La Santa Sede pide un esfuerzo para aumentar la confianza entre los Estados

KAMPALA, lunes 7 de junio de 2010 (ZENIT.org).- La Santa Sede pidió esfuerzos para aumentar la confianza entre los Estados y lograr un equilibrio entre la prevención de guerras de agresión y la legítima defensa, en la Conferencia para la Revisión del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI), celebrada en Kampala el pasado 1 de junio.

Durante esta Conferencia de Revisión, los Estados Partes están trabajando para adoptar una enmienda al instrumento constitutivo del TPI que reconozca el Crimen de Agresión y delimite la jurisdicción del Tribunal sobre este tipo de crímenes.

En el debate de esa Conferencia intervino el director de la delegación de la Santa Sede, el nuncio apostólico en Kenya, monseñor Alain Paul Lebeaupin.

"Al debatir esta enmienda es un imperativo que se realicen esfuerzos para equilibrar la prevención de guerras de agresión con los derechos de las naciones para legitimar su propia defensa", declaró.

Y añadió: "Este equilibrio sólo puede lograrse si el resultado de estos debates es una enmienda que verdaderamente refleja las preocupaciones y pensamientos de toda la comunidad internacional y promueve la búsqueda de la justicia en lugar de la retribución".

Monseñor Lebeaupin explicó en el debate que la enmienda en el Estatuto de Roma "busca institucionalizar, en instrumentos jurídicos internacionales, un principio que rechace la guerra como un medio para resolver controversias y sustituir la 'ley de la fuerza' por la 'fuerza de la ley'".

Recurrir a la fuerza mina la seguridad

"Esta enmienda construye sobre las trágicas lecciones aprendidas en todo el mundo de que recurrir a la fuerza, o incluso la amenaza de la fuerza, ha minado la seguridad global y personal de individuos y naciones", indicó.

En este sentido, recordó que "la Santa Sede ha sido desde hace mucho tiempo abogada contra las guerras de agresión y rechaza la lógica defectuosa de la violencia y la destrucción como factores de progreso o de avance político".

"Los Estados deben continuar trabajando en la construcción de la confianza entre sí -declaró-. Fallar en la construcción de esta confianza dará lugar en última instancia a la justicia selectiva o retribución".

Tal y como recordó el observador permanente de la Santa Sede, "hace doce años, los delegados fueron a Roma a llevar a cabo el objetivo de crear una nueva estructura legal internacional que buscaba garantizar que violaciones masivas de los derechos humanos no fueran toleradas por la comunidad internacional durante más tiempo y que los responsables de la perpetuación de tales violaciones fueran considerados responsables de sus acciones".

"Ahora, venimos a Kampala para medir la efectividad de esos esfuerzos y continuar mejorando los sistemas judiciales para garantizar que la verdadera justicia está disponible para todos en todos los rincones del planeta", continuó.

En estos trabajos destacó la importancia del concepto de justicia, indicando que "no se basa meramente en determinaciones legales o instrumentos jurídicos, sino más bien en la ley moral que reconoce la inherente dignidad de la persona humana".

"La justicia no puede limitarse a la esfera de la responsabilidad legal sino que también requiere que la sociedad trabaje de manera positiva para la creación de una sociedad más justa en todos los aspectos del orden social", añadió.

El arzobispo prosiguió señalando que "cuando se traduce en sistemas legales penales y civiles nacionales e internacionales, esta justicia requiere que los organismos legales y jurídicos apliquen reglas e instituciones que busquen hacer realidad esos principios de una manera que respeten la verdad moral objetiva y coloquen a la persona humana en el centro de la toma de decisiones".

"En este sentido, el Estatuto de Roma realizó una importante contribución para el respeto de la persona humana -afirmó- reconociendo que los derechos humanos no están limitados por fronteras nacionales, posturas políticas, creencias religiosas o patrimonio cultural, sino que son inherentes a toda persona humana".

En opinión de la Santa Sede, "la promesa del Estatuto de Roma reside en última instancia en su habilidad para refinar aún más el derecho de las naciones (ius gentium) en el que las normas reconocidas universalmente son superiores a las leyes de los Estados y que exige rendir cuentas ante toda la comunidad global".

El arzobispo destacó también que "los sistemas locales nacionales deben ser la principal fuente para tener individuos responsables".

"Al hacerlo así -explicó-, reconocemos que la subsidiariedad ayuda a restaurar las comunidades locales pero también fomenta la confianza entre los Estados así como los gobiernos nacionales mantienen la responsabilidad de sostener la rendición de cuentas de los perpetradores".

Paz y justicia

El representante de la Santa Sede aprovechó la ocasión para reiterar que "la paz no sólo es posible sino que la paz es un derecho que debe construirse sobre los pilares de la verdad, la justicia, el amor y la libertad.

También señaló que "la paz y la justicia no están en contradicción entre sí, sino más bien la justicia es un cimiento para la paz y las leyes justas proporcionan medios para estimular una mayor justicia".

Monseñor Lebeaupin afirmó que "la Santa Sede continúa pidiendo a todos los individuos de la sociedad que sean constructores de paz y trabajen por la justicia".

"Estos esfuerzos se centran en la verdad de que toda persona humana tiene una dignidad inherente y valiosa que debe ser respetada independientemente de las distinciones raciales, étnicas, religiosas, políticas o sociales", explicó.

Y concluyó: "La Santa Sede considera que, a través de la enseñanza de la paz y la justicia, las instituciones educativas pueden desempeñar una importante función en el fomento de una situación social que ve nuestros vecinos no como forasteros de los que desconfiar y a los que injuriar, sino como hermanos y hermanas que respetar y amar".