El doctor Rowan Williams, arzobispo de Canterbury, y el doctor John Sentamu, arzobispo de York, enviaron el 23 de enero una carta al primer ministro británico, Tony Blair para explicar que «el derecho de la conciencia no puede estar sujeto a la legislación».
Según lo previsto por la ley de igualdad, que entrará en vigor en abril en Inglaterra, Gales y Escocia las agencias de ayuda deberían verse obligadas a dar en adopción niños a parejas homosexuales. De lo contrario, podrían quedar sancionadas por «discriminación» sexual.
En su carta, los pastores anglicanos recuerdan que muchas personas que hacen voluntariado en este sector están motivadas por orientaciones religiosas y que en la actualidad ya existen excepciones a las leyes como por ejemplo médicos del servicio de la seguridad social que se niegan a practicar abortos.
La carta explica: «legislando para proteger y promover los derechos de algunos grupos particulares, el Gobierno se enfrenta al reto delicado pero importante de no crear las condiciones para que otros consideren que sus derechos han sido ignorados o sacrificados o que se ponga en riesgo su derecho de conciencia».
La intervención de Williams tuvo lugar un día después de que Blair recibiera una carta del cardenal Cormac Murphy-O’Connor, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, en la que anuncia que la Iglesia católica se vería obligada a cerrar las agencias de adopción católicas de las que dispone ya que la ley va en contra de sus propios principios.
Esta legislación tiene previsto entrar en vigor el próximo mes de abril «va totalmente en contra de los principios de familia» ha recordado en cardenal.
Las 12 agencias de adopción católicas de Inglaterra y Gales administran alrededor de un tercio de todas las adopciones voluntarias del sector.
Por su parte, un portavoz del número 10 de Downing Street indicó que el primer ministro británico todavía no ha decidido si las leyes harán una excepción con las agencias religiosas. El portavoz dijo que este es un asunto «muy sensible para todas las partes», que todavía está siendo discutido en el Gobierno.
