Los impulsores de un referendo para derogar la ley de aborto en Uruguay presentaron, el jueves 21 de marzo, 67.816 firmas ante la Corte Electoral para que esta convoque a la población a decidir si la ley sigue vigente o es derogada.
“Estamos muy satisfechos y agradecidos con los que creyeron en este camino para que la decisión del Parlamento sea sometida al veredicto popular”, dijo el diputado Pablo Abdala, impulsor de la propuesta.
Se necesita que el 2% del padrón electoral (unas 52.000 firmas) esté de acuerdo para iniciar el proceso de consulta popular. Los impulsores del referéndum superaron esa cifra para “evitar sorpresas”. En caso de que la Corte avale que se alcanzó el número necesario deberá convocar al referendo en un plazo de 90 días.
Los uruguayos no estarían obligados a votar, pero sería necesario que al menos el 25% de los empadronados respaldara la petición del referendo.
Si se consigue ese apoyo, los uruguayos deberán decidir, en ese caso con voto obligatorio, sobre el mantenimiento o derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como ley del aborto, en un plazo de cuatro meses.
“Estamos satisfechos y agradecidos con todos los que nos ayudaron, también reconocer a todos los ciudadanos que firmaron”, indicó Abdala y explicó que el objetivo es que “la decisión del Parlamento sea sometida al veredicto popular”.
Se busca impulsar “un debate profundo sobre la legislación en torno al aborto, reflexionar sobre si esta ley es el mejor camino y lo que se merecen las mujeres uruguayas”, agregando que “la discusión (en el Parlamento) no debió agotarse” en un lapso tan rápido.
También dijo que espera que el presidente José Mujica, quien se pronunció en favor del referendo, aunque no firmó, “sea coherente con lo que dijo y llame a que el pueblo uruguayo participe y acuda a las urnas”.
Uruguay se convirtió en el cuarto país de Iberoamérica en despenalizar el aborto en octubre pasado, luego de que Cuba, Guyana y Puerto Rico hicieran lo mismo. La ley comenzó a aplicarse en diciembre. La nueva legislación, que dividió a partidos políticos y organizaciones civiles, no legaliza técnicamente el aborto sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Las uruguayas y las extranjeras con al menos un año de residencia en el país pueden solicitar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre
