CIUDAD DE GUATEMALA, martes, 30 marzo 2004 (ZENIT.org).- Los mensajes escritos a través de teléfonos móviles (SMS) están siendo canal de amenazas contra el personal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), de la que era director monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar de la capital guatemalteca brutalmente asesinado hace casi seis años.
Los SMS llegan «a pesar de que por motivos de seguridad se procedió a cambiar el administrador de los servicios telefónicos y los números de los teléfonos móviles», precisa un comunicado difundido la semana pasada por el organismo.
A ello se suman el acoso y las llamadas telefónicas amenazadoras. De hecho, algunos trabajadores de la Oficina han sido seguidos «por medio de vehículos que, al sentirse detectados, realizan maniobras elusivas para que no pueda ser determinado su número de placas de circulación».
Igualmente han sido blanco de otras intimidaciones distintos miembros del «Componente de Exhumaciones», el organismo comprometido en las operaciones de excavación de posibles cementerios clandestinos.
Éstos «han sido coaccionados e intimidados por ex paramilitares con el afán de obstaculizar el desarrollo del trabajo, el cual está debidamente autorizado por el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional correspondiente», denuncia el documento.
De acuerdo con la ODHAG, se trata de presiones «que se están intensificando en un momento en que se podrían acercar audiencias importantes para el proceso sobre el asesinato de monseñor Gerardi y se preparan conmemoraciones masivas por el aniversario de su martirio».
Monseñor Gerardi, conocido por su defensa de los derechos humanos, fue asesinado a golpes en el aparcamiento de su residencia el 16 de abril de 1998.
Dos días antes de su muerte, la ODHAG –que el prelado dirigía— había presentado un informe –«Guatemala, Nunca Más»– sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los 36 años de guerra interna que vivió el país centroamericano y que terminó en 1996 con al menos 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos.
El «informe Gerardi», realizado en el marco del proyecto diocesano «Remhi» («Recuperación de la Memoria Histórica»), enumera más de 55 mil violaciones de los derechos humanos –atribuidas en un 80% al ejército–, todas ellas cometidas durante el citado conflicto interno.
En agosto de 2001, un tribunal de primera instancia condenó a 30 años de prisión a tres militares por la muerte de monseñor Gerardi y a 20 años a un sacerdote por complicidad.
Uno de los sentenciados, el sargento Obdulio Villanueva, fue asesinado en febrero de 2003 en un motín carcelario. Los otros condenados son el coronel retirado Disrael Lima, su hijo, el capitán Byron Lima y el sacerdote Mario Orantes.
El 8 de octubre de 2002, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones anuló el primer juicio y ordenó a los tribunales celebrar uno nuevo con jueces diferentes.
Dicha resolución fue apelada por la Fiscalía y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), tras lo cual la Cámara de Amparos de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) dejó en suspenso la sentencia de la Sala de Apelaciones, si bien el fallo definitivo aún no ha sido emitido.
