GINEBRA, jueves 24 de junio de 2010 (ZENIT.org).- Frente al elevadísimo número de mujeres que continúan muriendo de parto en el mundo, la Santa Sede pide una acción urgente para poner fin a esta plaga.
Se ha hecho portavoz de esta llamada el arzobispo Silvano M. Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de las Naciones Unidas, interviniendo el 14 de junio en la XIV Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza).
Basándose en el “compromiso y la experiencia de la Iglesia católica en la asistencia a las madres y a los neonatos”, “sobre todo a través de sus hospitales y las clínicas de maternidad y pediátricas”, el prelado expresó la “urgente preocupación” vaticana frente a este problema.
Es intolerable, afirmó, “el impresionante número de muertes maternas que continúa verificándose -que fuentes fiables estiman en 350.000 cada año- sobre todo entre las poblaciones más pobres y marginadas”.
El prelado recordó que el enfoque de la Santa Sede frente a la mortalidad materna es “holístico” porque “da prioridad a los derechos de las madres y de los niños, tanto de los ya nacidos como de los que todavía están en el vientre materno”.
“No sorprende la fuerte relación entre las estadísticas relativas a la mortalidad materna y las que se refieren a la muerte neonatal”, destacó.
Esto indica que muchas medidas dirigidas a combatir la mortalidad materna contribuyen también a reducir la infantil.
Monseñor Tomasi invitó después a no olvidar que cada año tres millones de niños mueren en los primeros siete días de vida, otros tres millones nacen muertos y 2,3 millones mueren antes del primer cumpleaños.
Medidas urgentes
Ante este panorama desolador, el representante vaticano pidió una acción urgente.
Las mejoras, reconoció, se han logrado gracias a elementos como “una mayor renta per capita, tasas de educación más altas entre las mujeres y una creciente disponibilidad de cuidados médicos básicos, incluidos asistentes al parto preparados”.
Un estudio reciente sobre mortalidad materna, recordó, ha sugerido que en África este fenómeno deplorable podría reducirse de manera significativa si las madres afectadas por el VIH tuvieran acceso a los medicamentos antiretrovirales.
Del mismo modo, “la disponibilidad de asistencia obstétrica de emergencia, incluida la asistencia pre y post-parto universal, el traslado idóneo a las estructuras médicas en caso de necesidad, asistentes al parto preparados, reservas de sangre y agua potable, antibióticos apropiados y la introducción de la edad mínima de 18 años para el matrimonio podrían beneficiar tanto a las madres como a sus hijos”.
Si la comunidad internacional quiere reducir de manera eficaz “las trágicas tasas de mortalidad materna”, señaló, “habría no sólo que hablar de la promoción del derecho a la salud y del acceso a los medicamentos, sino también poner en práctica estas intenciones”.
Esta responsabilidad, destacó, recae sobre los Estados, pero también sobre las organizaciones no gubernamentales y sobre la sociedad civil.
“Las políticas dirigidas a combatir la mortalidad materna y la infantil deben lograr un equilibrio entre los derechos de la madre y los del niño, porque ambos son portadores de derechos, el primero de los cuales es el derecho a la vida”, declaró monseñor Tomasi.
“Las clínicas para la maternidad y los hospitales promovidos por la Iglesia católica hacen exactamente esto -concluyó-: salvan la vida, tanto de la madre como del hijo, nacido o todavía por nacer”.
[Por Roberta Sciamplicotti, traducción del italiano por Patricia Navas]
