ROMA, jueves 21 de julio de 2011 (ZENIT.org).- “Es justo pedir más severidad, pero el secreto de confesión no se toca”, afirmó hoy jueves en Viena Massimo Introvigne, representante de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) para la lucha contra la discriminación de los cristianos.
El sociólogo italiano intervino así en el tema de la crisis diplomática entre Irlanda y la Santa Sede tras la publicación del informe sobre abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de la diócesis de Cloyne, con amenaza de ruptura de las relaciones diplomáticas y un proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a los sacerdotes a informar sobre abusos sexuales de menores, incluso si se saben en confesión.
Durante un debate parlamentario ayer sobre el Informe Cloyne, el primer ministro irlandés Enda Kenny atacó duramente al Vaticano, acusándolo de no haber tomado las medidas adecuadas para detener los abusos sexuales de sacerdotes católicos sobre menores.
Kenny citó el informe, publicado la semana pasada por la Comisión “Murphy”, del que se desprende que monseñor John Magee, obispo de Cloyne que dimitió en 2010, ignoró las directrices sobre las normas de protección infantil de 1996 elaboradas por la Conferencia Episcopal irlandesa, al no informar sobre al menos 9 de 15 denuncias relativas a abusos sexuales, incluso de hace tres años.
Al respecto, los ministros de Interior, Alan Shatter, y de infancia, Frances Fitzgerald, propusieron una ley que establezca la obligación de denunciar los casos de abusos sexuales a menores, y que obligaría a un sacerdote católico a violar el secreto de confesión en el caso de que el penitente revelase un crimen de este tipo.
«Se comprenden las razones de Irlanda, un país que se enorgullece de sus más de mil años de amistad con la Santa Sede y que está turbado por quienes el mismo definió, en su carta de 2010 a los católicos irlandeses, ‘actos pecaminosos y criminales’”, declaró Introvigne.
Sin embargo, la solución pasa por no romper el diálogo. “Un diálogo diplomático – explicó – que debe al mismo tiempo, ayudar a evitar remedios – como los ataques al secreto de confesión – peores que los males que quisieran curar».
«Ni siquiera los peores gobiernos totalitarios han osado nunca atacar el secreto de confesión; incluso, en una época en que el anticatolicismo protestante influenciaba fuertemente la vida política de EE.UU., el Tribunal Supremo de Washington declaró muchas veces que violar el sagrario del confesionario católico habría destruido la noción misma de libertad religiosa”.
“Como algunos sacerdotes irlandeses han declarado ya, si verdaderamente esta ley se aprobase, y son interrogados sobre el contenido de las confesiones, no les quedará más que callar e ir a prisión, pues para la Iglesia, el secreto de confesión es una obligación gravísima e irrenunciable”.
El político europeo auguró que “el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos constate la evidente violación de la libertad religiosa, o mejor aún, que pasada la emoción de estos días, el Parlamento irlandés no tome siquiera en consideración la aprobación de la ley”.
“Hay ciertamente otras formas de reaccionar a una crisis cuya gravedad sería equivocado negar”, concluyó Introvigne, augurando “una colaboración más incisiva entre las autoridades civiles y religiosas para reprimir los abusos, y el franco reconocimiento del episcopado irlandés de los errores cometidos en el pasado”.
