El ataque fue perpetrado el sábado en el campo de refugiados de Barlonyo, a 25 kilómetros al noreste de Lira, en el norte de Uganda.
Así lo ha confirmado el padre Sebhat Ayele, misionero comboniano y secretario del «Forum de Líderes Religiosos Lango», a la agencia «Misna». El religioso fue el primero en llegar al lugar de la tragedia.
Desde 1986, los rebeldes del LRA, dirigidos por Joseph Kony –un visionario a sueldo de Sudán que intenta derrocar el gobierno del presidente ugandés Yoweri Museveni–, han torturado y asesinado a decenas de miles de personas (se cuentan más de 120.000 muertos), han secuestrado a más de 25.000 niños (reducidos a la esclavitud o enrolados a la fuerza en la guerrilla) y han provocado el desplazamiento de más de un millón de civiles
La última masacre del LRA comenzó en la tarde del sábado, cuando un centenar de rebeldes atacaron el campo de Barlonyo, que acoge a unas cinco mil personas y es protegido por menos de cuarenta hombres armados entre fuerzas gubernamentales y milicias añadidas a las tropas regulares para contrarrestar la rebelión.
Tras bombardear el campo, los rebeldes penetraron por tres frentes. Casi todos los refugiados huyeron al bosque de los alrededores; los que no lo consiguieron fueron asesinados a palos, a golpe de machete o quemados vivos en sus propias chozas, de las que los miembros del LRA no les permitieron salir.
Tras el ataque, de unas tres horas, los rebeldes se retiraron llevándose a un número indeterminado de niños.
«Es una tragedia humana, es una tragedia humana», repitió por teléfono a «Fides» monseñor John Baptist Odama, arzobispo de Gulu –norte de Uganda– y presidente de ARLPI, tras conocer lo sucedido, precisamente el mismo día que regresaba a su país de una misión por Europa y Norteamérica para sensibilizar a la opinión pública de la catástrofe que atraviesa el norte ugandés y pedir ayuda a la comunidad internacional.
ARLPI («Iniciativa de Paz de los Líderes Religiosos de la región Acholi») es una organización interreligiosa que hace tiempo promueve la paz en el norte ugandés, poblado por la etnia Acholi y atormentado por los crímenes del LRA.
«Hay que tener en cuenta que la guerra en el norte de Uganda tiene una dimensión regional e internacional», advirtió el prelado; «por ello no se puede abandonar a Uganda. Es necesario que la comunidad internacional nos ayude a salir de esta tragedia».
«El ejército y la guerrilla están enfrentados en una lucha mortal por destruirse mutuamente, pero quien paga las consecuencias son los pobres civiles inocentes», denunció el prelado.
«Estoy convencido que la paz es posible, con la condición de que el gobierno y la guerrilla acepten dos condiciones: restablecer algunas medidas de confianza recíproca y declarar un alto al fuego», propone el arzobispo de Gulu.
El ataque del sábado contra el campo Barlonyo, que se cuenta entre aquellos cuyas consecuencias han sido más graves –en 1995 fueron asesinadas 350 personas–, parece demostrar que la ferocidad de Kony está lejos de remitir, como sin embargo ha sostenido el gobierno de Kampala.
Se calcula que son más de un millón los refugiados de todo el norte de Uganda, obligados a abandonar sus pueblos y buscar cobijo en los denominados «campos protegidos», donde el ejército debería garantizar seguridad, cosa que con mucha frecuencia no logran, como ha sucedido en Barlonyo.
«No tenemos palabras para expresar a la gente de Lira, que está sufriendo tanto, nuestro más sincero pésame», expresa una declaración de los miembros del ARLPI tras la tragedia. «Al mismo tiempo –prosigue– no podemos dejar de subrayar que nuestra gente tiene derecho a ser protegida por su gobierno y por la comunidad internacional».
El gobierno ugandés ha prometido venganza. «Los rebeldes serán pagados con la misma moneda», declaró el ministro de Defensa, Amama Mbabazi, asegurando que la respuesta del ejército no se hará esperar.
El lunes, el secretario general de las Naciones Unidas condenó esta última masacre del LRA, solicitó «parar este terrible ciclo de violencia» a quienes tienen capacidad para ello, tanto a nivel nacional como internacional, y «hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes».
El fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, abrirá una investigación sobre lo ocurrido en Barlonyo, pues dicho tribunal «tiene jurisdicción sobre delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad con objeto de poner fin a la impunidad por estos crímenes», dice un comunicado difundido desde La Haya.
Una asamblea de políticos locales, líderes religiosos y civiles de Lira proclamó el lunes una semana de luto y organizará una marcha de oración al lugar de la matanza.
Mientras, el presidente ugandés Yoweri Museveni, en lo que parece un intento por controlar la situación directamente en el terreno, ha decido montar el propio campo militar en Okwang, a unos 40 kilómetros al norte de Lira, uno de los corredores habitualmente utilizados por los rebeldes para sus incursiones en la zona.
Se espera en Lira un equipo de expertos de la ONU que deberá verificar si existen suficientes condiciones de seguridad para los operadores humanitarios y valorar las necesidades más urgentes para la población.
