ÁMSTERDAM, 10 de julio de 2004 (ZENIT.org).- Surgen temores sobre los abusos ilegales de quienes practican la eutanasia.
Como uno de sus argumentos, los defensores de la eutanasia suelen presentar ejemplos conmovedores de enfermos terminales que suplican que se les permita poner fin a su sufrimiento. También prometían que si la eutanasia se aprobara, se regiría por pautas estrictas.
¿Ha sido esto lo ocurrido en Holanda, pionera de la eutanasia legal? Un artículo del 5 de junio en el British Medical Journal informaba de la inquietud expresada por la ministra de sanidad holandesa, Clémence Ross, de que los doctores no estén cumpliendo la obligación legal de informar de los casos de eutanasia. Sus declaraciones, observaba el artículo, tienen lugar después de que las cifras de 2003 mostraran una bajada, por cuarto año consecutivo, hasta los 1.815, en el número de casos de eutanasia comunicados.
Los cambios en la ley sobre comunicación de casos de eutanasia entraron en vigor en 2002, tras un estudio que mostró que sólo se habían comunicado el 54% de los casos del año anterior. Ross pidió otro estudio sobre los niveles de comunicación al año siguiente.
Surgió una nueva controversia en Holanda en junio, cuando se supo la noticia de que tres personas con la enfermedad de Huntington y otra con Alzheimer habían muerto por medio de la eutanasia. La ley holandesa prohíbe recurrir a la eutanasia en tales casos, restringiendo su aplicación a situaciones en las que los pacientes sufren de dolores físicos insoportables, observaba el 7 de junio el periódico español El País.
La ley reserva penas de prisión de hasta 12 años, para las violaciones de la ley que rige la eutanasia. Pero las autoridades holandesas están decididas a no procesar a los doctores implicados en estos casos. Según El País, ninguno de los que sufrían la enfermedad de Huntington se encontraba en las fases finales del mal, y el paciente de Alzheimer todavía estaba en la fase inicial de su enfermedad.
En Bélgica, donde, en el 2003, se hizo pública la información relativa al primer año de eutanasia legal, han surgido dudas sobre el número de suicidios oficiales. El número oficial de casos de eutanasia fue de 170. Pero cuando el prestigioso diario médico belga, Atsenkrant, estudió informes semanales de hospitales, llegó a la conclusión de que la cifra real fue dos o tres veces más alta, informó el 3 de septiembre el diario católico italiano Avvenire.
En Estados Unidos, también ha surgido una preocupación similar sobre la exactitud de las cifras en Oregón, donde las leyes estatales permiten el suicidio asistido. Según un informe del 11 de marzo de LifeNews.com, los datos oficiales muestran que 42 personas murieron en el 2003 por medio del suicidio asistido, por encima de las 38 del año anterior.
Brian Johnston, autor de «Death as a Salesman: What’s Wrong With Assisted Suicide», explicaba para LifeNews que si bien la ley de Oregón requiere que se informe de los suicidios asistidos, no hay penas para los que no lo hagan.
Enfermos no terminales
También se han suscitado dudas sobre la organización suiza de suicidio asistido Dignitas. Esta organización fue fundada en Zurich en 1998. Gracias a unos honorarios, los enfermos terminales pueden convertirse en miembros y recibir asistencia para cometer suicidio. Algunas de las muertes de sus miembros han disparado las alertas. De hecho, en junio la prensa local informaba de que la organización había transferido sus operaciones del cantón de Zurich al de Aargau, como consecuencia de una serie de regulaciones de las autoridades de Zurich.
En el Reino Unido han recibido una amplia cobertura de medios algunos casos que implicaban a ciudadanos británicos. El periódico Independent del 23 de junio informaba sobre una investigación a cerca de las muertes de una pareja británica, Robert y Jennifer Stokes, que habían acudido a Dignitas.
El juez de instrucción de Bedfordshire descubrió que la pareja sufría de enfermedades crónicas y tenía un historial de enfermedades mentales – pero no eran enfermos terminales. En marzo, ambos recibieron ayuda de Dignitas para obtener una dosis letal de medicamentos. El juez de instrucción observaba que la pareja no satisfacía el requisito de la ley suiza de que los pacientes de suicidio asistido sean enfermos terminales. Ni tenían un juicio sano –otro requisito legal.
Y en Australia, un reciente informe confirmaba que una defensora de la eutanasia, que cometió suicidio, no sufría de cáncer, informó el 8 de junio el Courier-Mail de Brisbane. Nancy Crick se convirtió en una figura conocida a nivel nacional y esperaba que su caso condujera a leyes que permitieran el suicidio asistido. Recibía asistencia de un conocido defensor de la eutanasia, Philip Nitschke.
Crick había afirmado que sufría de cáncer. Pero un exhaustivo informe post mortem, publicado dos años después de su suicidio, eliminó toda posibilidad de que tuviera cáncer. La policía levantó los cargos en este caso, incluso aunque el suicidio asistido sea ilegal en el estado de Queensland, donde murió Crick.
Competente, pero no consultado
Los problemas no se limitan a los países donde la eutanasia es legal. En Nueva Zelanda, una propuesta de ley para permitir el suicidio, apasionadamente debatida, fue rechazada en el parlamento por un escaso margen el año pasado. Sin embargo, un informe reciente ha revelado que muchos doctores están acelerando las muertes de los enfermos terminales.
Un estudio en el New Zealand Medical Journal mostraba que 693 médicos internos, que habían respondido de forma anónima a una encuesta nacional, participaron en una muerte con asistencia médica en un periodo de 12 meses, informaba el 21 de junio el Otago Daily Times. De estos médicos, 39 han llevado a cabo «alguna clase de actuación que podría considerarse dentro del concepto de suicidio asistido por médicos o eutanasia».
El estudio añadía que la mayoría de las muertes aceleradas han tenido lugar incluso a pesar de existir cuidados paliativos disponibles. Además, en 15 de los casos fueron las enfermeras las que dieron a los pacientes medicamentos para poner fin a su vida.
Por otro lado, en 380 casos, la decisión de los doctores puso fin a las vidas de los pacientes sin haber tenido lugar un diálogo con el paciente. La principal razón citada por los doctores para no consultar fue que el paciente estaba demasiado enfermo. No obstante, en 88 casos los doctores no consultaron a los pacientes incluso a pesar de que a éstos últimos se les juzgó competentes.
«Legal o no, la muerte asistida por médicos es una realidad internacional y Nueva Zelanda no es una excepción con estas actuaciones que han tenido lugar en un ambiente aparentemente rico en paliativos», observaba el estudio.
En Gran Bretaña, un doctor que ha ayudado a suicidarse a varias personas ha desafiado a las autoridades a que presenten cargos contra él, informó el 26 de junio The Independent. El Dr. Michael Irwin, un internista jubilado, fue arrestado el año pasado por la sospecha de haber ayudado a un enfermo terminal amigo suyo a suicidarse. Irwin dijo al periódico que había aconsejado al menos a otras cinco personas a que viajaran a la clínica de Dignitas en Suiza.
Irwin, presidente de la Sociedad para la Eutanasia Voluntaria hasta febrero pasado, admitió haber elaborado un plan para ayudar a su amigo Patrick Kneen a cometer suicidio. Kneen murió tras llevarse a cabo el plan. La policía interrogó a Irwin, pero decidió no presentar cargos contra él.
Incluso cuando los casos llegan hasta los tribunales, los jueces son remisos a la hora de castigarlos. En el estado australiano de Tasmania, el Tribunal Supremo declaró culpable a un hombre de ayudar en un suicidio, pero lo dejó libre tras una sentencia suspendida de 12 meses, informó el 27 de mayo el Sydney Morn
ing Herald.
John Godfrey ayudó a su madre Elizabeth a morir, al no ser ella capaz de cometer suicidio por sí misma. Según el Juez Peter Underwood, el hijo estaba «animado únicamente por la compasión y el amor».
No es moralmente lícito cometer suicidio, observa el Catecismo de la Iglesia Católica. «Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado», dice en el No. 2280. «No disponemos de ella». Palabras demasiado a menudo pasadas por alto.
