La presencia cristiana en Tierra Santa se ve asfixiada desde todos los frentes

(ZENIT Noticias / Jerusalén, 22.07.2026).- En Tierra Santa, la crisis que enfrentan los cristianos ya no se limita a un campo de batalla, una disputa política o un acto de violencia. Se manifiesta simultáneamente a través de la inseguridad, el desplazamiento, la presión económica, la incertidumbre jurídica y el lento deterioro de las condiciones que permiten a las comunidades permanecer arraigadas en la tierra donde nació el cristianismo.

En Taybeh, la última ciudad palestina completamente cristiana en Cisjordania, el temor inmediato es físico. El párroco, el padre Bashar Fawadleh, afirma que colonos israelíes han estado construyendo lo que testigos describen como un nuevo puesto avanzado en Jabal Al-Massis, una zona perteneciente a la ciudad. El sitio se encuentra en el Área B, según los acuerdos de Oslo, donde la administración civil está a cargo de la Autoridad Palestina y las responsabilidades de seguridad se comparten con las autoridades israelíes.

Para los residentes de Taybeh, la preocupación no se limita a la aparición de nuevas construcciones en una ladera lejana. El sacerdote advierte que un puesto de avanzada a poca distancia de las casas podría hacer la vida cotidiana más peligrosa, intimidar a los niños y disuadir a los agricultores de acceder a sus tierras y granjas avícolas. Describe el temor a ser rodeados gradualmente y presionados para marcharse.

La advertencia llega aproximadamente un año después de los incendios provocados cerca del cementerio de la ciudad y la antigua iglesia de San Jorge. A pesar de la continua ansiedad, la comunidad cristiana intenta preservar la vida cotidiana. Un campamento de verano con 161 niños ha reunido a jóvenes de las comunidades ortodoxa griega, católica melquita y católica latina de la ciudad.

Esa imagen —niños en un campamento de verano mientras los adultos temen que les quiten sus tierras o que su comunidad entre en decadencia— refleja la lucha más amplia del cristianismo en la región. El desafío no es simplemente sobrevivir a la violencia, sino mantener las instituciones, las familias y las condiciones sociales que hacen posible una presencia cristiana permanente.

En Jerusalén, se libra otra batalla a través de los impuestos. Una disputa sobre el impuesto municipal sobre la propiedad conocido como Arnona ha generado temores entre los líderes cristianos ante la posibilidad de que se cuestionen exenciones históricas, con consecuencias para iglesias, escuelas, hospitales, centros sociales e instituciones benéficas. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha apelado al Papa León XIV y a otros líderes internacionales, argumentando que deben preservarse los derechos y acuerdos históricos que protegen a las instituciones de la Iglesia.

El problema se remonta a más de un siglo. Los líderes de la Iglesia señalan los Acuerdos de Mitilene de 1901 y otros acuerdos históricos cuyas disposiciones fiscales se respetaron durante el Mandato Británico y que, según el obispo auxiliar del Patriarcado Latino, William Shomali, no fueron abolidos formalmente tras la independencia de Israel en 1948.

La disputa se ha prolongado durante aproximadamente tres décadas. En 2018, líderes cristianos cerraron las puertas de la Iglesia del Santo Sepulcro en protesta por una disputa similar. La controversia actual podría implicar reclamaciones por valor de millones de euros si las actividades comerciales se gravaran retroactivamente durante los últimos 30 años.

Sin embargo, la postura de la Iglesia no es que toda actividad relacionada con una institución eclesiástica deba quedar automáticamente exenta de todas las obligaciones municipales. El obispo Shomali ha propuesto una distinción entre las actividades con ánimo de lucro y las instituciones cuyo propósito principal es religioso, educativo o benéfico. Las empresas comerciales podrían contribuir a los servicios municipales de los que se benefician, mientras que los lugares de culto, cementerios, instalaciones parroquiales, escuelas, hospitales e instituciones sociales conservarían las exenciones tradicionales.

Esa distinción es crucial porque la presencia de la Iglesia en Tierra Santa no se limita a la liturgia. Sus instituciones brindan educación, atención médica, asistencia social y refugio a personas mucho más allá de la comunidad cristiana. Por lo tanto, una política fiscal que no distinga entre una operación comercial y una institución benéfica podría afectar no solo a los cristianos, sino también a la población en general a la que sirven estas instituciones.

La presión también se hace visible en la vida del clero y de los fieles. El padre Joseph Hoina, un sacerdote camerunés que trabaja pastoralmente con migrantes y solicitantes de asilo en Jaffa, describe cómo las comunidades cristianas luchan contra la guerra, el colapso económico, las restricciones de viaje y la pérdida de empleo. En algunas zonas de Cisjordania y Jerusalén, las familias han perdido sus trabajos, los niños se han visto privados de escolarización y algunos hogares apenas pueden cubrir sus necesidades básicas.

Para los cristianos, la crisis también tiene una dimensión específicamente espiritual. Los sacerdotes pueden verse imposibilitados de llegar a las comunidades para celebrar la Eucaristía. En palabras del padre Hoina, la pérdida del acceso a la Eucaristía se convierte en una forma de hambre espiritual.

Sin embargo, la respuesta de la Iglesia no es el repliegue. En la Iglesia de San Pedro en Jaffa, migrantes de Filipinas, India, Eritrea, Etiopía, China y otros lugares se reúnen para el culto y la atención pastoral. La iglesia se convierte, en la práctica, en una familia transnacional para personas que han huido de la guerra, la pobreza o la persecución. Las comidas, los cantos y las tradiciones compartidas después de las liturgias ayudan a los migrantes a recuperar algo que el desplazamiento a menudo destruye: la sensación de pertenecer a algún lugar.

Es una expresión particularmente poderosa de la misión de la Iglesia en una región donde las fronteras políticas, las divisiones étnicas y los frentes militares han intentado repetidamente definir quién pertenece. La presencia cristiana sobrevive no solo en piedras antiguas, sino en comunidades que siguen acogiendo a personas que otros podrían considerar forasteras.

El panorama político ofrece pocas garantías. En Líbano, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que aldeas cristianas no identificadas habían solicitado ser anexadas por Israel porque Israel las protegía de Hezbolá. Funcionarios libaneses y representantes cristianos locales rechazaron la afirmación. Según los críticos, las comunidades cristianas del sur de Líbano no desean la anexión. Desean paz, seguridad y la libertad de vivir en sus aldeas, cultivar sus tierras y evitar verse involucrados en la guerra.

Esta distinción no debe pasarse por alto. Los cristianos en Oriente Medio no deben ser tratados como instrumentos políticos en narrativas contrapuestas. Su derecho a permanecer en sus comunidades ancestrales no depende de convertirse en clientes de una potencia o en símbolos de otra. El principio de libertad religiosa exige que los cristianos puedan vivir con seguridad sin verse obligados a elegir entre proyectos políticos rivales.

La situación es aún más grave en Gaza, donde la comunidad cristiana se ha reducido a un pequeño grupo cada vez más vulnerable. El cardenal Pierbattista Pizzaballa ha descrito una población que vive entre infraestructuras destruidas y campamentos de tiendas de campaña, con consecuencias especialmente graves para mujeres y niños. El Patriarcado Latino busca reabrir una escuela en Gaza donde los niños puedan estudiar, recibir alimentos y obtener apoyo psicológico.

En la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, los momentos de normalidad se han vuelto preciados. Cristianos y musulmanes se han reunido para ver fútbol a pesar de los apagones y el colapso de las comunicaciones. Estas escenas pueden parecer insignificantes en comparación con la magnitud de la guerra, pero revelan algo esencial: incluso en medio de la devastación, el deseo de una vida humana normal sobrevive.

La violencia generalizada sigue cobrándose un precio terrible. Según la información revisada, entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de julio de 2026, 1.088 palestinos fueron asesinados en Cisjordania, entre ellos 242 niños y adolescentes. Solo en 2025, 54 niños y adolescentes palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes en Cisjordania, según la organización israelí B’Tselem. La organización afirma desconocer cualquier acusación formal por el asesinato de palestinos en Cisjordania desde octubre de 2023.

Estas acusaciones exigen rendición de cuentas e investigación independiente. La protección de los civiles, especialmente de los niños, no puede depender de la nacionalidad ni de la afiliación política. El mismo principio se aplica al caso de Natalie Abudayyeh, una mujer palestina detenida desde el 2 de junio en la prisión de Damon. Según la Iglesia Luterana en Jordania y Tierra Santa, a su familia se le ha negado el contacto directo con ella, y se ha restringido el acceso de su abogado. Los líderes de la iglesia exigen su liberación, el acceso de su familia y un proceso judicial abierto y justo. Mientras tanto, las instituciones políticas palestinas también se enfrentan a una prueba. Mahmoud Abbas ha convocado elecciones legislativas para el 28 de noviembre de 2026, las primeras en más de 20 años, si se celebran. Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en enero de 2006. Las elecciones presidenciales, anunciadas para 2027, aún no tienen fecha definitiva. La renovación democrática no puede resolver por sí sola los conflictos de la región, pero la ausencia de una representación política creíble deja a las sociedades aún más vulnerables al extremismo, el autoritarismo y la desesperación.

Por eso, la crisis cristiana en Tierra Santa no debe reducirse a una cuestión de números. La cuestión es si las comunidades que han existido durante siglos seguirán teniendo la seguridad, la protección legal, la viabilidad económica y la libertad necesarias para subsistir.

El párroco de Taybeh ha expresado su temor de que, si su pueblo desaparece, el mundo perderá más que un pueblo: perderá una comunidad cristiana viva.

Esta advertencia trasciende con creces a Taybeh. La supervivencia del cristianismo en Tierra Santa no se garantizará únicamente con declaraciones de solidaridad. Requerirá protección concreta para la población civil, respeto a la libertad religiosa, rendición de cuentas por la violencia, preservación de los derechos históricos y apoyo práctico para las familias que se ven obligadas a emigrar a causa de la guerra y la inseguridad.

El propio testimonio de la Iglesia ofrece una respuesta diferente a la lógica del abandono. En Jaffa, abre sus puertas a los migrantes. En Gaza, intenta reconstruir la educación y la dignidad humana. En Jerusalén, busca la negociación en lugar de una confrontación indiscriminada por los impuestos. En Taybeh, insiste en que una comunidad cristiana debe poder permanecer en su tierra sin temor.

La cuestión central, por lo tanto, no es simplemente si el cristianismo puede sobrevivir en Tierra Santa, sino si la comunidad internacional aceptará un futuro en el que las antiguas comunidades cristianas de la región permanezcan solo como monumentos, mientras que las personas que dieron sentido a esos lugares se ven obligadas gradualmente a marcharse.

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