BOGOTÁ, domingo, 29 mayo 2005 (ZENIT.org).- Consciente de la necesidad de continuar abriendo espacios de reflexión que posibiliten encontrar nuevas alternativas para el tema de la justicia y la paz, la Iglesia en Colombia convocó a organizaciones del gobierno, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil al III Congreso Nacional de Reconciliación en Bogotá del 23 al 25 de mayo.
Objetivo del encuentro ha sido proseguir el análisis desde la acción pastoral que realiza la Iglesia en torno a la paz y los derechos humanos, así como responder a los nuevos desafíos que presentan la realidad colombiana frente a aplicación de justicia, impunidad, proceso de desmovilización de las AUC («Autodefensas Unidas de Colombia»), proyecto de ley sobre verdad, justicia y reparación, el derecho a la tierra y empobrecimiento y vulnerabilidad de la población colombiana.
Se ha buscado igualmente fomentar la integración de personas e instituciones en la búsqueda de alternativas a los desafíos; avanzar en la celebración de la Campaña de incidencia política por la paz en Colombia por parte de la Red de Caritas Internacionalis; y conmemorar los 40 años de la Constitución Pastoral «Gaudium et spes».
Expertos como Luis Carlos Restrepo –Alto Comisionado para la Paz–, Carlos Gaviria –Senador de la República–, Michael Fruhling –de Naciones Unidas–, Angelino Garzón –Gobernador del Valle— o monseñor Luis Augusto Castro –miembro de la Comisión Nacional de Conciliación y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia— se han contado entre los participantes de la reflexión, junto a obispos, religiosos, representantes del gobierno nacional, representantes de otras Iglesias, diplomáticos, representantes nacionales e internacionales de organizaciones de derechos humanos y de universidades e institutos de formación en derechos humanos.
Ante más de 800 personas se presentó la Declaración final con las conclusiones y propuestas fruto de estos días de trabajo. Publicamos a continuación el texto íntegro. (Más información sobre el Congreso en www.pastoralsocialcolombia.org).
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III Congreso nacional de reconcilicación
Bogotá, 23-25 mayo 2005
DECLARACION FINAL
Convocados por la Conferencia Episcopal Colombiana a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana al III Congreso Nacional de Reconciliación, bajo el lema: “Si quieres la paz trabaja por la justicia”, representantes de la Iglesia Católica, otras Iglesias, organizaciones e instituciones sociales y miembros de la comunidad internacional, hemos centrado nuestro análisis, reflexión, lectura en la fe y compromisos, en torno a la justicia como condición indispensable de la reconciliación.
Hemos escogido cuatro grandes ejes temáticos: Retos y Desafíos de la Aplicación de Justicia en Colombia; Justicia y Derechos Económicos Sociales y Culturales; Verdad, Justicia y Reparación y Justicia y Derecho a la Tierra.
Fundamentamos nuestra mirada a estos aspectos de realidad desde la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la Iglesia en los que se afirma:
“La paz es fruto de la justicia” (Isaías 32,17), entendida como el respeto del equilibrio de todas las dimensiones de la persona humana. Esta peligra cuando al hombre no se le reconoce aquello que le es debido en cuanto hombre, cuando no se le respeta su dignidad y cuando la convivencia no esta orientada al bien común” (Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz- 1969).
“La paz también es fruto del amor, la paz misma es un acto propio y especifico de caridad (Pablo VI, Carta Encíclica Populorum Progressio – 1976)
“La Paz se construye día a día en la búsqueda del orden querido por Dios y solo puede florecer cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad para promoverla” (Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz- 1974).
“La violencia no constituye jamás una respuesta justa, ya que la violencia es un mal, la violencia destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida y la libertad del ser humano” (Juan Pablo II, Discurso en Drogheda, Irlanda 29 septiembre de 1979)
Esta mirada reflexiva nos ha llevado a establecer las siguientes constataciones.
1. El país vive un largo proceso histórico de crisis social y negación de los derechos humanos, que ha degenerado en un conflicto armado el cual ha sido degradado con infracciones al derecho internacional humanitario, la incorporación de prácticas corruptas en los niveles de administración pública, y en el sector privado con el narcotráfico, el terrorismo y otras formas delictivas.
Constamos que a pesar de los esfuerzos que se hacen para lograr una mayor afirmación de la justicia colombiana, la situación de la misma es preocupante y se manifiesta en los altos índices de impunidad. La realidad social y política desborda en muchos casos la normatividad y operatividad de la justicia.
Constatamos igualmente la gran desconfianza e inconformidad de nuestra población frente a la justicia, como también los altos niveles de ingobernabilidad y control público que todavía se perciben en nuestras poblaciones.
No resulta por tanto fácil, en aspectos concretos como por ejemplo, la desmovilizacion de actores armados establecer un marco legal que haga viable el proceso.
A lo anterior se añade la dificultad de una verdadera legislación de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), sin los cuales resulta bien difícil conformar un proceso de paz.
Tenemos que reafirmar las consecuencias perversas de un proceso de globalización que prioriza lo económico sobre lo social y los grandes intereses particulares sobre el bien común.
Las entidades internacionales de financiamiento siguen teniendo una influencia determinante sobre las políticas gubernamentales en detrimento de las políticas mismas nacionales que lógicamente tienen que tener en cuenta la inversión social como aspecto fundamental del desarrollo sostenible.
La situación del mundo agrario, de la tenencia, del uso adecuado de la tierra y del agua, nos muestra también un marco de realidad de empobrecimiento e inequidad. Fenómenos como el latifundio, la concentración de la tierra en pocas manos y muchas veces por vías violentas, ha forzado el desplazamiento de los campesinos a los núcleos urbanos, no sin antes convertirlos en rehenes y escudos humanos de los violentos y en población estigmatizada como presuntos cómplices de los actores armados.
La frontera agraria de Colombia ha sido copada por grandes extensiones de ganadería, de meso y mega proyectos agroindustriales, que propician en su mecánica económica la concentración de la tierra, de los bienes de capital y el empobrecimiento y la virtual desaparición del sector campesino. Este panorama unido a los procesos de apertura de mercados, con tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio, ponen en riesgo tanto la seguridad, como la autonomía y la soberanía alimentaria de los colombianos.
2. Frente a este marco de realidad consideramos que el país tiene que apostarle definitivamente al esclarecimiento de todos los hechos violentos y repugnantes (masacres, desapariciones forzadas, secuestros etc.) que han lesionado en lo más profundo a familias y comunidades enteras sumiéndolas en la desesperanza. La creación de Comisiones de Verdad y la recuperación de la memoria histórica es fundamental para la reconciliación dentro de un marco de justicia restaurativa que implica la reparación.
Estamos convencidos
que no habrá paz sin justicia social. Por tal motivo nos preocupa el empobrecimiento de nuestra población y aún la exclusión de muchos como sujetos de Estado.
Seguimos atentamente los debates en el Congreso de la República sobre proyectos de ley tales como: Justicia y paz, que involucra el estatus político de los grupos armados, el delito político, la figura y el fenómeno del terrorismo; el proyecto de protección de bienes y tierras de las personas desplazadas. Todo ello debe llevar a precisar un marco legal objetivo y viable, que conduzca al acercamiento de las partes y a la creación de espacios estables de dialogo.
3. Los participantes de este Tercer Congreso Nacional de Reconciliación nos sentimos llamados como Iglesias vivas y como miembros de la sociedad civil, a mantenernos en una actitud de análisis y reflexión sobre estas realidades, discernir bajo la iluminación del Evangelio y los aportes de la Doctrina Social de la Iglesia y los saberes de nuestros pueblos para la construcción de propuestas viables y concretas que lleven a la superación integral del conflicto que estamos sobrellevando.
Frente a algunas propuestas impulsadas desde diversos sectores políticos y estatales, que buscan establecer un marco legal para viabilizar procesos de desmovilización de actores armados, debemos reiterar que las leyes no pueden amparar la impunidad aún bajo la sana intención de propiciar la paz en el país.
Vemos que en este proceso de reconciliación deben estar presentes todos los actores armados, el Estado y la sociedad civil; reconocemos la necesidad del acompañamiento y respaldo de la comunidad internacional a todos los esfuerzos por la restauración de la justicia social, la paz y la reconciliación.
Reiteramos la opción de todos los participantes en este III Congreso de asumir las solución del conflicto armado por los caminos del diálogo, asumiendo la vía política, y manteniendo el sentido de la esperanza en la posibilidad que tenemos los Colombianos de practicar los valores humanos, dejando de lado por lo tanto la vía violenta y armada.
Considerando el papel fundamental de la sociedad civil, la invitamos a asumir una actitud crítica y analítica, que la comprometa en su responsabilidad social, rompa con la indiferencia y sienta como propia la reconstrucción del país y del Estado Social de Derecho.
Respaldamos la libertad de prensa. Hacemos un llamado a los Medios y al Estado para que posibiliten un periodismo responsable, transparente y ético comprometido con la verdad y el análisis real de la situación del país.
Nos unimos al sentir de la base social en la necesidad de realizar acuerdos humanitarios que ayuden a disminuir el dolor de las victimas. Llamamos a la clase dirigente del país a asumir la suficiente voluntad y disciplina política, y a los sectores empresariales, al sector obrero y campesino, a comprometer su voluntad y disciplina social, requeridas para hacer viables la construcción y realización de políticas, programas y procesos que generen esas transformaciones estructurales necesarias para la recuperación y puesta en vigencia de los derechos integrales como factor condicionante para una reconciliación con justicia social que nos lleve a una paz sostenible.
Frente al panorama de inadecuada posesión y uso de la tierra, en el que muchos campesinos viven desnutridos y pobladores urbanos y rurales carecen del servicio de agua potable, invitamos a los congresistas y gobernantes a implementar una adecuada política agraria que posibilite la reconstrucción del sector agrario campesino, el respeto a sus organizaciones, la recuperación de tierras a los pequeños agricultores; la conservación del agua, la tierra y la biodiversidad como patrimonio nacional, al servicio prioritario del desarrollo para condiciones de vida digna de todos los colombianos, compartiendo solidariamente con el resto del mundo nuestros productos y ecosistemas.
Requerimos para lo cual, un verdadero consenso en torno a lo que implica la justicia, su aplicabilidad, la recuperación de prácticas ceñidas a la verdad, al derecho y a la depuración de los distintos estamentos públicos y privados a los que tengamos acceso.
Finalmente invitamos a todos los colombianos y colombianas a mantener la firme esperanza y compromiso solidario por la reconstrucción y vigencia de la justicia de las instituciones sociales y estatales, la recuperación de la calidad de la educación, de la salud, de la reforma agraria, la generación de fuentes de empleo justamente remunerados, el rechazo al narcotráfico, la carrera armamentista y toda forma de corrupción pública y privada, en fin, de todo lo que requiere un verdadero Estado Social de Derecho de modo que todos podamos ser gestores de desarrollo y justicia para la paz integral. Haciendo eco a Pablo VI y Juan Pablo II somos conscientes que la justicia, el desarrollo y la solidaridad son el nuevo nombre de la paz, condiciones y exigencias para la reconciliación entre los colombianos y colombianas.
“Si quieres la Paz: trabaja por la Justicia”
Miembros participantes en el III Congreso Nacional de Reconciliación.
Bogotá D.C., mayo 25 de 2005
