KAMPALA, lunes 7 de junio de 2010 (ZENIT.org).- Ofrecemos a continuación la declaración del nuncio apostólico en Kenya, monseñor Alain Paul Lebeaupin, director de la delegación de la Santa Sede ante el debate general de la Conferencia para la Revisión del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, celebrada en Kampala el pasado 1 de junio.
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Señor Presidente,
Mi delegación querría unirse a los que agradecen al gobierno de Uganda por su hospitalidad y su disposición para acoger este importante encuentro para revisar el Estatuto de Roma.
Hace doce años, los delegados fueron a Roma a llevar a cabo el objetivo de crear una nueva estructura legal internacional que buscaba garantizar que violaciones masivas de los derechos humanos no fueran toleradas por la comunidad internacional durante más tiempo y que los responsables de la perpetuación de tales violaciones fueran considerados responsables de sus acciones.
Ahora, venimos a Kampala para medir la efectividad de esos esfuerzos y continuar mejorando los sistemas judiciales para garantizar que la verdadera justicia está disponible para todos en todos los rincones del planeta.
En el corazón de este ejercicio se encuentra la necesidad de entender plenamente lo que significa lo que llamamos “justicia”. Justicia es la virtud que reconoce la necesidad de las personas de dar lo debido a Dios y a los demás y pide que cada persona respete los derechos de los demás y establezca en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común1. Esta justicia no se basa meramente en determinaciones legales o instrumentos jurídicos, sino más bien en la ley moral que reconoce la inherente dignidad de la persona humana.
Esta justicia reconoce varias formas: la justicia conmutativa, que regula los intercambios entre personas y entre instituciones con estricta adherencia a sus derechos; la justicia distributiva, que determina lo que la comunidad debe a sus ciudadanos en proporción a sus necesidades y contribuciones; la justicia legal, que determina lo que un ciudadano debe a la comunidad, y la justicia social, que tiene en cuenta las preocupaciones sociales, políticas y económicas así como sus correspondientes dimensiones estructurales en la sociedad2. Reconociendo que el trabajo por la justicia requiere acciones en varias áreas, reconocemos que la justicia no puede limitarse a la esfera de la responsabilidad legal sino que también requiere que la sociedad trabaje de manera positiva para la creación de una sociedad más justa en todos los aspectos del orden social.
Cuando se traduce a sistemas legales penales y civiles nacionales e internacionales, esta justicia requiere que los organismos legales y jurídicos apliquen reglas e instituciones que busquen hacer realidad esos principios de una manera que respeten la verdad moral objetiva y coloquen a la persona humana en el centro de la toma de decisiones. En este sentido, el Estatuto de Roma realizó una importante contribución para el respeto de la persona humana reconociendo que los derechos humanos no están limitados por fronteras nacionales, posturas políticas, creencias religiosas o patrimonio cultural, sino que son inherentes a toda persona humana.
Señor Presidente,
La promesa del Estatuto de Roma reside en última instancia en su habilidad para refinar aún más el derecho de las naciones (ius gentium) en el que las normas reconocidas universalmente son superiores a las leyes de los Estados y que exige rendir cuentas ante toda la comunidad global. Sin embargo, para que esta promesa pueda traer frutos, los Estados deben continuar trabajando en la construcción de la confianza entre sí. Fallar en la construcción de esta confianza dará lugar en última instancia a la justicia selectiva o retribución. Para construir esta confianza, los Estados deben respetar la norma de que los acuerdos deben mantenerse (pacta sunt servanda), así como el incumplimiento de los compromisos conduce a una mayor desconfianza entre los Estados por la escalada de la culpa y la fricción, que en última instancia socava la paz global y la seguridad.
Además, el respeto al principio de subsidiariedad permite a los Estados y comunidades tomar medidas en la rendición de cuentas, y a las víctimas y comunidades afectadas, participar en el proceso judicial para enfrentar los daños causados por masivas violaciones de los derechos humanos, que fomenten la restauración y amplíen la paz a largo plazo. De esta manera, esta noción está dirigida bajo el concepto de complementariedad, que reconoce que los sistemas locales nacionales deben ser la principal fuente para tener individuos responsables. Al hacerlo así, reconocemos que la subsidiariedad ayuda a restaurar las comunidades locales pero también fomenta la confianza entre los Estados así como los gobiernos nacionales mantienen la responsabilidad de sostener la rendición de cuentas de los perpetradores.
Durante esta Conferencia de Revisión, los Estados Partes están trabajando para adoptar una enmienda que reconozca el Crimen de Agresión y delimite la jurisdicción del Tribunal sobre este tipo de crímenes. Este enmendado busca institucionalizar, en instrumentos jurídicos internacionales, un principio que rechace la guerra como un medio para resolver controversias y sustituir la ley de la fuerza por la fuerza de la ley. Aprendiendo de la mejor tradición de pueblos y naciones comprometidos en el debate pacífico y en la creación de acuerdos, esta enmienda construye sobre las trágicas lecciones aprendidas en todo el mundo de que recurrir a la fuerza, o incluso la amenaza de la fuerza, ha minado la seguridad global y personal de individuos y naciones. Con este fin, la Santa Sede ha sido desde hace mucho tiempo abogada contra las guerras de agresión y rechaza la lógica defectuosa de la violencia y la destrucción como factores de progreso o de avance político.
Al debatir esta enmienda es un imperativo que se realicen esfuerzos para equilibrar la prevención de guerras de agresión con los derechos de las naciones para legitimar su propia defensa. Este equilibrio sólo puede lograrse si el resultado de estos debates es una enmienda que verdaderamente refleje las preocupaciones y pensamientos de toda la comunidad internacional y promueva la búsqueda de la justicia en lugar de la retribución. Los esfuerzos para crear mecanismos de jurisdicción que estén regidos por el voto político de las mayorías reemplazarían la fuerza militar por la política y perjudicarían en última instancia la confianza entre naciones y minarían la paz a largo plazo y la viabilidad a largo plazo de organismos legales multilaterales. Por tanto, estos debates deben sopesar estas preocupaciones urgentes y garantizar que estos debates no están motivados por un deseo de buscar mayor influencia política o militar sino por un genuino deseo de promover una justicia que proteja los derechos humanos y fomente una mayor confianza entre las naciones.
Señor Presidente,
Así como los esfuerzos durante estos encuentros para adoptar y ultimar las enmiendas al Estatuto de Roma son importantes, igual de importante es la necesidad de hacer un balance del trabajo que se ha realizado desde la adopción del Estatuto de Roma, especialmente en la promoción de la paz y la justicia.
La Santa Sede ha declarado sistemáticamente que la paz no sólo es posible sino que la paz es un derecho que debe construirse sobre los pilares de la verdad, la justicia, el amor y la libertad. La ley favorece la paz y, así, ambas están intrínsecamente unidas. De esta manera la paz y la justicia no están en contradicción entre sí, sino más bien la justicia es un cimiento para la paz y las leyes justas proporcionan medios para estimular una mayor justicia. En este contexto, la justicia no debe limitarse únicamente al ámbito de la “justicia legal” sino que debe también
abordar la necesidad de una justicia conmutativa, distributiva y social.
Por su parte, la Santa Sede continúa pidiendo a todos los individuos de la sociedad que sean constructores de paz y trabajen por la justicia. Estos esfuerzos se centran en la verdad de que toda persona humana tiene una dignidad inherente y valiosa que debe ser respetada independientemente de las distinciones raciales, étnicas, religiosas, políticas o sociales. La Santa Sede considera que, a través de la enseñanza de la paz y la justicia, las instituciones educativas pueden desempeñar una importante función en el fomento de una situación social que ve nuestros vecinos no como forasteros de los que desconfiar y a los que injuriar, sino como hermanos y hermanas que respetar y amar.
Señor Presidente,
La Santa Sede da la bienvenida a esta conferencia y espera que en última instancia sirva para promocionar el respeto a la justicia internacional, proporcione un mayor reconocimiento de los derechos humanos y promueva una mayor confianza entre poblaciones y Estados.
Gracias, Señor Presidente.
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1 Catecismo de la Iglesia Católica, 1807.
2 Ibid. 2411.
[Traducción del original inglés por Patricia Navas]
