Matrimonio y uniones del mismo sexo, ¿son lo mismo?

Los activistas pierden algunas batallas, pero continúa el debate

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NUEVA YORK, 29 de noviembre de 2003 (ZENIT.org).- El matrimonio del «mismo sexo» ha ocupado de nuevo los titulares tras la decisión del Tribunal Supremo de Massachussets de hace dos semanas. En una decisión votada 4 contra 3, el tribunal dictaminó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a matrimonios civiles, según las normas de la constitución del estado. La decisión tuvo lugar tras las derrotas recientes de parejas del mismo sexo en los tribunales de Nueva Jersey y Arizona, donde todavía se pueden hacer apelaciones.

La sentencia, escrita por la juez que presidía el tribunal, Margaret Marshall, afirma que la definición del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer injustamente «priva a individuos del acceso a una institución con significado legal, personal y social» sólo porque son del mismo sexo.

Hay mucho más en juego que simplemente un caso de discriminación, como revela una amplia recopilación de opiniones titulada «Marriage and Same-Sex Unions – A Debate» (Matrimonio y Uniones del Mismo Sexo – Un Debate), publicada hace unos meses.

Editado por Lynn Wardle, Mark Strasser, William Duncan y David Orgon Coolidge, la obra reúne aportaciones en forma de debate sobre una serie de temas, desde la naturaleza del matrimonio y lo que las uniones del mismo sexo implican, hasta las nociones de igualdad, discriminación y derechos constitucionales.

Uno de los principales temas que recorre todo el libro es la naturaleza del mismo matrimonio como institución. Argumentando a favor del matrimonio del mismo sexo, Evan Wolfson ve el matrimonio principalmente como una fuente de ventajas. Sostiene que las parejas casadas reciben del estado múltiples protecciones y responsabilidades que, de manera injusta, se deniegan a las parejas del mismo sexo. En este sentido, poner al mismo nivel que el matrimonio heterosexual a las parejas del mismo sexo es una parte esencial de la batalla por lograr la igualdad para los homosexuales, afirma. Wolfson ve elementos positivos en establecer un reconocimiento legal de las uniones civiles, tal como ocurre en el estado de Vermont. Pero «no proporciona iguales ventajas y deja a las parejas y a quienes tienen que ver con ellas expuestos a incertidumbre legal», afirmaba.

En respuesta, Maggie Gallagher apunta a que el argumento de Wolfson ignora una cuestión clave: si el matrimonio es sólo una palabra más para designar una relación privada e íntima o si es algo más. Al confirmar la segunda postura, Gallagher explica que el matrimonio es una institución social normativa; su razón de ser es apoyar y respaldar un cierto tipo de unión que sea duradera, centrada en los hijos y fiel. El matrimonio es una institución clave al producir, criar y consolidar la siguiente generación. Por lo tanto, poner las uniones del mismo sexo al mismo nivel que el matrimonio sería precisamente una medida en la dirección contraria a la que necesitamos seguir para hacer frente a las dificultades de la familia, defiende Gallagher.

Gallagher también observa que las formas del matrimonio en las diversas sociedades comparten rasgos comunes. El matrimonio crea derechos y privilegios entre la pareja y sus hijos. También es normativo, definiendo, para los hijos, qué es la relación y a qué propósito responde. El matrimonio del mismo sexo pone todo esto en peligro.

«Totalmente maleable»
William Duncan también trata este tema, observando que los activistas procuran utilizar al estado para redefinir el matrimonio en nombre de una reforma de la sociedad civil. El nuevo modelo de matrimonio tiene una serie de rasgos. Para empezar: el matrimonio no tiene nada que ver con las diferencias sexuales; es una institución social totalmente maleable; para ser justos las parejas del mismo sexo se consideran capaces de cuidar niños; se debe distribuir esto por el estado como un tema de imparcialidad básica.

Esto es una «redefinición dramática» del matrimonio, discutía Duncan. La relación entre un hombre y una mujer es cualitativamente diferente de aquella de una pareja homosexual. También observaba que el matrimonio pre-existe al estado y ha sido reconocido por este último por su intrínseco valor. Esto no es un argumento teológico, observaba. El matrimonio no vino a la existencia por un estatuto y «no es, por tanto, totalmente maleable».

En lo que se refiere a la procreación, Duncan precisaba que la ley matrimonial ha reconocido que sólo la relación sexual de un hombre y una mujer puede llevar a la concepción de un niño. «Esto crea un interés del estado en la relación marital que no existe en otras relaciones», escribía.

Siempre se ha considerado que el matrimonio requería un hombre y una mujer, continuaba Duncan, «puesto que las aportaciones únicas para la crianza de un niño no pueden ser reproducidas por otros contextos en los que tiene lugar el crecimiento del niño».

Teresa Stanton Collett, en su ensayo, defiende la proposición de que el matrimonio debería recibir una protección especial. Considera las raíces por las que los homosexuales han tenido éxito al intentar redefinir la institución. Ve como factores la introducción del divorcio, los cambios en las costumbres sexuales que no contemplan como reprehensible la intimidad fuera del matrimonio, y la utilización del control de nacimientos para convertir las uniones maritales en estériles. Todo esto se ha combinado para cambiar el modo en que la sociedad ve el matrimonio y cómo las parejas contemplan la ley de cara a su unión, afirma Collett.

Con el matrimonio visto cada vez más como una «afiliación del afecto» y el hijo considerado como un extra opcional, resulta mucho más difícil defender que se limite el reconocimiento que el estado da al matrimonio a algo inextricablemente ligado a la procreación y a la formación de una unidad familiar. Pero la respuesta no es debilitar más el matrimonio extendiéndolo a las parejas del mismo sexo, dice Collett. Por el contrario, necesitamos «comenzar la muy difícil labor de reestablecer el reconocimiento formal de la conexión del matrimonio con el darse a sí mismo, el control sexual y la procreación».

Y después, ¿la poligamia?
En su defensa del matrimonio del mismo sexo, Mark Strasser propone que se permita a las parejas homosexuales una personalidad jurídica que traiga ventajas para el estado. Puesto el matrimonio promueve la estabilidad de los adultos y los hijos y les ayuda a llevar vida más felices y estables, permitir que más parejas entren dentro de este estatus sería un plus, defiende. El estado se beneficiaría del apoyo económico mutuo que una pareja casada se proporciona mutuamente, dice Strasser. Se pueden lograr también ventajas para la sanidad pública y las eventuales separaciones se tratarían de una manera legalmente ordenada, argumenta.

En un ensayo a parte que trataba algunos de los mismos temas, Arthur Leonard también defendía que dar a las uniones del mismo sexo el estatus de matrimonio daría lugar a una mayor regulación de aquellas parejas que críen niños, de manera que se cuidara un importante interés de la política pública.

Pero John Witte Jr. advierte que se habla con demasiada «facilidad» de que los intereses colectivos se verían realzados al permitir matrimonios del mismo sexo. La opinión pública está muy dividida sobre el tema, nota Witte, y dar tales derechos de manera precipitada sólo aumentaría la actual agitación y pondrían las bases de un serio conflicto social en el futuro. Además, si el gasto social y la felicidad individual se convierten en los criterios de reforma de las leyes del matrimonio, «entonces también deberían caer los argumentos contra los matrimonios incestuosos, adolescentes y polígamos», escribe.

Y Lynne Marie Kohm apunta a que el matrimonio no es una construcción social sino que existe según un diseño original preexistente a la ley. Así, la paternidad de una pareja del mismo sexo no
sería una fuente de beneficio público puesto que niega al niño sea un padre o una madre, conduciendo a problemas de manera inevitable.

Sumando sus voces a este debate, las conferencias episcopales de Inglaterra y Gales, Canadá y Estados Unidos han publicado recientemente documentos argumentando contra el dar un reconocimiento legal a las uniones del mismo sexo.

El Papa también se ha expresado sobre el tema, en particular durante su alocución del 23 de octubre a los obispos ingleses y galeses en Roma durante su visita quinquenal. De especial preocupación, observaba Juan Pablo II, «es la necesidad de mantener la unicidad del matrimonio como una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer quienes, como marido y mujer, participan de la labor amorosa de la creación de Dios. La equiparación del matrimonio con otras formas de cohabitación oscurece la sacralidad del matrimonio y viola su preciosa valor en el plan de Dios para la humanidad». Una gran responsabilidad pende sobre políticos y jueces al considerar este tema.

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ZENIT Staff

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