La constatación surge de la experiencia de hace años recogida por las Capellanías de Pastoral Penitenciaria, informa el Servicio de Información de la Conferencia Episcopal Española, SIC.
Las ponencias del Encuentro trataron sobre «Sanidad penitenciaria y problemática de los enfermos mentales internados en establecimientos de la Administración Penitenciaria de Cataluña» (pronunciada por Enric Vicens Pons); la «Aportación de entidades extrapenitenciarias al tratamiento y atención de enfermos mentales incursos en procedimientos penales: límites y posibilidades», (José Manuel Arroyo Cobo y Eduardo Ortega Martínez); y «Atención y tratamiento de enfermos mentales incursos en procedimientos penales: legalidad actual y necesidades reales de legalidad» (por el sacerdote José Luis Segovia Bernabé).
Los expertos presentaron junto con datos cuantitativos del fenómeno y las respuestas que se van dando en diferentes zonas de España, la necesidad de impulsar las casi inexistentes políticas generales de prevención, protección y atención al enfermo mental en el marco comunitario.
El diagnóstico de la situación, definido con nítida precisión por los profesionales, ratifica las intuiciones de capellanes y voluntarios de las capellanías: la salud mental en España es una asignatura pendiente.
Los participantes constataron que tras la Reforma psiquiátrica en los años ochenta, con la consiguiente desinstitucionalización de miles de pacientes, no se multiplicaron profesionales formados y motivados para atenderlos de forma ambulatoria, ni se crearon centros de crisis, ni se estableció una red diversificada de recursos como centros de día, o centros residenciales de corta, media y larga estancia, ni se incentivó de modo suficiente la coordinación con el resto de servicios de la comunidad.
El resultado ha sido que una parte no despreciable de los enfermos mentales acaba en la cárcel, o en el albergue o exasperando a unos familiares que se sienten abandonados por todos y no encuentran soluciones.
Propuestas
Entre las propuestas obtenidas del encuentro destacan que es necesario una salud mental comunitaria. No habrá adecuada atención dentro, si no se procura fuera y ello con presupuestos y recursos. Se precisa lograr una mayor aproximación entre el mundo de los juristas y el de los psiquiatras.
En cuanto a Pastoral Penitenciaria, además de destacar la urgencia de multiplicar programas específicos con más profesionales, coinciden en que es necesario seguir profundizando en que estamos ante enfermos: lo sustantivo es la enfermedad, lo adjetivo la privación de libertad.
Como segunda cuestión importante ven necesario sensibilizar a la opinión pública acerca de la grave situación que padecen los enfermos psiquiátricos, tanto dentro como fuera de la prisión, y contribuir a evitar el doble estigma: además de preso, enfermo mental.
Alternativas a la prisión
El tercer punto de las conclusiones insta a crear pisos de acogida (públicos y eclesiales) para personas con esta problemática; exigencia de coordinación entre el medio penitenciario y los servicios comunitarios de salud mental, socio-sanitarios, judiciales, así como a urgir el incremento de plantilla para la atención psiquiátrica a los presos.
Asimismo piden al Departamento de Pastoral Penitenciaria que el área social facilite la tramitación de pensiones por minusvalía psíquica; el área jurídica aporte autos favorables de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria relacionados con estos temas; y que el área pastoral prepare un encuentro para delegados diocesanos, capellanes y voluntarios que trate de la atención pastoral a estos enfermos psíquicos, valiéndose también de la experiencia de la Pastoral de la Salud.
Finalmente, en un quinto punto, los participantes pidieron la creación de centros extrapenitenciarios de carácter comunitario para tratar determinadas patologías y evitar su estancia en prisión; buscar alternativas preventivas; formar personal auxiliar para trabajar con grupos muy reducidos convenientemente dirigidos por profesional competente; prestar atención al problema de las personas extranjeras, presas y enfermas mentales; crear centros educativos, psiquiátricos, a que se refiere la ley, pero de carácter más comunitario que penitenciario; preparar con mucha antelación la excarcelación de los enfermos mentales solos; y profundizar en el acompañamiento espiritual y religioso de estas personas.
En suma, reclaman hacer realidad las Reglas Mínimas y las recomendaciones del Consejo de Europa (1987): que los enfermos mentales no sean tratados en prisión, sino en dispositivos comunitarios de carácter no penitenciario.
