La Iglesia y la democracia

Por el profesor José Vidamor Yu, Manila

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MANILA, sábado, 20 noviembre 2004 (ZENIT.org).- Publicamos la intervención del profesor de Teología de Manila (Filipinas), José Vidamor Yu, pronunciada en la última videoconferencia mundial organizada por la Congregación para el Clero sobre «Iglesia y Estado».

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La palabra democracia deriva de dos raíces griegas: demos, es decir pueblo, y kratein, que significa gobernar. El término demokratia, que indica el gobierno del pueblo, llegó a ser popular entre los griegos, en especial en Tucídides y Aristóteles y, más tarde, en Herodoto. Se cuenta que, en Atenas, las bases fundamentales de la democracia fueron sentadas, según Clístenes, por el uso de la palabra igualdad. En el discurso fúnebre en honor de Pericles se nombran tres ideales: la ley, la libertad y la igualdad.

La Iglesia Católica entabló un combate histórico con los principios de la democracia, en particular en Europa. Examinando el progreso de la democracia desde el tiempo de la revolución francesa, veremos que la Iglesia fue abandonando poco a poco las antiguas formas de gobierno y de mando, orientándose preferentemente hacia la comunidad de Dios, más que dominando como una institución que ejerce un poder mayor. Hoy en día, la Iglesia ha concentrado su misión en su presencia en el mundo y se abandona al poder del Evangelio.

Del estado dinástico al estado nacional: el cambio de modelo
La imagen medieval del Estado era dinástica y multinacional. En general, la familia real controlaba la vida política y económica del pueblo en los territorios que dominaba. Los estados multinacionales tendían a ser feudales, como, por ejemplo, los Habsburgo, los Romanov y el Imperio otomano, en Europa Central y Oriental. Durante el siglo XIX, algunos cambios rápidos en la sociedad habían transformado los estados nacionales en estructuras poderosas que mejoraban la vida social, económica y política. Gracias a la búsqueda gradual de la libertad el pueblo dejó de ser súbdito para convertirse en ciudadano. Es la época en que los pueblos se concentran en sus propias identidades culturales y políticas y desarrollan distintos partidos e ideologías. Aparecen entonces eslóganes revolucionarios que proclaman la búsqueda de la libertad por parte del hombre, como los que surgen con la Revolución francesa, que hablan de Libertad, Fraternidad e Igualdad y describen los ideales de una identidad nueva: la ciudadanía.

Los siglos XIX y XX produjeron distintas ideologías que subrayaban la libertad personal y los derechos individuales. El liberalismo se transformó en una teoría o filosofía política y una tradición cuyos aspectos centrales eran la tolerancia religiosa, el gobierno con el consentimiento del pueblo y la libertad personal y económica. El liberalismo se desarrolló como un sistema político o una tendencia que se oponía a la centralización y el absolutismo. Nació en Inglaterra, y su principio fundamental era la libertad absoluta e irrestricta de pensamiento, religión, conciencia, opinión, palabra, prensa y política.

La revolución industrial trajo, además, un conflicto triangular entre el Cristianismo, el Liberalismo y el Socialismo. Los cristianos se vieron obligados a buscar un papel nuevo en una sociedad que cambiaba, en la que los trabajadores, las maquinarias y la urbanización iban modificando rápidamente el aspecto de las ciudades. La mayoría de los católicos estaban atrincherados en posiciones conservadoras, y promovían actitudes antiliberales y opiniones antisocialistas. En su primera fase, la expresión Revolución Industrial designaba la evolución que, entre 1750 y 1830, fue transformando Gran Bretaña y los estados europeos, que pasaron de una población que vivía casi exclusivamente de la agricultura a una sociedad cada vez más dominada por el trabajo en las fábricas. El conflicto con las nuevas ideologías producidas por las revoluciones liberal e industrial desencadenó la reacción de la Iglesia y sus escuelas de pensamiento reaccionaron a la lucha cada vez más intensa por la libertad y la democracia en la sociedad. Algunos católicos trataron de reconciliar los valores del liberalismo y el cristianismo. León XIII fue el primer papa que buscó una solución a los conflictos retomando los principios tomísticos sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, intentó restablecer la influencia de la Iglesia en la sociedad y también el regreso a los principios cristianos de aplicación concreta en la relación entre la Iglesia y la democracia.

León XIII y la democracia
León XIII ofreció soluciones a los cambios sociales en curso y a los problemas de su tiempo, en particular, al sentido creciente de la democracia entre los ciudadanos. Se daba una tendencia a la afirmación de los derechos y la libertad individuales, acompañada, sin embargo, por un descuido de los principios morales. El papa apoyó la democracia intentando definir el carácter moral del poder público. Además, el poder público tendría que encontrar su fundamento en Dios y la libertad del individuo. Por ello aconsejó y exhortó a los gobernantes «a que gobernaran con benevolencia y una suerte de amor paterno» (Libertas Humana, Desclée, II, 110). Por su naturaleza, la actitud de los gobernantes debería ser paternal. De esa manera, «su gobierno debe ser justo e imitar el gobierno divino en el hecho de ser moderado por una bondad paternal» (carta Caritatis providentiaeque, ASS, 26 (1873-74), 525). Gobernar con amor paternal implica gobernar con equidad, es decir, «que gobiernen al pueblo con equidad y fidelidad, y muestren, además de la severidad necesaria, un amor paternal» (Diuturnum, Desclée, I, 227).

León XIII indicó la promoción de la libertad del individuo y los grupos de individuos, en particular en lo referente a la familia, como uno de los signos concretos de la democracia. El control exterior de los gobiernos civiles sobre los individuos y la familia contradice las virtudes del gobierno democrático. Según sus palabras, «la pretensión, pues, de que el gobierno pueda penetrar, según su albedrío, en la familia y el hogar y ejercer un control sobre su intimidad es un error grave y pernicioso» (RN 14). La familia tiene la libertad de escoger y aconsejarse con sus amigos.

De la misma manera, León XIII subrayó que el derecho a la propiedad es un derecho natural inalienable del individuo y la familia. El gobierno auténtico promueve la protección de esos derechos. Además, cada persona tiene el derecho de crecer en un contexto familiar y no principalmente bajo el poder del estado. Contra las propuestas del socialismo, León XIII afirma que la autoridad paternal no puede ser abolida ni absorbida por el Estado. Los cuidados de los padres tienen el mismo origen que la misma vida humana (cfr. RN 14). Apartar al niño de su familia es un acto de injusticia para con la persona humana. Contra el Socialismo, subrayaba que: «los socialistas, alejando a los padres y estableciendo un control por parte del Estado, actúan contra la justicia natural y destruyen la estructura del hogar» (RN 14). La democracia destaca el derecho a una familia y a que la libertad del individuo se modele en el contexto de la familia. Los padres tienen también el derecho de modelar el futuro y el destino de sus hijos según sus sueños.

La libertad y el bien común

Mientras, en una nación democrática, se destaque la libertad del individuo, siempre debería prevalecer el bien común. La encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI nos recuerda, cuarenta años después de la Rerum Novarum de León XIII, que la justa libertad de acción debe ser dejada a los ciudadanos individuales y las familias, pero con la condición de que sea preservado el bien común e impedida toda injusticia hacia cualquier individuo (cfr. QA 25). La democracia comprende también una atención
especial hacia los desposeídos y los débiles, cuyos derechos deben ser salvaguardados y reconocidos por el Estado. Los gobernantes estatales tienen la función de velar por la comunidad y sus partes. De todas maneras, al proteger a los individuos y sus derechos, es necesario preocuparse en primer lugar por los débiles y los pobres (cfr. QA 25).

El ejercicio de la libertad abarca también la conciencia de la persona humana. El individuo tiene el derecho de seguir lo que le dictamina su conciencia. Aunque el derecho de formar asociaciones e instituciones sea un derecho individual, Pío XI estableció que nadie debe ser obligado a unirse a un sindicato u otras instituciones contra su voluntad. Quadragesimo Anno subraya que los sindicatos deben profesar siempre la justicia y la equidad y conceder a sus miembros católicos plena libertad de respetar su propia conciencia y someterse a las leyes de la Iglesia (cfr. QA 35).

El abuso de la libertad puede provocar discordias en la sociedad. Implica un conflicto entre los que están en el mundo de los negocios. Será causa de conflictos entre los estados cuando se sacrifica el bien común. El abuso de la libertad transforma el libre mercado en una dictadura económica y lleva a la codicia del poder, echando al olvido a los pobres. Pío XI nos recuerda que la concentración de poder, que es el signo característico de la vida económica contemporánea, es el fruto de la libertad ilimitada de luchar entre competidores (cfr. QA 107). El abuso de la libertad a través de la acumulación de poder en los ciudadanos o en los gobernantes del Estado provoca tres clases de conflictos. Primero, la lucha por la misma supremacía económica; segundo, un conflicto tenaz por apoderarse del Estado, y tercero, conflictos entre los estados (cfr. QA 108).

El derecho a la verdad y la información
La democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos participan en las actividades de gobierno. La libertad de prensa, como derecho inalienable de la persona en una sociedad democrática, abarca el derecho a la verdad. La búsqueda de la verdad y el derecho a la información deben mantenerse en los límites del orden moral. Juan XXIII escribió que el individuo tiene derecho a la libertad de investigar la verdad en los límites del orden moral y el bien común y la libertad de escoger la profesión que quiera. Es necesario observar que el individuo tiene también el derecho a una información fehaciente de los acontecimientos públicos (cfr. PT 12).

El individuo tiene la responsabilidad de buscar la verdad. La Iglesia asegura que la sociedad debe ser estructurada de manera que pueda ofrecer a los individuos recursos abundantes. El acceso del individuo a la verdad y la información indica que goza de la libertad de formarse una opinión y el derecho a las necesidades de la vida. Se debe afirmar que, para que una sociedad pueda ser considerada como bien ordenada, creativa y conforme a la dignidad humana, debe basarse en la verdad (cfr. PT 34-35).

El desarrollo basado en la naturaleza humana
La democracia no depende sólo del ejercicio de la libertad política, sino que se apoya en unos principios fundamentales. Los países que han ganado la independencia de sus colonizadores descubren que los programas sociales y económicos deben estar estructurados en armonía con la naturaleza y la dignidad humanas (cfr. PP 6). También la elección del gobierno debe ser dejada a la voluntad del pueblo. La libertad de elegir a los líderes de gobierno es una de las características de la democracia. Gaudium et Spes ha reiterado que la elección de un régimen político y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos (cfr. GS 74).

La Iglesia promueve la democracia auténtica, basada en un concepto correcto de la persona humana. La naturaleza y la dignidad de la persona son un criterio importante porque se trata de verdades fundamentales. Pero, a este respecto, es menester observar que, si falta una verdad última que guíe y dirija la actividad política, entonces las ideas y las convicciones pueden ser fácilmente manipuladas por razones de poder. Como lo demuestra la historia, una democracia sin valores puede convertirse fácilmente en un abierto o velado totalitarismo (cfr. CA 46).

Como Madre y Maestra, la Iglesia debe tener conciencia de los signos de los tiempos producidos por cambios radicales que actualmente tienen lugar en la esfera política y económica. Los cambios políticos y los avances económicos producen nuevos conceptos de sociedad y Estado les cuales abandonan, por consiguiente, las formas tradicionales e introducen formas nuevas. Estas formas nuevas marcan libertades nuevas, pero también traen consigo la amenaza de nuevas injusticias y servidumbres. Estas formas nuevas de libertad pueden indicar una idea nueva de democracia (cfr. CA 4).

El gobierno y la vida religiosa
Otro signo importante de la democracia es la protección de los derechos religiosos. Por cierto, el Vaticano II dejó sentado que la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre ocupan un lugar primordial entre los deberes esenciales de un gobierno. Uno de los derechos que el gobierno tiene el deber de salvaguardar por medio de leyes justas y otros medios adecuados es la libertad religiosa de todos sus ciudadanos. Dignitatis Humanae dice además que el gobierno debe contribuir a crear condiciones favorables a la promoción de la vida religiosa, para que el pueblo pueda ejercer realmente sus derechos religiosos y cumplir con sus deberes religiosos (cfr. DH 6).

La Iglesia tiene el concepto de una sociedad democrática que proteja los derechos basados en la vocación trascendental de la persona humana, comenzando por el derecho a la libertad de profesar y practicar las convicciones religiosas. Una sociedad democrática auténtica se centra en el desarrollo en el marco de la solidaridad y la libertad (cfr. SRS 33). La Iglesia condena toda forma de totalitarismo pues niega la «dignidad trascendental de la persona humana» (CA 44) y expresa, en cambio, gran estima por los sistemas democráticos que reconozcan el papel esencial de los individuos, las familias y los distintos grupos que constituyen la sociedad y den, asimismo, a los ciudadanos amplias posibilidades de participar en el desarrollo de las comunidades políticas y religiosas.

Las estructuras en la Iglesia: el sentido de la participación
La participación en la Iglesia por medio de una consultación es una expresión democrática. Bajo la forma de sínodos y concilios pastorales diocesanos, la consultación indica una corresponsabilidad en la misión y las orientaciones pastorales de la Iglesia. A pesar de que la Iglesia tenga una estructura jerárquica que limita la práctica de la democracia, todos los miembros de la Iglesia participan de una responsabilidad común en el ejercicio de la misión de la Iglesia. Aunque el papa sea elegido por el colegio de los cardenales y la selección del clero quizá no sea democrática, la Iglesia respeta la libertad de expresión por medio de la consultación. Los consejos presbiterales y el colegio de consultores son buenos ejemplos, a nivel diocesano, de estructuras participativas necesarias para el gobierno de la Iglesia. Bajo muchos aspectos la Iglesia no es democrática porque en ella el poder proviene de Cristo.

Como comunión, la Iglesia protege los derechos de todos sus miembros en cuanto expresan sus necesidades y deseos espirituales. El Vaticano II destaca que el laicado tiene el derecho, como todos los cristianos, de recibir de sus pastores espirituales los bienes espirituales de la Iglesia con abundancia, en particular la ayuda de la palabra de Dios y los sacramentos. Los fieles deben manifestarles abiertamente sus necesidades y deseos, con esa libertad y confianza que les corresponden a los hijos de Dios y hermanos en Cristo (LG 37).

La participación de cualquier miembro de la Iglesia en el sacerdocio ministerial o comú
n encuentra su punto culminante en Cristo. De todos modos, el Vaticano II habla del sacerdocio ministerial o jerárquico como interrelacionados: cada uno, de manera específica, es una participación en el único ministerio de Cristo (cfr. LG 10). Por medio de los sínodos diocesanos y los consejos pastorales, toda la Iglesia, laicos y clérigos, participa en el gobierno de la Iglesia. Además, la Iglesia tiene el deber de educar a quienes tienen responsabilidades en la legislación, la administración de la justicia y la formulación de las leyes en la Iglesia y en la esfera pública. En Ecclesia in America, Juan Pablo II recuerda que la Iglesia debe dedicarse a la labor de educar y sostener a los laicos que se dediquen a legislar, gobernar y administrar la justicia, para que todas las legislaciones, deliberaciones y juicios reflejen siempre los principios y los valores morales del bien común (cfr. Ecclesia in America 19).

La democracia es un valor humano que la Iglesia valora y aprueba. A medida que la persona humana progresa, surgen hoy nuevas formas de libertad y también nuevas formas de pensamiento democrático. La Iglesia se esfuerza para que se llegue a una libertad basada en la verdad. No puede haber libertad sin verdad, así como no puede haber una democracia verdadera sin libertad auténtica.

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ZENIT Staff

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