LA PLATA, viernes, 26 noviembre 2004 (ZENIT.org).- El presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y de la Paz, el cardenal Renato Martino, advirtió ante los senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires que «no se puede admitir el aborto porque es un asesinato».
«Si bien los caminos para la búsqueda del bien común son múltiples, complejos y variables de sociedad en sociedad, todo católico comprometido en la política o en la administración tiene el deber de promover en todos sus actos la cultura de la vida, reafirmando este derecho fundamental desde la concepción hasta su término natural», recordó el purpurado durante su discurso ante la Asamblea Legislativa bonaerense, según recoge «Aica» este viernes.
El miércoles el ministro argentino de Salud, Ginés González García, había declarado que probablemente la despenalización del aborto mejoraría la situación sanitaria, afirmando que se estima en medio millón la cifra de embarazos abortados al año. Pero «es una medida tan fuerte» –aclaró– que «deberá debatirlo la Legislatura» [por el Congreso Nacional], recoge el diario «La Nación».
Posteriormente el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, rechazó en declaraciones a la prensa que el Gobierno analice un proyecto de ese tipo. Al conocer esa postura, el cardenal Martino afirmó en declaraciones a «Radio 10»: «Me conforta y consuela muchísimo, y me repone del enojo» suscitado «porque el aborto es un asesinato y mucho peor porque se mata a una criatura que no tiene la posibilidad de defenderse», cita «Infobae».
El prelado subrayó que «la protección de la vida está escrita en la Constitución de la Nación Argentina».
La intervención del cardenal Martino ante la Asamblea Legislativa se centró en la «Doctrina Social de la Iglesia y el compromiso de los católicos en la política nacional e internacional».
Exhortó a los legisladores a «defender y promover la familia como núcleo fundamental de la sociedad, promover la justicia y la más equitativa distribución de la riqueza, fomentar la paz y la armonía en la comunidad nacional e impulsar el diálogo constructivo y fecundo, contribuyendo a la construcción de la civilización del amor».
Igualmente les invitó a «un compromiso cada vez mayor con la causa de la paz, recorriendo el camino fatigoso, pero más seguro para lograrla, el de la plena vigencia de los derechos humanos».
«Tales derechos fundamentales no se derivan ni son concedidos por el derecho positivo de ningún Estado, y ni siquiera por el derecho internacional –recordó el purpurado–, sino que son innatos e inherentes a la dignidad de la persona humana».
Al concluir sus palabras, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mércuri, le entregó el diploma que le acredita como «visitante ilustre» de la provincia de Buenos Aires.
Tras presentar en el Teatro Argentino el «Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia», el cardenal Martino bendijo –junto con el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, por cuya invitación ha viajado a Argentina– el Centro de Promoción de la Cultura del Trabajo Juan Pablo II, donde la Pastoral Social Archidiocesana desarrolla el programa «Manos Unidas», que otorga minicréditos a mujeres de condición humilde a fin de que generen pequeños emprendimientos productivos familiares.
En un comunicado, el purpurado advirtió que la deuda externa «daña gravemente la economía y el nivel de vida de los países en desarrollo, y que en este cuadro los reembolsos exigidos cada año constituyen una rémora para el crecimiento de los pueblos».
Por ello sugirió que «deberían examinarse otros comportamientos, como la aceptación de moratoria, la remisión parcial e incluso total de las deudas».
«Ciertamente, existen sensibles diferencias entre las respectivas situaciones locales, pero ha de tomarse en cuenta –subrayó– el pronunciamiento del Papa Juan Pablo II en la encíclica “Centesimus Annus»: No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables».
Recordó que el dicasterio que preside aludió al tema en el documento «Al servicio de la comunidad humana. Una consideración ética de la deuda internacional» (1986), e insistió en que «las obligaciones del deudor tienen un límite, que en su aceptación y respeto no debe resultar lesivo para el derecho legítimo del acreedor».
Se refirió asimismo a la «corresponsabilidad» de las instituciones que han intervenido en los diversos intentos de reestructurar el monto de la deuda y a la doctrina católica sobre la usura –«que adquiere especial relevancia y actualidad a medida que se constatan las consecuencias de una economía prevalentemente dineraria»: «el deudor debe, alguna vez, dejar de serlo», apuntó.
«En suma, este grave problema debe encaminarse a una solución digna de los principios de justicia y equidad que pueden asegurar el progreso y la paz» concluyó.
