QUITO, domingo, 27 febrero 2005 (ZENIT.org).- Publicamos la «Declaración» de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana «por la cultura de la legalidad y la justicia» publicada el pasado 24 de febrero.
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA
POR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA JUSTICIA
La situación
Este año 2005 ha comenzado cargado de temores y contradicciones. Millones de ecuatorianos, hombres, mujeres y niños, viven en condiciones de indigna pobreza y exclusión, mientras no cesa la dramática emigración de quienes buscan trabajo y seguridad en países extraños. La corrupción no mengua y siguen sin ser debidamente resueltos importantes problemas de la colectividad, como el Tratado de Libre Comercio y otros de igual importancia.
En nuestro Ecuador, dotado de enormes potencialidades, vemos con profunda preocupación y pena cómo se acumulan errores e irresponsabilidades a los que se dieron en el pasado. El país se precipita en un oscuro foso de ilegalidades, confusión, desconfianza y temor. La política que mira al bien común, y la vigencia de un orden de derecho, son socavadas por los rencores y venganzas personales, las ambiciones y las prepotencias.
Nuestra actitud de Pastores
Como Obispos, no entramos en las luchas partidistas por conseguir o mantener el poder político. Ni somos parte de la oposición ni partidarios incondicionales de Gobierno alguno. Nos corresponde hacer de la Iglesia, como ha pedido el Papa Juan Pablo II, la casa y la escuela de una comunión fraterna que abarca a todos, especialmente a los pobres, con un respeto grande a las diversas opciones políticas compatibles con la fe.
Las autoridades legítimas pueden contar siempre con nuestro leal reconocimiento y con la disposición a colaborar en servicio de la sociedad. A su vez, deben respetar, en el marco constitucional y de los acuerdos internacionales, nuestra libertad para anunciar el Evangelio y aportar a la convivencia social las luces de la doctrina social de la Iglesia. Esto comprende también la indiscutible libertad para practicar públicamente la fe sin temor a discriminaciones, a desarrollar obras de educación, asistencia y promoción social. Así como a emitir juicios ponderados sobre las cambiantes circunstancias del país, con la mira puesta en la defensa de los pobres, el bienestar colectivo, la promoción de los derechos civiles, sociales y culturales con sus respectivas obligaciones.
Fortalecer la democracia
En las circunstancias presentes, hacemos un llamado urgente a fortalecer la democracia. Nuestros problemas crónicos se han agravado con las agresiones inferidas a la institucionalidad. La democracia solamente es posible en un Estado de Derecho, donde se protegen los derechos y se determinan las responsabilidades, tanto de las personas como de los órganos del poder y de la sociedad.
Pero, si el poder y la aplicación de la ley, como la administración de los bienes públicos, se vuelven instrumentos para la guerra entre grupos, se contamina todo el sistema y se rompen los bordes de la democracia. Fácilmente se destroza la igualdad ante la ley, porque su aplicación se vuelve selectiva y arbitraria, se quiebran las garantías ciudadanas, bajo argumentos tendenciosos e insostenibles. Entonces la fuerza se impone sobre la justicia y el despotismo sobre el derecho. Se extiende como una plaga la inseguridad jurídica si el poder público se entromete abusivamente en la vida de las personas y las sociedades menores. Nunca el poder puede ser empleado, en cualquiera de sus formas, como herramienta de intimidación injusta por la vía de hecho o por la vía de una legalidad amañada.
Hemos sentido alguna de estas realidades en beneméritas instituciones y obras de la Iglesia. Sentimos la sombra de tales peligros sobre actividades de explícito signo cristiano y católico, que dispuestas siempre a dar cuenta legal de su proceder y tienen, desde luego, pleno derecho a vivir, servir y trabajar en paz y sin escándalos.
Nuestro llamado
Seguramente nadie en el Ecuador desea llegar a los extremos de la dictadura o de la anarquía. Pero la pasión política y un generalizado estado de confusión pueden permitirlo. Por eso, en este momento histórico, nos dirigimos a nuestros compatriotas y muy particularmente a quienes han recibido el encargo de conducir al país desde los altos Poderes del Estado y a los dirigentes políticos y líderes sociales para pedirles que revestidos de serenidad, conscientes de su responsabilidad, tomen las medidas adecuadas para reconducir al país por los caminos de la legalidad, la justicia y la paz.
Todos, autoridades y ciudadanos, debemos cultivar las virtudes cívicas: la honradez, la lealtad, la transparencia, el respeto a cada persona, aunque piensen distinto. Debemos rechazar toda forma de calumnia, insulto e intimidación. No es normalmente aceptable y menos es cristiano promover la lucha de clases, para obtener réditos políticos Todos somos responsables del desarrollo o la ruina del país, del triunfo o de la agonía del Estado de Derecho.
En los próximos días entraremos en el Año Jubilar del Milagro de la Dolorosa del Colegio. Con lágrimas, la Virgen Santísima quiso dar una prueba de amor maternal a los jóvenes, esperanza de la Patria, a ella se la encomendamos.
Quito, febrero 24 del 2005
+Vicente Cisneros Durán
Arzobispo de Cuenca,
Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
Monseñor José Vicente Eguiguren S.
Secretario General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
