Por: Rafael Manuel Tovar
(ZENIT Noticias / Managua, 13.07.2023).- LapPolicía interroga a los vecinos sobre las actividades que una congregación religiosa hace en el barrio cerca de Managua, cuyos nombres omitimos para garantizar su seguridad. «Las preguntas que hacen siempre son: ¿Qué actividades han hecho? ¿Ustedes saben de qué hablan? ¿A ustedes les han invitado? ¿Cuánto tiempo duran las actividades? ¿De dónde son las personas que entran aquí? ¿Son del barrio? ¿Son de afuera? ¿Vienen en carro, en moto o a pie?».
La misma congregación de religiosos católicos reunió a sus miembros en Managua para decidir su futuro en el país. Decidieron que todos los extranjeros debían dejar Nicaragua y permanecerán solo los nicaragüenses dispuestos, «número uno, a vivir prudentemente y, dos, a afrontar la cárcel».
Durante la entrevista, dos patrullas de policías vigilaban la casa. Tomaron fotos e hicieron videos. Igual han hecho en la parroquia donde el Sacerdote celebra misa. «El nivel de control y de vigilancia que tienen es cada vez más intenso. Desde el 2018, nosotros no habíamos recibido ninguna visita de la policía, ni a la parroquia que nosotros tenemos. Y, desde el 2021 para acá, yo le tengo que decir que es cada vez más frecuente las dos camionetas de la policía parqueadas afuera, tanto de la parroquia como de nuestra casa».
Otro sacerdote católico de una iglesia cercana a Managua recibió la visita de dos policías, los cuales reprodujeron una grabación de una homilía, avisando que «este tipo de cosas son peligrosas». Y comentó: «Tratamos de explicar que esto es solo una oración normal, nada que ver con la política. Ya tienen pruebas contra nosotros que ellos pueden manipular a su antojo».
«El año pasado, en agosto, ellos pidieron entrar a la casa sin ningún tipo de orden, sin nada. Simplemente tocaron la puerta y preguntaron si podían pasar. Vinieron seis policías de los que están vestidos de negro y entraron a la casa. Funcionó exactamente igual a un allanamiento, pero no era un allanamiento porque no había ninguna orden. Nosotros les atendimos muy amablemente porque no estábamos en posición de reclamar absolutamente nada». Una visita similar sucedió simultáneamente en varias congregaciones y residencias de religiosos.
En otra parroquia de la región de Managua, las patrullas cortaron la energía eléctrica de la iglesia y de la casa cural. Además, revisaron la computadora y el teléfono celular del sacerdote. Los policías justificaron la acción porque «estaban recibiendo información de que el sacerdote estaba haciendo algunas actividades que podían poner en peligro a los vecinos y que algunos se sentían atemorizados por algunas de las actividades».
Los sacerdotes refieren el acoso fuerte por la policía y por los informantes civiles contra los representantes de la iglesia. Han llegado a dar palizas, arrestos y expulsiones de clérigos y religiosas, además de las incautaciones de propiedades. Cuando la agencia Reuters presentó algunas preguntas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua sobre estos hechos, no recibió respuestas.
Un diplomático con sede en Managua, que informó bajo condición de anonimato, manifestó que, además de su preocupación por la represión que posiblemente continuará, ha escuchado testimonios creíbles sobre el aumento de las expulsiones de órdenes religiosas y del espionaje por los policías al clero.
El párroco a quien la policía advirtió sobre sus actividades refirió que algunos informantes graban las misas en videos o audios. Esta labor de espionaje del régimen busca criminalizar el ejercicio religioso, manipulando las pruebas.
«Hay personas que nos dicen: “Padre, me mandaron a tomar fotos y a compartir lo que usted está diciendo dentro de la misa. Perdóneme, yo realmente no quiero hacer esto, pero ellos me están mandando”. Y nosotros les decimos: “Muchas gracias por avisarnos. Muchas gracias, por decirlo. Usted haga lo que le han pedido, nosotros vamos a tener los cuidados necesarios”».
«Fuera de nuestros templos, nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad de que podemos profesar nuestra fe de ninguna manera. Es algo que ha cambiado mucho, porque antes nosotros teníamos toda la libertad de hacer procesiones, de estar fuera del templo, de visitar enfermos y de llevar bolsas de comida. Nada de eso se nos está permitido en este momento». El sacerdote explicó que organizó un paseo con jóvenes de la comunidad y no se pudo realizar porque la jefatura de Tránsito de la Policía negó el permiso al bus «porque era una actividad de la iglesia».
Martha Patricia Molina, investigadora y abogada nicaragüense exiliada en Texas, Estados Unidos, informa que cuatro sacerdotes han sido expulsados, otros seis han huido del país y a dos se les ha negado el reingreso a Nicaragua en lo que va del año. Recordó al grupo de monjas brasileñas de la diócesis de León que fue obligado a abandonar el país en junio.
La vigilancia a los sacerdotes durante los servicios de la iglesia por la policía o miembros civiles de los consejos comunitarios, patrocinados por el Gobierno, han aumentado desde Semana Santa. Algunos expresan que sus llamadas telefónicas son posiblemente escuchadas, pero no disponen de pruebas para asegurarlo.
Un sacerdote que reside fuera de Nicaragua declaró que «mi mamá me comentó ayer que la policía llegó a la zona de mi casa. Les obligaron a todos a entregar sus números de teléfonos: entonces es una cuestión a voces también que los teléfonos de muchas personas están intervenidos».
Las acciones de Ortega contra la iglesia comenzaron hace cinco años, después que los líderes católicos no apoyaran al Gobierno Sandinista ante las protestas masivas contra los recortes de presupuesto a la pensión por vejez. 356 civiles murieron en las protestas según la comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
