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Jun 25, 2010 00:00
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ESTRASBURGO, viernes 25 de junio de 2010 (ZENIT.org).- La Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha pedido a los Gobiernos de los países de la Unión que regulen la objeción de conciencia en el ámbito sanitario.
La comisión aprobó este lunes 21 de junio un proyecto de resolución preparado por la diputada británica Christine McCafferty por el que esta cuestión se debatirá en la sesión plenaria de la PACE de otoño, que se celebrará en Estrasburgo del 4 al 8 de octubre.
Concretamente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatirá si pide a los Gobiernos la elaboración de reglamentos que definan la objeción de conciencia en el ámbito de la salud y nieguen este derecho “en caso de urgencia”.
El proyecto se titula El acceso de las mujeres a la asistencia médica legal: el problema del uso no regulado de la objeción de conciencia.
Advierte que “la práctica de la objeción de conciencia se desarrolla en el ámbito de la asistencia sanitaria cuando los proveedores de salud rechazan garantizar ciertos servicios basándose en una objeción religiosa, moral o filosófica”.
Y ante esa realidad, considera necesario establecer “un equilibrio entre la objeción de conciencia de un individuo que rechaza cumplir un determinado acto médico”, y la responsabilidad profesional y “el derecho de cada paciente a recibir un tratamiento médico legal en el plazo apropiado”.
Por eso, el proyecto pide el “desarrollo de regulaciones comprensibles y claras que definan y regulen la objeción de conciencia respecto a los servicios sanitarios y médicos, incluidos los servicios de salud reproductiva”.
Por su parte, en España, la Asociación Nacional en Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC) advirtió que la objeción de conciencia sí está reconocida para determinados supuestos concretos, por ejemplo el aborto, en todos los países.
“No se puede decir que no esté regulada -declaró a ZENIT el coordinador general de ANDOC, José Antonio Díez-, pero regularla más no debe significar, sin embargo, limitar un derecho fundamental como la libertad ideológica y la objeción de conciencia”.
Díez también alertó de la utilización del término “proveedor de salud” para referirse al médico que utiliza el proyecto, ya que, en su opinión, “echa por tierra el sentido humano de la práctica de la medicina”.
“Un médico que tenga que estar al servicio de una determinada ideología sin poder disentir en algún momento va en detrimento también de la atención sanitaria”, advirtió.
Además, añadió, “algunos médicos tendrán que abandonar determinadas especialidades si se ven obligados a hacer algo contrario a su ciencia, como el aborto”.
Para ANDOC, todo el lenguaje que utiliza el proyecto está en la línea del de las agencias de control de la población y derechos reproductivos.
Además, Díez lamentó que “la objeción de conciencia aparezca en él como algo sospechoso” y destacó que, para los defensores del aborto, este derecho “es visto como el mayor obstáculo para implantarlo”.
Los reglamentos sugeridos
Según el proyecto aprobado en la Comisión de Salud de la PACE, las reglamentaciones que pide “deberían garantizar el derecho a la objeción de conciencia sólo a los profesionales de la salud directamente implicados en el procedimiento médico en cuestión, y no a las instituciones públicas del Estado, como los hospitales públicas y las clínicas en su conjunto”.
Además, los profesionales sanitarios deberían estar obligados a administrar al paciente “el tratamiento que desee y que tenga derecho legalmente a recibir” -a pesar de su objeción de conciencia- “ en caso de urgencia (y también cuando la salud o la vida del paciente esté amenazada) o cuando no sea posible derivar al paciente a otro agente sanitario (en particular en ausencia de un profesional equivalente a una distancia razonable)”.
Por otra parte, los médicos también deberían proporcionar información a los pacientes sobre todas las opciones de tratamiento posibles.
El Consejo de Europa -al que pertenece la PACE, de mayoría socialista- es un organismo consultivo y los Estados no están obligados a acatar sus resoluciones.
Por Patricia Navas