CÓRDOBA, miércoles, 23 enero 2008 (ZENIT.org).- Los obispos del Sur de España acaban de celebrar su última Asamblea ordinaria en la Casa de Espiritualidad de San Antonio, Córdoba, los días 22 y 23 enero. Entre otros temas pastorales, una de las cuestiones que ha marcado la Asamblea ha sido la situación actual de Andalucía ante las próximas elecciones generales y autonómicas.
A este propósito, los obispos han elaborado unas «Orientaciones Pastorales», fechadas hoy 23 de enero. La convocatoria para el próximo 9 de marzo de elecciones generales, y al mismo tiempo de elecciones autonómicas en Andalucía, es, afirman los obispos «una ocasión de preguntarnos todos serenamente por el tipo de comunidad humana y política que queremos para nosotros y para el futuro».
Los obispos del Sur de España piden «a la comunidad católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad» a sentirse «más protagonistas de la sociedad en que vivimos, y a emitir el voto en conciencia y con sentido de responsabilidad».
Aunque la Iglesia, afirman, estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública, «sabe también que ellos son particularmente responsables, ante Dios y ante los hombres, no sólo de la honradez de su gestión, sino también de unas políticas que favorezcan o dificulten una vida humana mejor, más libre, y más capaz de orientarse libremente hacia la verdad y hacia el bien».
En este sentido, señalan que «los inmensos medios que el poder pone hoy en manos de los responsables políticos» hace que la tentación de manipular a la sociedad, «sea una tentación muy fuerte, a la que se cede con frecuencia».
«La libertad es un bien frágil –añaden–. El peligro del totalitarismo, aún con apariencia democrática, es un peligro muy real en nuestro mundo, al que están expuestos todos los partidos políticos, y no sólo en España».
Las elecciones, según los prelados, «son una buena ocasión para que la comunidad cristiana reflexione» y también «una oportunidad magnífica para que la sociedad pueda dialogar serena y abiertamente sobre las políticas que mejor pueden contribuir a la construcción del bien común y a la promoción de una auténtica libertad».
Y señalan como parte esencial del bien común «la libertad religiosa, fuente de todas las demás libertades, que la administración del Estado tiene la grave obligación de preservar y promover de forma efectiva».
La Iglesia, indican los obispos «defiende lo que Benedicto XVI ha denominado una «laicidad positiva», esto es, una laicidad «que garantice a todo ciudadano el derecho a vivir la propia religiosidad con una auténtica libertad, también en el ámbito público»».
Subrayan que los responsables políticos «pueden encontrar en las confesiones religiosas una muy importante contribución al bien común». Recuerdan que la Constitución «al afirmar la colaboración del Estado y la Iglesia, hizo una aportación a esa convivencia que la sociedad española no debiera perder».
En este marco, son criterios decisivos para juzgar las diversas opciones políticas «la tutela de la vida desde su concepción hasta su fin natural, y el apoyo a la familia y al matrimonio basado en la unión entre el hombre y la mujer. Los proyectos, más o menos explícitos, de ampliar la ley del aborto o de abrir el camino a la eutanasia, deben ser claramente rechazados en el plano cultural y político».
Recuerdan que «la laicidad positiva tiene una de sus expresiones más relevantes en las políticas que tutelan y promueven el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de educación».
Señalan como «especialmente preocupante» la nueva asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía. Según los prelados del Sur de España, «El Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral». Indican que este es un síntoma de los problemas que se plantean a la educación en «una cultura marcada por el nihilismo relativista».
También es motivo de preocupación de los obispos la coyuntura económica: «Las dificultades por las que pasa el ramo de la construcción» «y otros aspectos del momento económico, hacen temer seriamente un gran incremento del paro, y especialmente en la población inmigrante». Recuerdan que, en la enseñanza de la Iglesia, «la doctrina sobre la propiedad privada ha de estar siempre moderada por la conciencia del destino universal de los bienes».
Advierten de que «los momentos de crisis económica se prestan especialmente a la corrupción y al crecimiento de la especulación». Por ello hacen un llamamiento a «la austeridad y la moderación de los salarios en las clases más pudientes, así como la necesidad de contratos y salarios justos, que permitan, también a los obreros menos cualificados, una vida humana digna para cada persona y para su familia».
En estos momentos, dicen, «son precisas políticas de inmigración más ponderadas, por el bien de todos, también de los inmigrantes». Hacen una llamada «a la solidaridad, a un verdadero amor social a la medida de nuestras posibilidades, que nos permita acoger de corazón a quienes han llegado hasta nosotros y no tienen los medios indispensables para vivir».
Advierten, cuando aún no ha comenzado la campaña electoral, que «podría temerse que en vez de concentrarse en los programas, y en un diálogo fecundo» «la campaña pudiera distraerse en una serie de maniobras electoralistas, descalificaciones e insultos, como si fuésemos incapaces de buscar y de hallar caminos de auténtica cooperación en el bien común».
Concluyen invitando «a los fieles y a todos los ciudadanos a afrontar la llamada a las urnas con la conciencia de que la construcción de una sociedad mejor, además de expresarse en el voto, al que somos reclamados cada cierto tiempo, requiere también de un compromiso constante y cotidiano en la contribución a la vida común».
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