Se trata de un fenómeno grave producido tras las décadas que duró la guerra civil, en la que muchos se acostumbraron a valorar la fuerza de las armas, debilitando gravemente al mismo tiempo a las instituciones estatales.
Por eso los prelados exhortan a las personas que se hacen justicia por su cuenta, y que en ocasiones recurren a los linchamientos, a examinar y confrontar su actuación con Dios, «que bajo ninguna razón permite la destrucción de la vida que solo a Él pertenece». A la población en general, piden que recurra a las autoridades competentes cuando se dan hechos delictivos. Invitan a las autoridades legítimamente constituidas a demostrar con hechos concretos la voluntad política de enfrentar los problemas que más afectan a las comunidades. Por lo que se refiere a la sociedad civil, a los organismos de derechos humanos, a la comunidad internacional, y particularmente a la MINUGUA, Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, los obispos exigen no ceder en su lucha por contribuir a la erradicación de estos males.
«Pedimos al Dios de la vida y la paz –concluyen los obispos– que nos guíe con su Espíritu en el compromiso hacia la construcción de una sociedad más humana, justa y fraternal.
