La presencia de un enviado de las Naciones Unidas es necesaria «a causa de las acciones militares de grupos armados apoyados por el régimen de Jartum, que en los últimos meses han seguido atacando las vidas y la seguridad de los pueblos en las zonas ricas en petróleo».
La petición se contiene en un comunicado de los obispos del sur de Sudán –según informa el CISA (Catholic Information Service for Africa)–, difundido el pasado 12 de marzo. El documento lleva la firma de monseñor Cesare Mazzolari, comboniano, obispo de Rumbek.
La urgencia de no detener el control en la región ha impulsado a los obispos a ejercer presión sobre los representantes de los gobiernos africanos presentes en la LIX sesión de la Comisión para los Derechos Humanos de la ONU, que tiene lugar en Ginebra del 17 de marzo al próximo 25 de abril.
«Las primeras víctimas de la violencia –advierten los obispos— son los civiles, que a miles han abandonado las zonas de los enfrentamientos».
Los obispos subrayan igualmente la importancia de la renovación del mandato del representante especial de la ONU para vigilar cualquier violación de los derechos humanos, que puede dificultar el proceso de paz actualmente en marcha en Sudán.
