Aunque los documentos ausentes parece que no eran vitales para la defensa de McVeigh, quien admite abiertamente su responsabilidad en el atentado con coche-bomba contra la sede del Gobierno federal de la ciudad de Oklahoma, el 19 de abril de 1995, sus abogados han pedido tiempo para examinarlos y se reservan el derecho de solicitar un nuevo juicio.
La revista «Time», en su número del 21 de mayo, indica que la última evidencia de errores en el sistema judicial se produce poco después del anuncio de una investigación sobre las equivocaciones de una policía química, Joyce Gilchrist, también de Oklahoma. Las autoridades están ahora investigando todos los casos en los que trabajó, incluyendo 23 sentencias de
muerte.
McVeigh estaba ya en el centro de atención antes del descubrimiento de los documentos desaparecidos. La petición de unos 300 familiares de algunas de las 168 víctimas del atentado de presenciar la ejecución llevó a la decisión de transmitirla por circuito cerrado de televisión. Asimismo, «Time» estima que se esperaba al menos a 1.600 reporteros en la prisión federal de Indiana para cubrir la información.
El caso McVeigh tiene una serie de peculiaridades que lo distinguen de los casos habituales de pena de muerte: será la primera ejecución federal en 38 años, el número de víctimas se eleva a 168 y la indiferencia del condenado hacia la pérdida de vidas –califica las muertes de los niños como «daños colaterales»–.
La opinión pública y McVeigh
La opinión pública está a favor de ejecutar a McVeigh, según evidencian varios sondeos. De acuerdo con el «Chicago Sun-Times» del 6 de mayo, un sondeo realizado por USA TODAY/CNN/Gallup, indica que, del 38% de los estadounidenses que se declaran contrarios a la pena de muerte, más de la mitad han llegado a pensar sin embargo que McVeigh debería ser ejecutado. En total, más del 81% dice que McVeigh debería ser ejecutado.
Sin embargo, según el «Washington Post» del 3 de mayo, el arrollador apoyo a la ejecución del terrorista de Oklahoma, enmascara la realidad del descenso del apoyo de la opinión pública a la pena capital. En torno a la mitad de los encuestados por el «Post» estaban a favor de la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Y una proporción similar apoyaba también una moratoria de todas las ejecuciones hasta que se pueda determinar si la pena capital se aplica con equidad en todo el país.
Del sondeo del «Post-ABC News» se extrae la conclusión de que el apoyo global a la pena de muerte ha decaído, dado que no produce una disminución de los índices de criminalidad y porque se ha tenido que poner en libertad a presos del corredor de la muerte que habían sido condenados por crímenes que no cometieron. Hay un 63% de personas a favor de la pena de muerte si se trata de culpables de asesinato, pero la cifra era del 77% hace cinco años.
Cuando se les preguntó sobre el castigo que preferirían para los condenados por asesinato –pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de salir–, el apoyo a la ejecución legal cayó más aún. Sólo el 46% se declaró a favor de la pena capital, mientras que el 45% se inclinó por la prisión de por vida.
La pena de muerte en el mundo
Según Amnistía Internacional, 75 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras que otros 13 países han abolido la pena de muerte para todos los casos excepto para crímenes especialmente graves. Incluyendo a los países en los que la pena de muerte permanece en los códigos penales pero no se aplica, un total de 108 países han abolido la pena de muerte legalmente o en la práctica. Durante la última década, el número de países que ha abolido la pena capital han sido tres al año de promedio.
Amnistía Internacional estima que el año pasado fueron ejecutadas al menos 1.457 personas en 27 países, y otras 3.058 fueron sentenciadas a muerte en 65 países. De todas las ejecuciones, el 88% tuvo lugar en el grupo de países formado por China, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Con mucha diferencia, la mayor parte se dio en China, con más de mil ejecuciones en el año 2000. En Arabia Saudita, hubo 123 ejecuciones según datos oficiales, y 85 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos. La pena capital se aplicó por lo menos en 75 ocasiones en Irán. Además, informa Amnistía, cientos de ejecuciones han tenido lugar en Irak y muchas de ellas han sido extrajudiciales.
Las 85 ejecuciones del año pasado en Estados Unidos elevan a 683 el total de personas ejecutadas desde que se reanudó la pena de muerte en el país en 1977. Además, al inicio de este año más de 3.700 presos estaban condenados a muerte.
La campaña internacional contra la pena de muerte se dirige contra Estados Unidos, aunque otros países son responsables de un mayor número de ejecuciones. Según Associated Press (20 de mayo), el domingo pasado las autoridades chinas ejecutaron al menos a 29 personas. Durante las recientes semanas ha habido cientos de ejecuciones como parte de la represión contra el crimen por parte de las autoridades.
En un informe anterior, del 18 de mayo, AP indicaba que, según estimaciones, la campaña «Golpea fuerte» se ha traducido en 801 ejecuciones. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han hablado de más de 500 personas ejecutadas desde el 11 de abril. La estimación de 801 viene de un diplomático occidental que hizo el cálculo de las muertes de las que se ha dado noticia en los medios estatales sólo en las tres últimas semanas de abril. China mantiene en secreto los datos de ejecuciones y no ha declarado cuántos han sido ejecutados.
Ha habido una sorprendente falta de interés en la prensa internacional a esta última oleada de ejecuciones en China. Los Gobiernos también han guardado silencio al respecto. El año pasado, según «Time», la presidencia de la Unión Europea envió al entonces gobernador de Texas, George W. Bush, no menos de ocho cartas pidiendo el indulto para prisioneros en el corredor de la muerte. Sin embargo, al menos que se sepa, la Unión Europea no ha dicho nada sobre los recientes acontecimientos de China.
Otro país que también ha escapado a la atención de quienes hacen campaña en contra de la pena de muerte es Japón. En uno de los escasos informes sobre la situación, del pasado 2 de mayo, el «Washington Post» relataba el sufrimiento de Sakae Menda, quien, después de pasar 34 años en el pabellón de la muerte, fue puesto en libertad cuando los tribunales admitieron que había sido condenado por un crimen que no había cometido.
En la actualidad hay 50 hombres y 4 mujeres esperando la ejecución en Japón. Pero, a diferencia de los anuncios públicos en Estados Unidos, el único aviso que recibirán de su ejecución será la aparición en su celda una mañana de los guardias que les conducirán a la cámara de ejecución.
El ministro de Justicia mantiene en secreto el nombre de los elegidos para la ejecución y no da explicaciones de la opción. Incluso cuando todo el proceso legal ha concluido, los internos esperan años o incluso décadas sin saber si cada día es el último que viven. Las organizaciones de derechos humanos han condenado esta incertidumbre. «Es inhumano. Pasan por una tortura diaria», dijo Sayoko Kikuchi, presidente la organización abolicionista de Tokio llamada «Rescue!».
De acuerdo con el «Post», el ministro de Justicia ha dejado aparte repetidamente a ciertos prisioneros hasta que son ancianos y débiles, en una admisión tácita de que su sentencia puede haber sido errónea. Unos 20 internos han estado en el corredor de la muerte más de una década. Al menos 16 tienen más de 60 años; el más anciano, de 83 años, fue sentenciado a muerte en 1966.
