Monseñor Francesco Ruppi, arzobispo de la localidad italiana de Lecce, explica que el drama de tantas personas que acaban teniendo que vender su cuerpo no se soluciona creando centros o casas en las que puedan prostituirse en plena libertad (algo que está prohibido por la ley italiana).
Las casas de citas o burdeles son «la peor solución –escribe–, es más, es un camino equivocado que no sólo elude el flagelo de la prostitución, sino que lo agrava y lo legitima, autorizando a los traficantes y aprovechados a actuar con la cobertura de la ley».
El artículo de «L´Osservatore Romano», diario oficioso de la Santa Sede, es publicado cuando la ministra de Asuntos Sociales italiana, Livia Turco, ha hecho varias propuestas para liberalizar en algunos aspectos la actividad de la prostitución. En concreto, ha propuesto legalizar los burdeles.
Después de solicitar una acción «educativa y preventiva» y de mencionar experiencias de la Iglesia en Ucrania y Moldavia al servicio de las clases más pobres –particularmente expuestas a los intereses de las mafias internacionales de la prostitución–, el arzobispo afirma: «la propuesta de abrir los burdeles no la aprobamos ni la aprobaremos nunca, como hombres y como cristianos: como hombres, porque la mujer no es una mercancía que se ofrece a pago, según la voluntad de los clientes; como cristianos, porque sabemos muy bien no sólo que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos, sino también que estas pobres mujeres no sólo pueden ser redimidas, sino que de hecho se redimen cuando encuentran una mano amiga».
