BARCELONA, jueves 14 de mayo de 2009 (ZENIT.org).- Dispensar la píldora del día siguiente sin necesidad de receta en las farmacias, incluso a menores, «es una aberración que atenta contra la profesión médica».
Así lo señaló hoy a ZENIT el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, Josep Maria Simon, después de que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunciara la autorización de la venta de este fármaco, sin control médico, en las farmacias de toda España.
Simon advirtió que esta píldora «tiene serios efectos secundarios» y no previene las aproximadamente 30 enfermedades de transmisión sexual que existen.
«Si en España se necesita receta médica para un antibiótico, también debería ser necesaria para una píldora de tantos efectos secundarios», dijo.
El médico añadió que «contrasta que se promocione esta píldora y a la vez el preservativo».
Simon afirmó que, en el 70% de los casos en los que actúa, esta píldora lo hace como abortivo, impidiendo la implantación de lo que ya es un ser humano.
Además, para el presidente de la FIAMC, «el Ministerio de Igualdad comete una falta contra la sana igualdad favoreciendo esta píldora, cuya carga anticonceptiva recae exclusivamente sobre la mujer».
En opinión de Simón, «es macabro y de muy mal talante» que «ahora se cambie la ley del aborto y se repartan píldoras del día siguiente única y exclusivamente para justificar la existencia de un Ministerio como es el de Igualdad e intentar maquillar la situación económica española».
Como Simon, numerosos profesionales sanitarios, farmacéuticos, políticos y representantes de entidades civiles han mostrado su oposición a la autorización de la venta de esta píldora sin receta en farmacias de toda España.
Esta autorización forma parte de la «Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva» incluida en el «Anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo», aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
A través de este borrador de la nueva ley del aborto, el gobierno propone legalizar el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación, y hasta la semana 22 si existe riesgo para la vida o la salud de la embarazada o el feto sufre graves anomalías.
El Anteproyecto también señala que «la interrupción voluntaria del embarazo se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita».
Por Patricia Navas
