BILBAO, jueves 11 de junio de 2009 (ZENIT.org).- Este miércoles Bilbao se convirtió en el escenario de una debate entre uno de los más conocidos promotores de la eutanasia y un obispo experto en bioética.
Se trataba de monseñor Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, quien defendió los cuidados paliativos, y el anestesista Luis Montes, conocido por el caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa, promotor de «El manifiesto Santander por una muerte digna».
Monseñor Iceta, doctor en Medicina, habló sobre la persona humana desde el punto de vista «antropológico y ético» y se refirió a la enfermedad como «momento de crisis».
Ante las enfermedades terminales, destacó la necesidad de una «gran humanidad» y defendió los cuidados paliativos.
Concretamente pidió reconocer la Medicina Paliativa como especialidad en las universidades y aumentar el número de centros dedicados exclusivamente a tratar a los enfermos incurables.
También rechazó «la obstinación y el encarnizamiento terapéutico que no reconoce las limitaciones de la medicina» y la «provocación deliberada de la muerte del enfermo, lo que supone la eutanasia».
Por su parte, Luis Montes, antiguo coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de la localidad madrileña de Leganés, afirmó que «hay que despenalizar la eutanasia activa y la colaboración necesaria».
«Existe un consenso popular sobre la capacidad que tenemos de decidir en las situaciones límites», afirmó.
Se declaró «laico» y defendió su derecho a morir. «Si no, la vida es una obligación», añadió.
El anestesista se refirió a situaciones en las que «no merece la pena vivir», expresión que el obispo calificó de «desafortunada».
Monseñor Iceta consideró que «nadie está obligado a sufrir y es lícito tratar el dolor», pero aseguró que «la vida humana siempre es digna».
Destacó que «poner fin a la vida de modo deliberado, aunque sea a petición propia o a pesar de las condiciones de vida, no es la respuesta adecuada porque nadie puede disponer de la vida de otro ni de la de uno mismo».
Además, la eutanasia «sitúa a la Medicina fuera de su propio ámbito, que es curar», señaló el prelado.
Ley andaluza de Muerte Digna
Luis Montes se refirió al proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte en Andalucía, aprobada este lunes, que prohíbe «prolongar de manera inútil» la vida del paciente cuando ya no se puede curar.
Para el anestesista, supone «un paso más y un avance para ir saliendo de esta oscuridad e ilegalidad que los trabajadores sanitarios hemos tenido siempre en un tema tan importante como es el final de la vida».
Un paso más hacia el derecho a la eutanasia que ya «desarrolla la actual ley de autonomía del paciente».
El anestesista indicó que con la norma «se empieza a acotar la objeción de conciencia de los facultativos contrarios a este tipo de prácticas».
Sedaciones irregulares
El Doctor Montes saltó a la actualidad informativa al ser apartado de su cargo al comparecer ante los tribunales españoles acusado de realizar junto a su equipo sedaciones irregulares.
Sobre esta cuestión, el anestesista indicó que «ha habido una confusión intencionada, que ha mandado un mensaje de alarma social, al confundir la sedación terminal con eutanasia».
Esta sedación siempre se «produce con el enfermo agónico, en aquellos pacientes que presentan intenso sufrimiento; está despenalizado y sería una mala práctica» no administrarla.
El obispo recordó que las sedaciones terminales están aceptadas por la Iglesia y pidió que no se confundan con la eutanasia.
«No buscan la muerte, sino el bienestar del paciente, aunque tengan como efecto secundario acortar su vida», explicó.
Los dos doctores estuvieron de acuerdo en la conveniencia del «buen morir».
Según informó a ZENIT la Fundación Sabino Arana, organizadora de la iniciativa, la jornada de debate se dividió en un diálogo a puerta cerrada por la mañana en el hotel Sheraton y las conferencias públicas seguidas por un numeroso público, por la tarde, en el Palacio Euskalduna.
La actividad de la mañana, en el hotel Sheraton de Bilbao, incluyó cinco ponencias ante cuarenta expertos, entre ellos representantes de asociaciones provida y de derecho a morir dignamente, médicos y magistrados.
