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Oct 02, 2009 00:00
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GINEBRA, viernes 2 de octubre de 2009 (ZENIT.org).- La centralidad de la persona humana, un entorno idóneo y la equidad son los elementos fundamentales para promover un auténtico desarrollo integral.
Así lo señaló el arzobispo Silvano Maria Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de la ONU en Ginebra, en su intervención, el pasado 22 de septiembre, en la XII Sesión Ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos, en la ciudad suiza.
El prelado recordó en primer lugar que la actual crisis financiera “muestra el grado de interdependencia global de las economías nacionales”.
También alertó del riesgo “de comprometer los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr los Objetivos del Milenio y otros objetivos de desarrollo en muchos países”.
En este contexto, el arzobispo subrayó la importancia de elaborar una lista de criterios sobre el derecho al desarrollo y de subcriterios necesarios que giran en torno a tres componentes principales: “el desarrollo centrado en la persona humana, un entorno que lo permita, y justicia y equidad social”.
El objetivo, de hecho, es “un desarrollo integral centrado en el ser humano que implique la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, así como la relevancia, no sólo de los resultados del desarrollo, sino también del proceso de realización del desarrollo y de su sostenibilidad”, sin olvidar “la dimensión ética y espiritual de la persona”, dijo.
Según el arzobispo, un acuerdo general sobre estos criterios podría representar “un paso fundamental” en la dirección de “una consideración sistemática de la persona humana, de sus derechos y de su dignidad, en la elaboración de políticas de desarrollo a todos los niveles”.
En el proceso de desarrollo, prosiguió el observador permanente, la persona humana no es sólo la destinataria de la ayuda, sino también “el verdadero actor”.
Los Estados, por su parte, tienen el deber de crear “individualmente y colectivamente” un entorno adecuado a la realización del derecho al desarrollo.
Por ello, “están llamados a eliminar los obstáculos al desarrollo provocados por las violaciones de los derechos humanos”.
Además, la comunidad internacional debe “apoyar el proceso del desarrollo, sobre todo en los países pobres”.
Desde este punto de vista, el principio de subsidiariedad, considerado como un elemento complementario a la solidaridad, adquiere una función relevante.
Si la solidaridad se refiere “a la movilización de los recursos financieros y humanos para el desarrollo”, la subsidiariedad “ayuda a identificar el nivel más apropiado de toma de decisiones y de intervención”
“El principio de subsidiariedad puede ser por tanto considerado un criterio transversal para la creación de un entorno que promueva el derecho al desarrollo”, explicó monseñor Tomasi.
El prelado destacó que este concepto “permite la participación de los beneficiarios de las ayudas para el desarrollo a través del uso responsable de su libertad y de su talento”.
El arzobispo también recordó que la delegación de la Santa Sede apoya la adopción de criterios de justicia y equidad social “que implican imperativos morales que impulsan a actuar para defender los derechos humanos y para una justa distribución de los beneficios del desarrollo”.
Entre estos últimos, mencionó el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el empleo.
Con ese objetivo, exhortó a promover la acción para “identificar los criterios necesarios para favorecer el derecho al desarrollo y dialogar sobre la reducción de la pobreza, la condonación de la deuda y la trasferencia de tecnología”.
“Creemos que con este trabajo se están gestando las bases para que los Estados y la comunidad internacional puedan trabajar para reducir concretamente las desigualdades económicas y sociales –concluyó-, demasiado a menudo causa de violaciones de la dignidad humana y de los derechos humanos”.