BUENOS AIRES, 14 septiembre 2002 (ZENIT.org).- Los problemas económicos golpean de nuevo a América Latina, tras una década de reformas de libre mercado. Pero, “a diferencia de lo ocurrido en la última gran oleada de problemas experimentados en los años ochenta, nadie sabe qué hacer” ahora, observaba el Wall Street Journal el 25 de julio.
En este año se ha visto cómo se derrumbaba la economía argentina, un golpe de Estado fallido en Venezuela, protestas multitudinarias en Perú, Paraguay y Uruguay, y un creciente caos financiero en Brasil.
Complica la situación la falta de atención norteamericana hacia la región. Antes, los Estados Unidos promovían reformas democráticas y sistemas de economía más libres, afirmaba el Journal. Pero esta vez América Latina está fuera de la lista de prioridades de Estados Unidos, por detrás de los escándalos de Wall Street y de la guerra al terrorismo.
La actual crisis tiene lugar tras un periodo de excelentes perspectivas económicas. En 1999, América Latina había sobrepasado a Asia como destino de inversiones en plantas y equipos, recibiendo más de 100.000 millones de dólares aquel año.
Un análisis de la región publicado el 22 de julio en el Financial Times afirmaba que, mientras el modelo capitalista abrazado en los años noventa está en “profunda crisis”, resulta inverosímil que los países vuelvan a una economía de dirección estatal o a “otras políticas populistas que dejaron atrás en los años ochenta”.
El malestar social ha soliviantado a los pobres e incluso a la clase media de profesionales que se sienten heridos por los recientes cambios económicos. “Estos grupos saben mejor contra quién están –la privatización es uno de los miedos más concretos– que a favor de quién están, y toman rápidamente las calles para lograr sus objetivos”, observaba el Financial Times.
Evidencias de esta protesta han tenido lugar en Bolivia, donde Evo Morales, el líder de los principales cultivadores de coca indígenas, y conocido por su oposición al programa norteamericano de erradicación de las drogas, logró el 20% de los votos en las elecciones presidenciales de junio.
En Perú, los planes, para vender dos generadores eléctricos de propiedad estatal a una compañía belga, fueron cancelados tras las demostraciones populares que obligaron al presidente Alejandro Toledo a declarar el estado de emergencia, que llegaron incluso a resquebrajar su gabinete, informaba el New York Times el 19 de julio.
Las protestas tuvieron lugar tras las continuas ventas de activos que comenzaron durante la administración Fujimori. Los funcionarios del gobierno afirman que el programa ha tenido éxito, con significativas mejoras en los servicios de telefonía y de electricidad. La privatización de las minas ha mejorado tanto el sector que el empleo en dicho sector y en las actividades relacionadas con él ha aumentado en más de 60.000 puestos de trabajo, desde los 42.000 de 1993.
Éxitos parciales de las reformas
El New York Times defendía que las reformas de mercado habían tenido algunos efectos positivos, con más competitividad, menos inflación y habían aumentado el crecimiento económico. En Chile, la economía se ha robustecido, y en México, las exportaciones se han quintuplicado en los últimos doce años. En Bolivia, la pobreza ha caído de un 86% de la población en los años 70 a un 58,6% actual.
Pero el 44% de los latinoamericanos todavía vive en la pobreza. Y el número de los trabajadores desempleados se han doblado en una década. En general, el crecimiento económico se ha estancado en los últimos años.
Julio también ha visto protestas en Paraguay, informaba The Economist en su entrega del 20 de julio. Las demostraciones contra el gobierno de Luis González Macchi causaron dos muertos, docenas de heridos y más de 200 arrestados.
Las manifestaciones de mayo disuadieron al gobierno de la venta de Copaco, el monopolio de telecomunicaciones del estado, e hicieron que se rechazase la ley de privatización. Según The Economist, el asunto de la privatización se vio minado por acusaciones de corrupción que implicaban a parientes del presidente.
Otro país que ha sido golpeado duramente por problemas económicos es Uruguay. Ahora en su cuarto año de recesión, el país está viendo cómo su producto interior bruto se contrae en un 10% en el primer cuatrimestre, mientras el desempleo ha subido hasta un 15% desde el 10% de 1998, informaba el Financial Times el 29 de julio.
Las reservas del Banco Central han caído a plomo desde 3.100 millones de dólares a inicios de años hasta menos de 900 millones. Sin un desembolso de emergencia en julio del Fondo Monetario Internacional y de otros prestamistas de 840 millones de dólares, las arcas estarían virtualmente vacías.
Pero los préstamos sólo han ganado un breve espacio de tiempo, con la crisis que aumenta en el pasado mes. Reuters informó el martes 27 de julio, que el gobierno de Uruguay había temporalmente suspendido la actividad en todos los bancos para parar la salida de depósitos que habían conducido a una devaluación del 14% del peso. Desde el 18 de junio hasta esta congelación, la moneda local había perdido la mitad de su valor frente al dólar.
¿A quién culpar?
Un artículo del 23 de julio en el periódico británico The Guardian fue particularmente crítico con las reformas de libre mercado y la política de Estados Unidos en la región. “Para la mayoría, la historia de los años noventa ha sido un creciente desequilibrio en las rentas entre los pocos que prosperan en los regímenes de privatización y mercados libres, y el resto. Ahora, incluso la más mínima prosperidad parece un lejano recuerdo del pasado”.
The Guardian hacía notar que en Argentina, “el país que ha seguido más fielmente el libre mercado y las prescripciones del Fondo Monetario Internacional, la renta nacional se ha contraído cerca de dos tercios en un año”.
La democracia y el mercado libre han llegado a América Latina, pero “a lo largo del continente hay rabia y hambre”, decía el periódico. “Por lo que respecta a la gente de la calle, el experimento ha fracasado”.
No todos echan la culpa de los actuales problemas a la reformas de libre mercado. La Latin American Outlook, publicada por el American Enterprise Institute, piensa que ha tenido buena parte de la culpa la tiene una cultura política defectuosa. “La política debe ser algo más que el patronazgo al servicio de los líderes o la oportunidad para que unas personas bien relacionadas se enriquezcan a sí mismas, a través de contratos gubernamentales”, afirmaba la publicación en su edición de julio.
Con mucha frecuencia, “mucha gente todavía tiende a creer que cualquier candidato puede resolver todos sus problemas”, observaba. “Los políticos prometen con bravuconería cosas que seguramente saben que no podrán cumplir, colocándose a sí mismos ante una crisis de gobierno”.
Buen ejemplo de este problema es Argentina. Un análisis publicado el 26 de julio por el Christian Science Monitor constataba que el mayor poder de gasto de la nación se encuentra en manos de los 23 gobernadores provinciales. Históricamente, los gobernadores han gastado “con abandono, imprimiendo sus propias monedas, y repartiendo buenos trabajos a sus amigos. Esto ha creado con frecuencia deudas masivas y gran inflación”, decía el periódico.
Entre 1995 y el 2000, el gasto en las provincias aumentó en un 25%, a pesar de que no se daba el fenómeno de la inflación. Esto condujo a que los gobiernos acumularan un volumen insostenible de deuda externa.
En medio de estos problemas, los 12 jefes de Estado sudamericanos se reunieron en julio en Guayaquil, Ecuador, informó el Washington Times el 27 de julio. Al final de la reunión, firmaron un acuerdo comprometiendo a sus países a una má
s amplia integración regional.
El “consenso de Guayaquil” se enfocaba especialmente al significado de las negociaciones que estaban teniendo lugar entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur, o Mercosur. Según el acuerdo, las naciones participantes tratarán de crear una zona de libre comercio regional antes de finales de año.
El documento conclusivo incluía también un acuerdo de las naciones de Sudamérica para defender las instituciones democráticas y establecer un “mecanismo de solidaridad financiera” para preservar la gobernabilidad en países como Argentina, que está afrontando severas crisis económicas. Tal cooperación es más necesaria que nunca.
