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El país se ha venido informando por los medios de comunicación sobre el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia.
La Conferencia Episcopal, fiel a su misión, se siente llamada a ofrecer algunos elementos de reflexión, sin otra pretensión que la de iluminar a los negociadores desde una perspectiva ética y humana.
El punto de referencia de un Tratado de Libre Comercio debe ser prioritariamente la persona humana y no sólo las conveniencias económicas.
Es necesario que los procesos de integración económica beneficien a las comunidades y a las personas más pobres, como son entre nosotros los campesinos, los pequeños comerciantes y productores, los pueblos y regiones marginadas del país.
En consecuencia manifestamos lo siguiente:
1. INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS
Es muy positivo el que se busque la integración entre los pueblos para un mayor bienestar de los ciudadanos y en la perspectiva de dar respuesta a la aspiración de que todos lleguemos a ser una sola familia humana. El acercamiento y mayores relaciones entre los pueblos conduce a una mayor integración cultural. Simultáneamente se abren las puertas para el crecimiento de la producción y de la riqueza, se suprimen barreras, se desarrolla la ciencia y la tecnología y se crean mejores condiciones de vida.
2. LA GLOBALIZACIÓN
Tengamos presente las palabras del Santo Padre Juan Pablo II:
“Desde el punto de vista ético, la globalización puede tener una valoración positiva o negativa. En realidad, hay una globalización económica que trae consigo ciertas consecuencias positivas, como el fomento de la eficiencia y el incremento de la producción, y que, con el desarrollo de las relaciones entre los diversos países en lo económico, puede fortalecer el proceso de unidad de los pueblos y realizar mejor el servicio a la familia humana. Sin embargo, si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. La Iglesia, aunque reconoce los valores positivos que la globalización comporta, mira con inquietud los aspectos negativos derivados de ella” (Ecclesia in America, 20).
3. RIESGOS Y DIFICULTADES
Bajo esta perspectiva vemos cómo los procesos de integración conllevan grandes peligros cuando están basados en una concepción meramente economicista en la que la finalidad está marcada por las leyes del mercado y por la pretensión abierta o velada de fijar un orden económico neo-liberal. Este tipo de integración trae como consecuencia el aumento de las diferencias entre pobres y ricos, el desempleo y la competencia injusta. La soberanía y la integridad de la nación podría verse seriamente afectada en un tratado de estas características.
Somos conscientes tanto de la complejidad de las negociaciones actuales para llegar a la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como de sus implicaciones futuras para la vida nacional. El Tratado de Libre Comercio no es un asunto simple y va mucho más allá del intercambio comercial entre países. Se trata de un acuerdo que va más allá de los asunto comerciales y se realiza entre países con grandes desproporciones en su desarrollo, capacidades y posibilidades. Por ello queremos insistir en la necesidad de establecer reglas que aseguren la equidad en la negociación.
Para la Iglesia el criterio central es el bien común, que debe primar en toda búsqueda de soluciones a las necesidades de nuestro país, y que debe superar los niveles de inequidad y las grandes diferencias entre los sectores más ricos y los pobres.
4. SEGURIDAD EN LA ALIMENTACIÓN, SECTOR AGRÍCOLA Y MEDIO AMBIENTE
Frente a las condiciones de pobreza crítica en que viven millones de conciudadanos, es de vital importancia que se tengan en cuenta la seguridad en la alimentación, la cultura y costumbres de las personas y de los pueblos.
Colombia tiene una vocación agrícola y con larga trayectoria en la producción de alimentos. Nuestros campesinos son una población importante en la vida nacional y su realidad debe tenerse en cuenta en los acuerdos internacionales.
En este sentido preocupa el que no se contemple una reducción de barreras existentes para nuestros productos en el mercado norteamericano como las de los subsidios y normas fitosanitarias y esto conduzca a la crisis de la producción agrícola nacional.
“Las políticas económicas ligadas a los tratados de libre comercio de no estudiarse y aplicarse en marcos más amplios que el simplemente económico pueden causar efectos nocivos en la producción agrícola que garantiza la seguridad alimentaria” (La tierra: un don de Dios”, 7).
Es importante establecer un equilibrio entre el comercio y la protección la medio ambiente, de tal manera que las agendas de protección ambiental no se constituyan en imposiciones veladas para los productos colombianos.
5. SALUD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La biodiversidad de Colombia es un recurso que hace parte de “la tierra, don de Dios para todos”. Es importante que se invaliden en cualquiera de los países los procedimiento de patentabilidad sobre seres vivos previamente existentes, tal como ocurrió con algunas variedades de maíz, Yagé y otros casos previamente denunciados.
La salud de los sectores más necesitados es una de las preocupaciones más grandes cuando se aborda el tema de los Tratados. Cerca de 20 millones de colombianos no tienen suficiente acceso a los medicamentos, o por no pertenecer a ningún sistema de seguridad social o porque no pueden pagar las medicinas. Consideramos importante mantener la legislación de propiedad industrial vigente en cuanto a la fabricación de medicamentos, así se mantiene la producción de genéricos y se prohíben las patentes de segundos usos en medicamentos. Una prioridad nacional es garantizar la producción y oferta de medicamentos nacionales de buena calidad y a bajo precio. La salud no puede ser objeto de negociaciones.
Hay sectores de la población particularmente vulnerables afectados por enfermedades graves y que merecen una especial protección por parte del Estado y de la Sociedad. Nos parece que como una respuesta a estos sectores se debe tener en el sistema de propiedad industrial un sistema de licencias obligatorias de medicamentos protegidos por la legislación de patentes, que permita, sin desconocer la propiedad intelectual de los medicamentos, obtener el licenciamiento a precios sociales de drogas de alto impacto para el sostenimiento de la vida, como en el caso de la Diabetes, VIH/Sida y enfermedades terminales.
6. EN EL PLANO DE LA CULTURA
Nuestro pueblo tiene un patrimonio cultural con múltiples valores, expresiones y símbolos que deben ser protegidos en toda relación internacional. En particular nos parece importante el sector educativo.
Algunos grupos de población que requieren especial atención exigirían:
a) La protección de la cultura nacional, como un sistema de licencia obligatoria para organismos de radiodifusión estatal.
b) Gratuidad en la ejecución pública de programas estatales.
c) La autorización para poder acceder a obras protegidas, en las bibliotecas públicas.
d) Acceso a la cultura en establecimientos educativos, en los términos consagrados en la ley 23 de 1.982.
e) El mantenimiento de la copia privada en el sistema de derechos de autor.
7. EN EL PLANO LABORAL
Aspiramos a que las
condiciones de trabajo de los colombianos les permitan tener acceso a niveles de vida dignos y que un acuerdo internacional se haga de cara a la superación del desempleo y del subempleo que angustia a tantas familias. El reto es el aumento de los programas sociales que atienden las necesidades de los más pobres y sobre todo la generación de empleo de calidad.
La producción de mayor riqueza que se derive de Tratados de Libre Comercio, conlleva una mayor distribución de esta riqueza. Podría incluso producirse una mayor desigualdad en la sociedad. Más de 11 millones de colombianos viven en condiciones de pobreza crítica y claman por oportunidades, capacitación y condiciones dignas de trabajo. Por ello, el cuidado de las condiciones de trabajo, el aumento de las posibilidades de empleo digno es un criterio central y básico.
Aspiramos a que nuestras reflexiones contribuyan a propiciar un proyecto de integración en el cual los pueblos de nuestro continente puedan reconocerse no sólo en las relaciones de mercado, sino en la construcción de un mundo socialmente justo.
La Iglesia sigue ofreciendo sus esfuerzos y su compromiso de contribuir a construir una nación solidaria y en paz.
+ Pedro Card. Rubiano Sáenz
Arzobispo de Bogotá
Presidente de la Conferencia Episcopal
Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2004
