las sanciones está limitada al apoyo militar y económico de China al régimen, observaba el Wall Street Journal el 3 de junio.

Tanto Cuba como Myanmar demuestran lo difícil que es tratar con regímenes que se cuidan más de su propia supervivencia que del bienestar de sus ciudadanos. La comunidad internacional sigue sin encontrar un adecuado conjunto de medidas para tratar con estos y otros países.