BRUSELAS, lunes 28 de junio de 2010 (ZENIT.org).- El presidente y los miembros de la Comisión belga para Afrontar las Denuncias por Abusos Sexuales en una Relación Pastoral han anunciado su dimisión como consecuencia del polémico registro del episcopado del 24 de junio por parte de la Justicia del país.
En esa operación, que ha suscitado la protesta de la Santa Sede y la solidaridad de Benedicto XVI al arzobispo de Bruselas, André Joseph Léonard, se sustrajeron 450 dossieres relativos a diferentes casos, y que obraban en poder de la Comisión. De este modo, se ha violado la confidencialidad exigida por las víctimas que presentaban las denuncias.
La Comisión había sido creada en el año 2000 por los obispos belgas con miembros independientes de reconocidas capacidades profesionales para responder a las denuncias de abusos sexuales en la Iglesia.
Según explica un comunicado emitido por la Comisión, el primer motivo de las dimisiones se debe a que ahora «la Comisión ya no puede materialmente trabajar» al haber perdido todos los dossieres.
Pero la segunda motivación, según explican los miembros, es más importante: «ya no se da el fundamento para la operatividad, es decir, la indispensable confianza entre la Justicia y la Comisión, necesaria para salvaguardar la confianza entre las víctimas y la Comisión».
Los miembros de la Comisión «subrayan que siempre han tratado de preservar todos los derechos de las víctimas, en particular, a través de la convención con la Justicia, publicada en su página web».
Sin este acuerdo, aseguran, «475 ciudadanos nunca hubieran tenido la confianza para entregar sus datos».
El comunicado precisa que el profesor de Psiquiatría, Peter Adriaensses, el presidente, y los miembros de la Comisión presentarán su renuncia este jueves, 1 de julio, a monseñor Guy Harpigny, obispo de Tournai», y explica que «ahora corresponde a los obispos atender a las víctimas y dar seguimiento a las denuncias».
«Los miembros de la Comisión dan las gracias a todos los que la han contactado en las últimas ocho semanas» y exigen a la Justicia belga que «garantice una estricta discreción», como se había comprometido la Comisión.
La Comisión espera que «se tomen medidas constructivas y que se dé prioridad a las peticiones de las víctimas: reconocimiento y discreción hacia las víctimas, así como las sanciones apropiadas para los autores de los hechos».
