GINEBRA, miércoles 23 de junio 2010 (ZENIT.org).- Supone una incoherencia proteger por ley a los seres vivos mientras se permiten patentar y comerciar sin trabas éticos con material genético y microbiológico.
Monseñor Silvano M. Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de Naciones Unidas e Instituciones Especializadas a Ginebra, intervino sobre este tema en la reunión sobre derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, el pasado 8 de junio.
En su intervención, publicada el pasado sábado 19 en L’Osservatore Romano, el prelado señaló que la legislación comercial actual permite “excluir de la patentabilidad plantas y animales, pero no microorganismos”; permite “excluir los procesos biológicos que son esenciales para la producción de plantas y animales, pero no los microbiológicos”.
“Las patentes de las formas de vida podría servir a veces como instrumento para sostener ciertas biotecnolologías, problemáticas desde el punto de vista ético y desde un punto de vista de un sistema de propiedad intelectual que favorezca el desarrollo”.
Monseñor Tomasi recordó especialmente el artículo 4 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, afirma que el material genético humano “en su estado natural no puede dar lugar a beneficio”, así como el artículo 21 de la Convención del Consejo de Europa y otras declaraciones en el mismo sentido.
Un mero control comercial de las patentes sobre la vida, advierte el prelado, “podrían influenciar tanto la seguridad alimentaria como las perspectivas de desarrollo de los países pobres”, al implantarse “monopolios privados” sobre estos recursos.
Además, insistió en la preocupación que despiertan este tipo de patentes, tanto a nivel económico como medioambiental y, sobre todo, ético.
Las patentes sobre la vida tendrán “un impacto negativo sobre los derchos del consumidor, sobre la conservación de la biodiversidad, sobre la tutela del medio ambiente, sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la libertad científica y académica y, en definitiva, sobre el desarrollo económico de muchos países”.
Además, chocan con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la ONU adoptó en 2007, y que en su artículo 31 reconoce a éstos, entre otros, el derecho a la tutela de sus recursos ambientales y genéticos.
También se refirió a la preocupación, expresada también por la Asamblea Especial del Sínodo para África, sobre las semillas genéticamente modificadas: “una aplicación ilimitada de los procedimientos patentatorios sobre los desarrollos biológicos, científicos y técnicos, podría ser dañina para los métodos de investigación y producción”, especialmente en los países pobres, al “concentrar” la propiedad de las semillas.
“La comunidad internacional debería prestar la debida atención a las preocupaciones por la concentración de tecnología y de recursos para la producción alimentaria en las manos de un pequeño grupo de entidades y sociedades guiadas exclusivamente por objetivos comerciales”, advirtió.
El prelado concluyó señalando que el objetivo principal de la comunidad internacional “debería ser el de promover el bien común”. Además, “las reglas y las negociaciones del comercio internacional deberían mirar al bien de todos, especialmente de los pobres y vulnerables”.
[Por Inma Álvarez]
