CIUDAD DEL VATICANO, martes 25 de noviembre de 2008 (ZENIT.org).- Ante la actual situación de crisis financiera, la Santa Sede propone una «refundación del sistema» que ponga a las finanzas ante su fin natural, que es servir al desarrollo y al bien común.
Éste es uno de los puntos centrales de la Nota hecha pública por la Santa Sede ante la próxima Conferencia de Doha (Qatar), que organiza Naciones Unidas sobre la financiación al desarrollo, y que se ceelbrará a finales de noviembre.
El documento, muy extenso, ha sido elaborado por el Consejo Pontificio «Justicia y paz», y aprobado por la Secretaría de Estado.
En él, se expone la necesidad de que las naciones se planteen «cómo se ha llegado a la desastrosa situación actual de crisis, tras un decenio en que se han multiplicado los discursos sobre la ética de los negocios y de la finanza, y en el que se ha difundido la adopción de códigos éticos».
La Santa Sede afirma, en línea con la opinión de muchos expertos, que «la actual crisis financiera es esencialmente una crisis de confianza», y apunta entre sus causas «el excesivo uso de la ‘leva’ financiera por parte de los operadores, la inadecuada consideración de los elementos de riesgo», pero sobre todo, «la relación entre la necesidad de que las finanzas cumplan su función ‘real’ de puente entre el presente y el futuro, y el horizonte temporal de referencia de los operadores, sustancialmente empequeñecido en el presente».
En otras palabras, la búsqueda del beneficio a corto plazo ha hecho que las finanzas ya no cumplan su función de promover el desarrollo económico, y por tanto, mas que una «revisión», la Santa Sede apunta hacia la necesidad de una total «refundación» del sistema.
Paraísos fiscales
La Santa Sede apunta como una de las causas de la crisis a la existencia de los llamados «paraísos fiscales» o «centros financieros offshore«, culpables tanto de transmitir la crisis como de haber provocado su desarrollo.
Este tipo de mercados, afirma el documento, «han mantenido una trama de prácticas económicas y financieras alocadas: fugas de capitales de proporciones gigantescas, flujos «legales» motivados por objetivos de evasión fiscal y canalizados también a través de la sobre o infrafacturación de los flujos comerciales internacionales, reciclaje de los procedentes de actividades ilegales».
La utilización de estos centros ha producido un doble efecto negativo: por un lado, ha beneficiado a las rentas más altas, que pueden escapar al control fiscal en sus propios países, y penalizado a las más bajas, es decir, a los trabajadores y las pequeñas empresas; y por otro, «han comportado una traslación de la tasación del capital a la tasación del trabajo».
De esta forma, una serie de personas e instituciones maneja en estos centros «cerca de 860.000 millones de dólares al año, y que corresponderían a una falta de entrada fiscal de casi 255.000 millones de dólares: más de tres veces el monto entero de la ayuda pública al desarrollo por parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OSCE)».
La Santa Sede cree que la actual situación se debe a que «se ha evitado afrontar algunas cuestiones importantes: la trazabilidad de los movimientos financieros, el rendir cuentas adecuadamente de las operaciones en los nuevos instrumentos financieros, la cuidadosa valoración del riesgo».
«Muchas autoridades, especialmente en los países financieramente más evolucionados, han pospuesto elecciones puntuales, movidos por los beneficios económicos que derivan de hospedar una fuerte industria financiera, beneficios que duran lo que dura la fase de euforia financiera».
Una nueva moral económica
Para la Santa Sede, la solución a la crisis pasa por un pacto internacional en materia financiera y fiscal, de forma que se recupere la «confianza» y la «trasparencia».
«Los mercados financieros no pueden operar sin confianza; y sin transparencia y sin reglas no puede haber confianza. El buen funcionamiento del mercado requiere por tanto un importante papel del Estado y, donde es apropiado, de la comunidad internacional para fijar y hacer respetar reglas de transparencia y de prudencia».
Sin embargo, en el fondo, no habrá solución mientras no haya una «formación de la conciencia moral de las personas», ya que las normas por sí solas «no pueden garantizar» la marcha de la economía.
«Ninguna intervención de regulación puede «garantizar» su eficacia prescindiendo de la conciencia moral bien formada y de la responsabilidad cotidiana de los operadores del mercado, especialmente de los empresarios y de los grandes operadores financieros», advierte.
«El hombre nunca puede ser cambiado o redimido sencillamente desde el exterior», añade el documento.
Por ello, apunta, «es necesario llegar al ser moral más profundo de las personas, es necesaria una educación real en el ejercicio de la responsabilidad hacia el bien de todos, de parte de todos los sujetos, a todos los niveles: operadores financieros, familias, empresas, instituciones financieras, autoridades públicas, sociedad civil».
Esta educación a la responsabilidad «puede encontrar un fundamento sólido en algunos principios indicados por la doctrina social, que son patrimonio de todos y base de toda la vida social: el bien común universal, el destino universal de los bienes, la prioridad del trabajo sobre el capital».
Al respecto, la Iglesia cree también que es necesario repensar el propio trabajo de los operadores financieros, sometidos ellos los primeros a la «absoluta prioridad del capital» sobre las personas, con «horas de trabajo larguísimas y estresantes, y horizonte temporal cortísimo de referencia para las decisiones».
Puede leer la Nota de la Santa Sede con la que pide repensar el sistema financiero mundial en la sección de Documentación de la página web www.zenit.org
Por Inma Álvarez
