PEKÍN, 28 de septiembre de 2002 (ZENIT.org).- Se han disparado las especulaciones sobre la futura dirección política en China al intensificarse los preparativos para el XVI Congreso del Partido Comunista Chino en noviembre. Igualmente intensos son los esfuerzos del régimen por sofocar la disensión y el acceso a la información.
El Departamento de Propaganda del Partido Comunista envió este verano a los editores de los medios de comunicación en China una serie detallada de instrucciones sobre lo que deberían y no deberían informar, según reveló el New York Times del 15 de septiembre.
Los periódicos y las cadenas de televisión se han multiplicado en China en los últimos años y tienen una orientación más comercial. Esto ha llevado a un aumento de la cobertura de temas críticos para el gobierno, y la consecuente reacción de las autoridades. “El congreso del Partido se aproxima rápidamente, por lo que necesitamos prevenir problemas”, afirmaba el departamento de propaganda. “Discutiremos si dejamos seguir funcionando a estos periódicos que dan con frecuencia problemas”.
Se han aplicado también controles más estrictos sobre Internet. Associated Press el 27 de agosto informaba de que un estudio de la Rand Corporation, “You’ve Got Dissent”, reveló que los disidentes se relacionan cada vez más a través de Internet. Pero el informe también revelaba que las autoridades se han convertido en policías del ciberespacio. El año pasado se han cerrado miles de ciber-cafés sin licencia, y al menos 25 personas han sido arrestadas en los pasados dos años por sus actividades online.
La BBC informaba el 2 de septiembre de que el acceso al motor de búsqueda Google ha sido bloqueado. Pekín estimaba que 45,8 millones de chinos se conectaban a este servicio, informó la BBC. Esto ha llevado al gobierno a dedicar no menos de 30.000 personas a supervisar páginas webs, chats y correos electrónicos privados, según los activistas de derechos humanos.
El 6 de septiembre la BBC informaba que China también ha bloqueado Altavista.com, otro motor de búsqueda en Internet. El 14 de septiembre el periódico Guardian de Gran Bretaña informaba que el bloqueo a Google había sido levantado, pero con algunas restricciones.
Si ahora se quiere buscar en Google desde China el nombre del presidente chino Jiang Zemin, en la pantalla del usuario aparecerá el mensaje: “actualmente inasequible”. También han sido bloqueadas las búsquedas de información sobre el Tibet, o los intentos de acceder a las noticias de la BBC.
La falta de noticias, buena noticia
Las autoridades son también alérgicas a los artículos que podrían reflejar aspectos negativos de China. Reuters observaba el 16 de septiembre que una noticia sobre unos casos de envenenamiento en la comida se había extendido a toda velocidad el fin de semana anterior. La reacción no tardó en llegar: muy pronto desapareció de la página web de la agencia oficial de noticias Xinhua un reportaje que hablaba de 41 muertes. Los residentes locales criticaron a los medios estatales por no informar de las cifras reales, que se elevan a más de 100, afirmaba Reuters.
Este incidente no ha sido un hecho aislado. El 31 de julio, el periódico Age de Australia informaba que miles de mineros mueren en China cada año, sin apenas mención en los medios. Sólo se permite acercarse a un desastre minero a las cámaras de la Televisión Central China oficial o de uno de sus agentes, los reporteros extranjeros son mantenidos a distancia.
Oficialmente, 3.393 mineros murieron en 2.014 accidentes en China durante la primera mitad de este año, pero los analistas sugieren que la cantidad real de muertes podría doblar esta cifra, afirmaba Age.
También está en liza la calidad de la información sobre la economía china. Un estudio de los brokers de CLSA afirma que la deuda pública del país es seis superior a la establecida oficialmente, informaba el Financial Times el 27 de mayo.
CLSA estimaba que el porcentaje de la deuda pública china con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) alcanzó el 139% en el 2000, en comparación con el 23% defendido por el gobierno. La gran discrepancia se debe principalmente al desequilibrio financiero del estado.
En su entrega del 16 de marzo, la revista The Economist encontraba problemas en las cifras de desarrollo económico. En febrero, el gobierno afirmaba que el PIB de China había crecido el 7,3% el año pasado. Pewro Song Guoqing, un economista de un organismo de opinión independiente, el Stock Exchange Executive Council, cree que la cifra de crecimiento podría estar por debajo del 5%.
Asimismo, Thomas Rawski, de la Universidad de Pittsburgh, estima que el crecimiento en 2001 puede haber estado entre el 3% y el 4%, es decir, la mitad de la cifra oficial. Rawski observaba que el PIB oficial de China ha crecido un 24,7% entre 1997 y el año 2000. Con todo, el consumo de energía cayó en un 12,8% en el mismo periodo. Aseguraba que esto no se explica por un consumo de energía más eficiente o por el rápido crecimiento de industrias que requieren menos energía.
Poco espacio a la libertad
Si controlar a los medios no funciona, entonces se usan los hospitales mentales para silenciar a los disidentes. El Washington Post del 26 de agosto detallaba las acusaciones hechas en un extenso estudio publicado el año pasado por Robin Munro, un académico británico que ha trabajado como jefe investigador para China en el Human Rights Watch durante los años 90.
El Post revelaba también que un miembro del movimiento espiritual prohibido Falun Gong, Fang Lihong, fue apartado de su trabajo, presionado y forzado a asistir durante meses a clases de intensa “desprogramación”. Finalmente fue enviado a un hospital psiquiátrico, hasta que se escapó 16 meses después.
Según documentos chinos, Munro estima que al menos 3.000 personas acusadas de crímenes políticos han sido enviadas a evaluación psiquiátrica por la policía, y la mitad de ellas fueron declaradas enfermas mentales y confinadas.
Las acusaciones de Munro estaban respaldadas por un informe de 298 páginas, “Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and Its Origins in the Mao Era”. El estudio fue publicado en agosto por Human Rights Watch y la Geneva Initiative on Psychiatry. Según el informe, los documentos oficiales demuestran claramente “que la noción de ‘peligrosidad política’ que tiene el Partido Comunista hace ya mucho tiempo que fue añadida al arsenal de diagnósticos de la psiquiatría china e incorporada como concepto clave de la peligrosidad psiquiátrica”.
Ha fracasado un reciente intento de expulsar a China de la Asociación Psiquiátrica Mundial, informaba el Telegraph el 8 de agosto. En su lugar, el presidente de la asociación, Juan López Ibor, ha propuesto un equipo de exploración que vaya a China para realizar una investigación independiente.
El Real Colegio Británico de Psiquiatras, que respaldó una moción contra Pekín, afirmaba que López Ibor había violado los estatutos de la asociación al rechazar que se permitiera una votación para expulsar a China.
Activistas internacionales continúan con sus críticas a China también en otros temas. El 2 de agosto, Human Rights Watch publicaba un informe titulado “Paying the Price: Worker Unrest in Northeast China” en el que analizaba las manifestaciones que tuvieron lugar en tres ciudades desde marzo a mayo y la respuesta del gobierno. En su reacción ante las protestas, “los funcionarios chinos han violado los derechos fundamentales de libre asociación, expresión y reunión”, decía el informe.
Y el 31 de mayo, Amnistía Internacional mandó un comunicado de prensa condenando a China por los continuos encarcelamientos de activistas por las protestas de 1989. El grupo ha documentado los casos de 195 personas que todavía están en prisión “despué
s de juicios rápidos e injustos”, ya sea por su implicación en las protestas a favor de la democracia de 1989, o más recientemente por pedir una revisión del veredicto oficial sobre las protestas.
Los líderes del Partido Comunista Chino que se reunirán en noviembre saben muy bien que el mundo les estará mirando con mucha atención.
