SAN JOSÉ, martes, 7 septiembre 2010 (ZENIT.org).- Los obispos de Costa Rica hicieron público este lunes un mensaje, dirigido a los diputados del Congreso de la República, ante el hecho, afirman, de que, «en los últimos meses, ha cobrado vigencia el debate social en torno al otorgamiento de algún estatus social y jurídico a las uniones entre personas homosexuales».
En el mensaje, firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Barrantes Ureña, arzobispo de San José, los obispos ofrecen «algunas consideraciones orientadas a la protección de la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, y a la promoción y defensa del bien común de la sociedad, de la cual, esta institución es parte constitutiva; todo ello, en el marco del respeto de los derechos humanos».
«Como Iglesia –afirman los obispos–, vemos en el matrimonio, base esencial de la familia, un valor importantísimo, que tiene que ser defendido de toda amenaza que ponga en peligro su solidez. El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza particular, de propiedades esenciales y de finalidades innegables».
Este hecho, antes que nada, añaden, les ha llevado a oponerse «reiteradamente, a los distintos proyectos que, abierta o soslayadamente, pretendan equiparar las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual pues, la legalización de estas, deforma la percepción de los valores morales fundamentales y menoscaba la institución matrimonial, como tal».
Consecuentemente, subrayan, «la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad y del Estado, debe recibir la máxima protección posible de éstos, especialmente en el momento de su constitución, y durante todo el proceso del cuidado y educación de los hijos».
Recuerdan que «constituye una obligación básica del Estado -vinculante para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, la protección jurídica de la naturaleza intrínseca de la institución familiar, esto es, la promoción de los valores propios del auténtico matrimonio y de la fecundidad de nuevas vidas, necesitadas de una sana educación y de un contexto legislativo basado en el respeto de la ley natural».
«Al poner la unión entre personas del mismo sexo en igualdad de condiciones jurídicas al del matrimonio o la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes», aseguran.
Subrayan que la persona humana «creada a imagen de Dios, es digna de todo respeto». Por ello afirman que «los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y evitar, respecto a ellos, toda real discriminación».
No obstante, explican, «la Iglesia distingue entre el respeto a toda persona, independientemente, de su orientación sexual, y el rechazo de las prácticas homosexuales, como acto objetivamente contrario al plan de Dios para el ser humano».
Constatan que, «a favor de este tipo de iniciativas, comúnmente, se invocan argumentos como el principio de respeto y la no-discriminación de las personas» y que la ley «no impone ningún comportamiento en particular, sino que se limita a hacer legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia hacia nadie».
En este sentido, los obispos exhortan a reflexionar «sobre la diferencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones protegidas y promovidas por el ordenamiento jurídico».
Recuerdan también que el principio de igualdad, contenido en la Constitución, «no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación».
Subrayan los obispos que, aunque, recientemente, se han dado a conocer diferentes encuestas en las que «la inmensa mayoría de los costarricenses muestran su oposición al reconocimiento legal de las uniones homosexuales», «las organizaciones gay-lésbicas, que se perfilan como un verdadero movimiento político (lobby gay), siguen promoviendo, con el apoyo de algunos medios de comunicación, y de algunos miembros de partidos políticos, diversas iniciativas en aras del reconocimiento legal de las uniones entre homosexuales tales como el Proyecto de Ley de la Unión Civil entre personas del mismo sexo, o el proyecto de ley de Sociedades de Convivencia».
Los prelados afirman que «es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones entre personas homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos».
En realidad, aseguran, «como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco».
«Por el contrario –añaden–, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social».
Concluyen instando a los miembros del Congreso, «en particular a quienes afianzan su fe en Cristo», «a consagrarse con sinceridad, rectitud, con caridad y fortaleza a la misión a ustedes confiada por el Pueblo, a saber, legislar sobre la base de los principios éticos y en beneficio del bien común».
Por Nieves San Martín
