MÉXICO, jueves, 26 abril 2007 (ZENIT.org–El Observador).- Intensa jornada de protesta se vivió este martes en la capital mexicana, tras la aprobación, por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)– de una controvertida ley que despenaliza el aborto en esta entidad federativa.
Grupos católicos y de otras confesiones cristianas se apostaron, desde temprana hora, frente a la sede de la Asamblea con la consigna de presionar para que, al menos, una tercera parte de los 66 asambleístas se opusiera a le iniciativa impulsada por la mayoría de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tuviera que ser analizada por el Tribunal Superior de Justicia de la Nación.
Finalmente, tras un maratónico debate, el sí a la ley se impuso. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas a los códigos vigentes para despenalizar el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Los cambios al Código Penal y a la Ley de Salud se aprobaron con 46 votos a favor y 19 en contra, con una sola abstención, en un debate que fue trasmitido vía Internet y que ha acaparado la atención de todos los mexicanos las últimas semanas.
La Iglesia católica del país ha movilizado toda su fuerza para impedir que la mayoría legislativa con la que cuenta el PRD (partido de izquierda) en la ALDF consumara la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación; sin embargo, ha encontrado una férrea resistencia en el ala radical que controla la capital del segundo país con mayor número de católicos del mundo.
De hecho trascendió este martes que la Secretaría de Gobernación inició un «procedimiento administrativo» contra el cardenal y arzobispo primado de México, monseñor Norberto Rivera Carrera, y contra el portavoz del arzobispado, Hugo Valdemar, quienes fueron acusados de violar la ley en el debate sobre la despenalización del aborto.
La dependencia gubernamental –equiparable al Ministerio del Interior– ya turnó la acusación a la Arquidiócesis Primada de México para que se inicie el procedimiento previsto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tras la denuncia del partido Alternativa Social, uno de los principales promotores del aborto en México.
Apenas el viernes pasado, al concluir la 83 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos de todo el país habían dicho que «una obligación primaria del Estado consiste en velar y defender el derecho natural de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Si una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley».
Más aún, «cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del estado de derecho». Los prelados mexicanos subrayaron, en su mensaje final de la Asamblea que «Ningún hombre o mujer, profese la religión católica o no, debe apoyar las propuestas sociales o políticas que favorezcan acciones contra la vida como el aborto o la eutanasia».
El lunes pasado, durante el funeral de quien fuera obispo de Aguascalientes, monseñor Ramón Godínez Flores, el arzobispo de Acapulco, monseñor Felipe Aguirre Franco, había recordado que la excomunión prevista por las leyes de la Iglesia se producía de manera directa para todos aquellos que colaboren en el aborto, primeramente lo legisladores que lo propicien.
El arzobispo de Acapulco se unía, así, a las reiteradas intervenciones del cardenal Norberto Rivera Carrera, quien ha asumido de frente la lucha para defender la vida en la capital de la República mexicana, lucha que ya ha motivado una demanda legal en su contra por violar las confusas leyes mexicanas que rigen en la materia y que impiden a los sacerdotes siquiera sostener una opinión en materia política.
Finalmente, cabe destacar que tanto la presidencia de México, como instancias eclesiales y del Partido Acción Nacional (cuyos asambleístas se opusieron en masa a la despenalización del aborto en el DF), preparan sendas mociones para mostrar que esta ley aprobada en la ALDF es inconstitucional.
