88 personas (incluidos niños) podrían ser crucificadas o ahorcadas en Sudán

Condenados por Tribunales Especiales

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ROMA, 27 agosto 2002 (ZENIT.org).- El Gobierno de Jartum ha rechazado conmutar la pena de muerte impuesta por un tribunal islámico a 88 miembros de una tribu del oeste de Sudán (entre los que se encuentran dos niños menores de 14 años) por la matanza que realizaron al asaltar una aldea de un clan rival.

El ministro de Justicia, Ali Mohamed Osman Yasin, afirmó que no conmutarán la pena, ya que es «acorde con las disposiciones del Corán».

Yasim, que representa al Gobierno del presidente Omar Hasan Al Bachir, defendió la aplicación de la «sharia» o ley islámica en el país, principal fuente de derecho en Sudán, «pues es parte de nuestras creencias».

Las declaraciones del gobierno tienen lugar tras la denuncia internacional de los hechos formulada por Amnistía Internacional.

Según esta organización, los tribunales de excepción, denominados a veces «tribunales especiales», condenaron a las 88 personas a muerte por ahorcamiento o crucifixión en Nyala el 17 de julio de 2002.

Se les imputaban cargos como asesinato, robo a mano armada y alteración del orden público, todos ellos relacionados con unos enfrentamientos entre los grupos étnicos rizeigat y maalayia ocurridos recientemente en Darfur Meridional.

Según estos informes, una semana después los mismos tribunales condenaron a muerte a otras 15 personas, incluida una mujer, por presuntos ataques contra dos pueblos. Habían sido acusadas de asesinato, bandidaje y posesión ilegal de armas de fuego.

Los dos niños condenados en el primer caso, Gadim Hamdoum Hamid y Kabashi Alayan, tienen 14 años. «Todos los acusados en este caso fueron juzgados sin la debida asistencia letrada (sin abogados) y, según informes, algunos sufrieron tortura antes del juicio», afirma Aministía Internacional.

Según recordó, los tribunales de excepción se establecieron en Darfur en virtud de un estado de excepción declarado en 1998 y que permite burlar considerablemente la Ley de Procedimientos Penales de Sudán.

«El estado de excepción constituye también una violación de las normas internacionales sobre juicios justos», añadió.

Asimismo explicó que, el 11 de agosto, el presidente del Tribunal de Darfur rechazó una apelación interpuesta por los condenados, que tienen ahora que apelar ante el Tribunal Superior de El Obeid y, si no tienen éxito, su último recurso será el Tribunal Constitucional.

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ZENIT Staff

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