España: Educación para la Ciudadanía «impone» una antropología desestructuradora»

Según la Conferencia Episcopal Española

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MADRID, jueves, 1 marzo 2007 (ZENIT.orgVeritas).- La Conferencia Episcopal Española (CEE) lanzó este jueves una nueva advertencia sobre algunos aspectos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que «vulneran los derechos que asisten a los padres en la educación de sus hijos.

Esta violación tiene lugar «tanto en el campo de la determinación de la educación moral que deseen para ellos, como en el de la libre elección del centro educativo».

Tras la reunión de la Comisión Permanente que concluyó este miércoles, el secretario general y portavoz de la CEE, padre Juan Antonio Martínez Camino, presentó este jueves la Declaración «La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas».

El documento se estructura en torno a cuatro puntos: la enseñanza de la Religión católica, el tratamiento dado a los profesores que imparten esta asignatura, las libertades de enseñanza y de elección de centro, y la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Respecto a Educación para la Ciudadanía, la CEE subraya que se trata de «una formación estatal y obligatoria de la conciencia, que impone el relativismo moral y la ideología de género» y que por tanto, exigirá que los padres y los centros reaccionen responsable y comprometidamente.

Otro aspecto de la nueva asignatura que preocupa a la CEE es que «los criterios de evaluación no se refieran sólo a contenidos, sino también a actitudes y hábitos personales, cuya constitución se basa siempre en la visión de la vida que informa la conciencia moral (véase, en particular, el Decreto de 29 de diciembre de 2006 sobre la Educación Secundaria)».

La CEE sostiene que «esta Educación para la ciudadanía» de la LOE es inaceptable en la forma y el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona».

Los obispos hacen finalmente un llamamiento a la responsabilidad de los padres y los centros ante esta asignatura. Especialmente a los centros católicos, les avisan que «si admiten en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica» y añaden que «el Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa».

Respecto a «los centros estatales», consideran que al «impartir esta asignatura perderán su obligada neutralidad ideológica e impondrán a los alumnos una formación moral no libremente elegida por sus padres o incluso expresamente contradictoria con su voluntad cuando éstos hayan elegido para sus hijos la enseñanza de la Religión y Moral católica».

Respecto a la enseñanza de la Religión Católica la principal crítica de los obispos es que no se respeta el carácter de «equiparable» a una «asignatura fundamental», que los Acuerdos Iglesia-Estado recogen junto a su carácter de «obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos», que sí recoge la LOE.

Además se reduce «el número de horas que se le asigna» a la enseñanza de la Religión católica; se ofrece una alternativa indefinida, en forma de «atención educativa», a quienes no decidan cursarla; y se consideran «no computables» las evaluaciones de Religión.

En definitiva, para los obispos «la regulación de esta enseñanza carece de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente, es decir, cerca del ochenta por ciento de los padres».

Sobre el profesorado de Religión católica, la principal objeción de los obispos es que «ni la LOE ni el último borrador de Real Decreto que conocemos establecen los mecanismos jurídicos adecuados para que la autoridad de la Iglesia pueda ejercer con seguridad su obligación de garantizar la idoneidad del profesorado de religión». En este sentido añaden que «si las cosas permanecen como se encuentran en este momento, es posible que sea necesario recurrir a las acciones legales oportunas para que sea respetado el ordenamiento jurídico vigente, que tutela los derechos de todos».

Resumiendo, «la Ley introduce una nueva regulación del profesorado de Religión que no responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica, ni a la jurisprudencia sobre la materia»; y «se asimila la situación legal de los profesores de Religión en las escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, no reconociendo suficientemente el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral católica».

Finalmente, «las libertades de enseñanza y de elección de centro educativo se encuentran, en la LOE, muy condicionadas, al quedar definida la educación, con un claro tinte estatalista, como un «servicio público» con el que la sociedad debe colaborar», un aspecto que repercute también en la creación de centros de «iniciativa social», que queda supeditada a los criterios de la Administración.

Los obispos reiteran «que es necesario llegar a un gran consenso o pacto de Estado en las cuestiones básicas que afectan a los derechos fundamentales de las personas y de la escuela».

Puede leerse el documento en la página web de la Conferencia Episcopal http://www.conferenciaepiscopal.es.

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ZENIT Staff

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