El episcopado de Argentina reitera que se debe legislar respetando la Constitución

BUENOS AIRES, jueves, 5 febrero 2004 (ZENIT.org).- En medio del debate suscitado recientemente en Argentina sobre el aborto, la Conferencia Episcopal del país recordó el martes pasado el deber del legislador de defender la vida, en coherencia con la Constitución Nacional.

De hecho, en su comunicado, los prelados recuerdan que el aborto está «expresamente excluido de la Constitución Nacional por la incorporación del Pacto de San José de Costa Rica que reconoce la vida desde el momento de la concepción».

«Respetar la Constitución Nacional --advierten los obispos-- es obligación de todos los argentinos y es función indelegable del Estado hacerla cumplir, y del Poder Judicial garantizar ese cumplimiento».

«Proponer una eventual legalización del aborto --añaden-- contradice el espíritu y la letra de la Constitución Nacional y el sentir de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que cree en la vida como un don de Dios confiado al cuidado de todos».

El jefe de prensa del episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld, aclaró que el comunicado responde a la polémica suscitada por las declaraciones de Carmen Argibay --propuesta por el presidente Néstor Kirchner el 30 de diciembre para integrar la Corte Suprema de Justicia--, quien se declaró «atea militante» y es partidaria del aborto.

Ya el 8 de enero, el obispo de San Luis, monseñor Jorge Luis Lona, había manifestado su rechazo frente a la postura pro-aborto de Carmen Argibay denunciando que había sido propuesta para el cargo «para modificar la letra o el sentido de la Constitución, haciendo posible la legalización del aborto en Argentina».

Sucesivamente se fueron publicando declaraciones de numerosos prelados argentinos que alertaban de las posturas de Argibay. Algunos llegaron a pedir la retirada de su candidatura.

En el comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina recuerda asimismo el contenido de su documento del pasado 15 de noviembre: «Necesitamos leyes que promuevan la vida, las leyes deben cuidar y defender la vida, el primero de los derechos humanos --inalienable e irrenunciable-- y su “santuario”, que es la familia».