ALICANTE, lunes 4 de julio de 2011 (ZENIT.org).- El obispo de la diócesis española de Orihuela-Alicante, monseñor Rafael Palmero, ha hecho pública una carta pastoral sobre el anteproyecto de “Ley reguladora de los derechos de las personas ante el proceso final de la vida”, que pretende llevar adelante el Gobierno.
El obispo cita al papa Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi: “La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión aque el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana” (n. 38).
“El problema del sufrimiento tiene, como se ve – afirma el prelado –,componentes individuales y sociales. En el plano individual atañe al que sufre y a todos los relacionados con él mediante vínculos de sangre, afectivos, profesionales o de otro tipo. La sociedad se ve también interpelada por el sufrimiento. De su adecuada respuesta a este reto depende en buena parte su grandeza”.
Monseñor Palmero afirma en su mensaje que, “aunque la intención sea laudable, una ley no zanja necesariamente un problema. Esperar de las esferas legislativas o judiciales la solución a un problema asistencial puede acabar volviéndose en contra de los pacientes a los que pretende beneficiar”.
Subraya como significativo que en el texto del anteproyecto se omita el término “muerte digna”, “por su utilización recurrente como sinónimo de muerte inducida entre los partidarios de la eutanasia”.
Sin embargo, afirma no logran ocultar sus propósitos, y señala algunos párrafos de la norma: “la muerte digna no es sólo una muerte sin dolor […]. La dignidad está indisolublemente unida a la autonomía individual, que no será plena hasta que no se reconozca el derecho a decidir cuándo nuestra vida deja de ser un bien deseable.” “[…] Estos cuidados (los cuidados paliativos) nunca serán una alternativa a la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido…” .
“Completando lo que puede sonar a manipulación terminológica, se ha empezado a designar eufemísticamente lo relacionado con la eutanasia y el suicidio asistido como derechos de salida”, denuncia el obispo.
Recuerda que en la exposición de motivos del texto se dice explícitamente que “el proceso final de la vida, concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente doloroso” sería también “lesivo de la dignidad de quien lo padece”. “Una afirmación que no sólo resulta antropológicamente inaceptable, sino también posiblemente contraria a la Constitución”, subraya el prelado.
En segundo lugar, monseñor Palmero indica que el proyecto señala una especie de derecho universal a la sedación.“El proyecto establece que ‘todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a recibir la atención idónea integral que prevenga y alivie el dolor y sus manifestaciones, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación’ (art. 11.1)”, subraya.
Sobre esta cuestión el obispo recuerda que “el ciudadano no tiene derecho a todo lo no prohibido. Tener derecho no es simplemente disfrutar de un ámbito de actuar lícito (agere licere) sino estar en condiciones de recurrir al ordenamiento jurídico en apoyo y garantía de las propias pretensiones. No basta para ello con una mera no prohibición sino que resulta exigible un título jurídico específico”.
En la exposición de motivos, se recoge el fundamento jurídico de lo afirmado en el art. 11,1: la “libre autonomía de la voluntad”, la cual podría entenderse totalmente desvinculada de la verdad y del bien objetivo de la persona.
“En este supuesto –explica el pastor de Orihuela-Alicante – la bondad o maldad de una acción dependería de la libre voluntad del sujeto y en consecuencia el principio de autonomía anularía el principio de beneficencia”.
Y añade: “Afirmar la libre autonomía de la voluntad del paciente podría obligar a los profesionales de la sanidad a aceptar criterios de actuación ajenos a la ética profesional, por ejemplo retirar la alimentación y la hidratación del paciente o atender peticiones de eutanasia si el paciente libremente lo pide. En este caso el médico es desposeído de toda responsabilidad de sus actos y queda despenalizada la mala praxis”.
Sobre la sedación paliativa, aclara “que una cosa es el derecho al tratamiento del dolor y otra el ‘supuesto derecho’ a un tratamiento particular. La sedación paliativa (cfr. Art. 11.2.c) es un tratamiento concreto y definido que no puede considerarse derecho del paciente sino indicación médico-ética; es el médico quien propone al paciente la opción del tratamiento que es conforme a su cuadro sintomático y no al revés” .
Por tanto, la sedación paliativa “habrá de ser siempre el último recurso de una terapéutica adecuada; deberá estar médicamente indicada actualmente para cada caso particular; y la indicación habrá de ser revisada y justificada periódicamente. Deberá contar con el consentimiento informado del paciente, lo más actualizado posible. Para aplicar la sedación paliativa de forma permanente e irreversible, la justificación médica y ética deberá ser mucho más estricta y quedar restringida a la fase de la agonía”.
Según el prelado, el anteproyecto de ley es un paso más hacia la despenalización de la eutanasia. La eutanasia “no es una cuestión que atañe sólo a los afectados. La prohibición tiene sus fines sociales; proteger a todos los enfermos de la sociedad; proteger la integridad moral de la profesión médica; proteger a las personas vulnerables a los abusos, negligencias, errores y evitar la derivación hacia formas de eutanasia no solicitadas”.
Legalizar la eutanasia, afirma el obispo, “es una declaración de derrota social. Vendría a decir que, como no podemos ayudarnos mutuamente, como cada uno va a lo suyo y no dedica su tiempo a los demás, el Estado se encarga, pero no cubriendo esta carencia de atención, sino ahorrándose la solución del problema con una inyección letal”, afirma.
“Por contra, los equipos de cuidados paliativos facilitan la presencia del paciente en su domicilio, aportando un beneficio emocional indudable y realzando su dignidad de persona, merecedora de cariño y atención hasta el último momento de su vida. También los que le rodean tienen así ocasión de reflexionar sobre realidades cotidianas como son la enfermedad o la muerte”, añade.
En resumen, “la verdadera humanización de la muerte viene de la mano de la alianza terapéutica entre el enfermo y el equipo asistencial, buscando un adecuado alivio no sólo de los síntomas físicos sino también de los factores que ocasionan todo tipo de sufrimiento, en la que nunca interviene el pacto de una muerte intencionada”.
Según el prelado, “los poderes públicos han de limitarse a ejercer su función subsidiaria de apoyo, facilitando recursos y promoviendo políticas de protección, nunca de desamparo”.
Y concluye monseñor Palmero que la dignidad genuina “es la de los que asumen, cada día, sin ruido machacón, las limitaciones de su existencia, y la de los que optan por acompañarles en su camino”.
