CIUDAD DEL VATICANO, jueves, 4 mayo 2006 (ZENIT.org).- Con «profundo disgusto» ha recibido Benedicto XVI las noticias de las ordenaciones episcopales ilegítimas celebradas en China continental –hechos que llevan a la Santa Sede a «dar voz» al sufrimiento de la comunidad católica del país–.
Y es que «un acto tan relevante para la vida de la Iglesia, como es una ordenación episcopal, ha sido realizado» –dos veces en el espacio de tres días– «sin respetar las exigencias de la comunión con el Papa», expresó en la mañana de este jueves el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls.
«Estoy capacitado –inició su declaración– para dar a conocer la postura de la Santa Sede acerca de las ordenaciones episcopales de los sacerdotes Giuseppe Ma Yinglin y Giuseppe Liu Xinhong, que tuvieron lugar, respectivamente, el pasado domingo, 30 de abril, en Kunming (provincia de Yunnan) y el martes, 2 de mayo, en Wuhu (provincia de Anhui)».
«Se trata de una grave herida a la unidad de la Iglesia», lamentó el portavoz vaticano, recordando las «severas penas canónicas» previstas para estos casos.
El Código de Derecho Canónico en su canon 1.382 –en sede de «la usurpación de funciones eclesiásticas y de los delitos en el ejercicio de las mismas»– establece que «el Obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica». Una pena latae sententiae es aquella en la que se incurre ipso facto (canon 1.314) [«en el acto», «inmediatamente». Ndr].
El portavoz vaticano se hizo eco de las informaciones según las cuales «obispos y sacerdotes han sido sometidos –por parte de organismos ajenos a la Iglesia– a fuertes presiones y amenazas, a fin de que tomaran parte en ordenaciones episcopales que, estando privadas del mandato pontificio, son ilegítimas y, además, contrarias a la conciencia de ellos».
«Varios prelados han opuesto un rechazo a tales presiones, mientras que algunos no han podido hacer otra cosa que soportarlas con gran sufrimiento interior», puntualizó.
Por ello denunció que se está «frente a una grave violación de la libertad religiosa, a pesar de que se haya intentado, con pretextos, presentar las dos ordenaciones episcopales como un acto necesario para proveer de pastor a diócesis vacantes».
De ahí que la Santa Sede considere «su preciso deber dar voz al sufrimiento de toda la Iglesia católica, en particular a la de la comunidad católica en China y especialmente a la de los obispos y sacerdotes –añadió–, que se ven obligados contra conciencia a realizar o participar en ordenaciones episcopales que ni los candidatos ni los obispos consagrantes quieren realizar sin haber recibido el mandato pontificio.
Origen de las ordenaciones ilegítimas
Según ha ido informando y analizando estos días la Agencia del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME) «AsiaNews», detrás de estas ordenaciones episcopales sin el consentimiento del Papa está la «Asociación Patriótica» china (AP) [Zenit, 3 mayo 2006].
En China el gobierno permite la práctica religiosa sólo con personal reconocido y en lugares registrados ante la Oficina de Asuntos Religiosos y bajo el control de la AP.
Ello explica la diferencia que afirman entre una Iglesia «oficial» y los fieles que tratan de salirse del citado control para ponerse en obediencia directa del Papa, formando la Iglesia «no oficial» o «clandestina».
En el marco del anuncio de la ordenación ilegítima del domingo pasado, el director de la agencia del PIME, el padre Bernardo Cervellera, explicó que «en tema de relaciones diplomáticas, tanto el gobierno [chino] como el Vaticano desean actuar sin la AP».
«En los últimos dos años, el gobierno de Pekín y el Vaticano habían llegado a un acuerdo de hecho que dejaba a Roma la indicación del candidato al episcopado. De esta manera han sido ordenados los obispos auxiliares de Shanghai, Xian, Wanxian y el ordinario de Suzhou», recordaba.
Del análisis del sacerdote se desprendía que tal acuerdo «sitúa al margen a la AP» –«por décadas detentadora de las ordenaciones»–, «disminuyendo su poder sobre la Iglesia oficial», algo con lo que aquella ha demostrado no estar conforme.
Y subrayó que, «por parte vaticana, de la Iglesia oficial y clandestina, se abre cada vez más camino la idea de aceptar la inscripción de las comunidades y de los obispos ante la Oficina gubernamental de Asuntos Religiosos, pero sin adherirse a la AP, que trabaja por una Iglesia nacional e independiente de Roma».
Recalcó este jueves Navarro-Valls que «la Santa Sede sigue con atención el doloroso camino de la Iglesia católica en China y, aún consciente de algunas peculiaridades de tal camino, pensaba y esperaba que tales episodios deplorables [las ordenaciones episcopales ilegítimas. Ndr] pertenecieran ya al pasado».
Se vivió una situación similar en 2000: «Precisamente mientras circulaban voces de un acercamiento entre China y el Vaticano, la AP programó para el 6 de enero» de ese año «la ordenación de doce nuevos obispos», comentó recientemente el padre Cervellera.
«Siete de ellos rechazaron la designación, al conocer que no había aprobación de la Santa Sede –prosiguió–; los cinco restantes fueron aislados y engañados para hacerles aceptar la ordenación», celebrada en la catedral de Pekín con la participación «sólo de algunos prelados «patrióticos»».
«Sacerdotes, fieles y otros obispos invitados se ausentaron. Hasta los seminaristas del seminario nacional de Pekín desertaron de la ceremonia» y en una carta a su rector «expresaron su disgusto por la ordenación celebrada sin el consentimiento del Vaticano», recordó.
«La Santa Sede recalca la necesidad del respeto de la libertad de la Iglesia y de la autonomía de sus instituciones de cualquier ingerencia exterior», manifestó este jueves su portavoz ante la eventualidad de próximas ordenaciones episcopales ilegítimas.
Reiterada voluntad eclesial de diálogo
En su declaración, Navarro-Valls ha subrayado la reiterada disponibilidad de la Santa Sede «a un diálogo honesto y constructivo con las autoridades chinas competentes para hallar soluciones que satisfagan las legítimas exigencias de ambas partes».
Pero iniciativas como estas ordenaciones episcopales ilegítimas «no sólo no favorecen tal diálogo –reconoce–, sino que crean nuevos obstáculos contra el mismo».
