CIUDAD DE MÉXICO, 14 marzo 2003 (ZENIT.org).- Alarmados por la inseguridad pública del país, los obispos de la región pastoral mexicana del Bajío han solicitado a las autoridades y a los ciudadanos que promuevan una «cultura de la legalidad» y el auténtico respeto hacia la vida humana y su dignidad.
La petición se incluye en la Instrucción pastoral sobre Violencia y Delincuencia redactada por los prelados de los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato el pasado febrero.
Aunque los estados de la región del Bajío no tienen las tasas más elevadas de criminalidad, los obispos manifestaron la vulnerabilidad de la zona por la migración, el incremento de mercancías –debido al Tratado de Libre Comercio– y el hecho de ser ruta de tránsito de drogas.
La inseguridad que se vive, especialmente en las grandes ciudades, se traduce en robos, secuestros, lesiones con ensañamiento, violaciones, crímenes y pleitos entre pandillas, según los prelados.
Además los obispos advirtieron que también son manifestaciones de violencia la forma de conducir los vehículos, el lenguaje agresivo, los salarios injustos, la marginación de campesinos e indígenas y el favoritismo de personas o grupos sin buscar el bien común.
A ello hay que añadir la violencia intrafamiliar, que repercute a nivel social. De hecho, la instrucción pastoral observa que en este punto se cae en un círculo vicioso, «pues la problemática social incrementa la violencia intrafamiliar».
Por otro lado, «las cuantiosas ganancias del crimen organizado (…) lo han convertido en una jugosa y trágica industria con más propensión a ponerse a su favor y a participar de sus beneficios que a oponérsele», constataron los obispos.
Al panorama general hay que sumar que, por falta de ignorancia, miedo o desconfianza, «no se arraiga la cultura de la denuncia», propiciando un entorno en el que crece la impunidad, pues tan sólo «uno de cada diez delitos que se comenten en México tiene castigo», denunciaron los prelados.
¿Qué ocasiona la violencia?
Según la instrucción pastoral, «la pobreza material extrema, la falta de empleo, los salarios insuficientes; el creciente empobrecimiento de muchos frente al enriquecimiento de unos cuantos» lleva a delinquir para sobrevivir.
Sin embargo, los obispos hacen hincapié en una «quiebra generalizada del Estado de Derecho» como causa de fondo y en una actitud difundida que considera la ley «no como norma para cumplirse, sino para negociarse».
«La habilidad para violar la ley sin recibir daño personal es corrupción; y la corrupción incrementa la violencia y la delincuencia», advirtieron.
Además se ha «perdido el respeto a la dignidad del ser humano», se ignoran los propios deberes, se olvidan los derechos de los demás y se divulga el relativismo moral «por el que se juzga lo verdadero, bueno y noble según criterios personales».
Según los obispos de la región pastoral del Bajío, es una realidad que hay que afrontar también «asumiendo nuestra responsabilidad en la participación en este clima de inseguridad, violencia y delincuencia y, desde luego, asumiendo también nuestra colaboración en su solución».
Cómo abordar la delincuencia
En la instrucción se recuerda que «la búsqueda de la justicia y de la paz son una dimensión irrenunciable de la Doctrina Social de la Iglesia y signo del reinado de Cristo en el mundo».
Para lograrlas «es necesario apelar a las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de la conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio» (Catecismo, No. 1888).
«Ésta es la contribución que la Iglesia ofrece a la sociedad y al Estado mismo –observaron los prelados–. Invitamos a todos los actores sociales a que miren con atención este aporte de la Iglesia, no siempre reconocido ni tomado en cuenta».
Para construir la paz es necesario promover una cultura de los derechos humanos «que estimule a todos los mexicanos a trabajar a favor de la inalienable dignidad de la persona».
En este contexto, los prelados subrayaron la especial atención que hay que dedicar al respeto a la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural y el derecho a la libertad, incluida la religiosa.
Igualmente sugirieron como punto indispensable la promoción de una cultura de la legalidad y de la legitimidad «que incluye la auténtica igualdad de todos ante la ley justa, su aplicación estricta y la debida separación de poderes».
Esta cultura –recalcaron– «se verá estimulada por el ejemplo de las autoridades al observarla y exigirla».
Las condiciones de injusticia social se verán atenuadas si se implementan «con eficacia las reformas estructurales en materia económica y social –de trabajo, inversión y empleo–», con especial atención a campesinos e indígenas, afirman los obispos.
En la instrucción pastoral se hace un especial llamamiento a las autoridades para que apoyen con acciones concretas a la familia, «sobre todo cuando la necesidad económica la haga peligrar».
Asimismo invitan a «revisar las legislaciones locales y realizar las reformas necesarias para prevenir el delito, las adicciones y las conductas antisociales».
Finalmente recuerdan a los legisladores que «por encima de los intereses partidistas están los de la sociedad», y que los servidores públicos han de estar «capacitados ética y moralmente para conocer y defender los derechos humanos».
Para detener la violencia los obispos recomiendan a los ciudadanos que incrementen la comunicación en la propia familia a fin de promover la comprensión y la unidad.
También proponen la participación o incluso la constitución de asociaciones de padres que vigilen el entorno social y moral donde se educan y divierten los hijos.
Los prelados recordaron finalmente a los ciudadanos que no se deben tolerar en modo alguno las prácticas de soborno y que deben colaborar en la formación de una cultura de la legalidad mediante el cumplimiento de la ley.
La Instrucción Pastoral de los Obispos de la Región Pastoral del Bajío sobre Violencia y Delincuencia lleva las firmas de Luis Morales Reyes –arzobispo de San Luis Potosí–, José Guadalupe Martín Rábago –obispo de León–, Mario de Gasperín Gasperín –obispo de Querétaro–, Jesús Humberto Velázquez Garay –obispo de Celaya— y Rodrigo Aguilar Martínez –obispo de Matehuala–.
El texto íntegro del documento se puede consultar en la página web de la Conferencia del Episcopado mexicano .
