MADRID, miércoles 18 enero 2012 (ZENIT.org).- Ante la reunión del nuevo ministro de Educación de España José Ignacio Wert con los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas, los padres objetores de conciencia, representados por la asociación Profesionales por la Ética, piden una reforma urgente que sustituya la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, considerada un instrumento de indoctrinación ideológica, por otra cuyo contenido esté basado en los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas.
La Ley de Calidad de la Educación (LOE) de 2006, afirma la asociación Profesionales por la Ética, pasará a la historia “por haber provocado la inacabada polémica por la imposición del conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía (EpC)”.
En vísperas de la primera cumbre educativa que celebrará este jueves el nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, con los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas para diseñar las grandes líneas de la reforma educativa, Profesionales por la Ética recuerda cuatro motivos por los que urge derogar la EpC.
En primer lugar, afirma esta asociación, “Frente a la imposición de estas materias se han presentado más de 54.000 objeciones de conciencia y abierto casi tres mil procesos judiciales; todavía se encuentra pendiente de decisión la demanda (presentada por casi cuatrocientos padres) en Estrasburgo y los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional”.
El conflicto –añade la asociación- demuestra que la EpC, tal y como ha sido desarrollada en España, “pretende conformar la mentalidad y las conductas de los menores según una moral de Estado que no es neutral. La formación de la ética personal, la reconstrucción de los valores, la construcción de una conciencia moral, la transmisión de una ética común y la ideología de género constituyen el núcleo de este conjunto de asignaturas”.
Profesionales por la Ética recuerda que el Partido Popular, ganador de las recientes elecciones y hoy en el gobierno, “se comprometió en su programa electoral a sustituir EpC por otra asignatura cuyo contenido esté basado en los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas”.
Por último, la asociación afirma que “en una sociedad democrática y pluralista al Estado le corresponde un papel de neutralidad. Los únicos principios éticos exigibles a los ciudadanos desde los poderes públicos son aquellos que están representados por la Constitución, en cuanto ley suprema que establece las bases ineludibles de convivencia en una comunidad política”.
Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, el nuevo gobierno tiene ante sí “el gran reto de devolver la responsabilidad de la educación a la sociedad”.
“El Estado –asegura–, puede intervenir en la educación para poner los medios para que la instrucción esté al alcance de todos, con criterios de equidad, y asegurar unos niveles de calidad adecuados en el sistema educativo pero no conformar la ética de las personas conforme a la ideología del Gobierno de turno”.
La libertad de educación en España, en opinión de Urcelay, es una asignatura pendiente en la que es necesario avanzar.
Para saber más: www.profesionalesetica.org.
