MÉXICO, D.F., jueves, 26 julio 2007 (ZENIT.org– El Observador).- Publicamos la nota publicada por la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Mexicana con el título «Libertad religiosa».
«Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos,
que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil»
Código de Derecho Canónico
Como sucede con otros temas, la discusión sobre la libertad religiosa, derechos humanos, derechos de los ministros de culto, etc. ha contribuido al diálogo y a la formación de una opinión pública. Dialogar es poner los diferentes puntos de vista sobre la mesa, escuchando y proponiendo, esto es parte de la democracia participativa que los mexicanos queremos construir.
Una iniciativa ciudadana propuso reformar la Constitución para que en ella se asegure el reconocimiento pleno de los derechos de los mexicanos en materia de libertad religiosa. Las opiniones han sido diversas, pero llama mucho la atención la opinión de quienes se dicen demócratas y sin embargo aseguran que «Los sacerdotes por su investidura tienen restringidos ciertos derechos».
Nadie está pensando que un ministro de culto pueda ejercer un cargo en el Congreso o que se ponga a arengar desde el púlpito a su feligresía induciendo por quién votar. Ahí las leyes son claras y el mismo Derecho Canónico es bien explícito sobre ello cuando en el número 285 del Capítulo III del Libro II dice: «Absténganse los clérigos por completo de todo aquello que desdiga de su estado, según las prescripciones del derecho particular (…) Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil». Lo que no se tolera es que un ministro de culto, fuera de su iglesia, no pueda opinar sobre un tema específico.
En México, cualquier líder de opinión, maestro, comunicador, líder sindical, empresario, deportista, personaje del medio del espectáculo, o cualquier otro ciudadano con liderazgo puede opinar sobre cuestiones públicas. Sin embargo, aún hay grupos «jacobinos» que piensan que la libertad de expresión es buena mientras no sea ejercida por un ministro de culto; esta actitud es claramente antidemocrática y excluyente. La restricción de «ciertos derechos» a una minoría de ciudadanos mexicanos será siempre discriminatoria.
