Esta fue la conclusión a la que llegó durante la lección de clausura del curso académico de la Universidad de Mayores José Saramago, según informa este jueves el arzobispado.
La Iglesia apuesta por la democracia «sencillamente porque está completamente a favor de lo que esta sociedad democrática comporta. La Iglesia reconoce y estima el modo democrático de organización de la sociedad según el principio de la división de poderes que configura el estado de derecho».
Según monseñor Cañizares, la Iglesia «se siente cómoda en este sistema social, y lo aprecia en la medida que asegura la participación de los ciudadanos y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica».
Ahora bien, recuerda, «la Iglesia, que respeta la autonomía legítima de la comunidad política, no se identifica con ninguna teoría o solución política determinada».
«La aportación que ofrece en este sentido es precisamente el concepto de la dignidad de la persona que se manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo Encarnado», subraya.
El arzobispo de Toledo afirma que es necesario defender tenazmente el sistema democrático, pero como un medio y no como un fin: «Es cierto que la verdadera democracia es difícil, es cierto también que se la puede mitificar, o que se la puede desvirtuar. Por eso mismo debe ser defendida con tenacidad cueste lo que cueste».
«Es una forma de gobierno y una instrumentación para las relaciones sociales; pero, aunque sea un ordenamiento y, como tal, un instrumento y no un fin, es también, y sobre todo, un modo de convivencia humana que sólo es posible desde el enraizamiento en unas exigencias humanas fundamentales y en el respeto a las mismas».
«Por esto mismo, la Iglesia, defensora y promotora de la democracia, reclama que ésta se asiente y fundamente en unos valores fundamentales e insoslayables sin los cuales o no habrá democracia, o se la pondrá en un serio peligro».
Monseñor Cañizares comentó también el documento de la Congregación para la Doctrina de la fe sobre la presencia de los católicos en la vida pública.
«La Iglesia –recalca– es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en la medida en que se funda en una recta concepción de la persona».
«La dignidad de la persona humana y su reconocimiento pleno es piedra angular del Estado y e todo ordenamiento jurídico. Afecta por ello a los fundamentos mismos de la comunidad política que necesita de una ética fundante», explica.
Ahora bien, «no todo lo que se hace y decide por el procedimiento de las democracias formales tiene, por sí, la garantía de ser también justo y conforme con la dignidad de la persona humana. Esto dependerá de que lo decidido esté efectivamente de acuerdo con el orden moral objetivo que no está sometido al juego de mayorías y de consensos, sino que radica en la verdad de la condición humana».
«Hay unas pautas y exigencias morales objetivas –afirma el primado de España- que son anteriores a la sociedad o al sistema democrático como ordenamiento jurídico y social, y han de ser garantizadas».
Tras recordar que algunos reclaman el relativismo ético «como condición de la democracia porque piensan que sólo ese relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco entre las personas y la adhesión a las decisiones de las mayorías, mientras que las normas morales, consideradas subjetivas y vinculantes llevarían al autoritarismo», advirtió que esta «concepción hace tambalearse el mismo ordenamiento democrático en sus fundamentos, reduciéndolo a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos».
«No podemos olvidar que el valor de la democracia se mantiene o cae con los valores que encarna y promueve, fundamentales e imprescindibles son, ciertamente, la dignidad de cada persona humana, el respeto de sus derechos inviolables e inalienables, así como considerar el bien común como oficio regulador de la vida pública. En la base de estos valores no pueden estar provisionales y volubles mayorías de opinión, sino sólo el reconocimiento de una ley moral objetiva que en cuanto ley natural inscrita en el corazón del hombre es punto de referencia normativa de la misma ley civil».
Don Antonio Cañizares afirma que «no podemos negar la evidencia de que existe actualmente la tentación de fundar la democracia en un relativismo ético que pretende rechazar toda certeza sobre el sentido de la vida, la dignidad del hombre y sus derechos y deberes fundamentales; cuando semejante mentalidad toma cuerpo, tarde o temprano, se produce una crisis moral de las democracias».
Según el prelado, «el relativismo impide poner en práctica el discernimiento necesario entre las diferentes exigencias que se manifiestan en el entramado de la sociedad, entre el bien y el mal. La vida de la sociedad se basa en decisiones que suponen una firme convicción ética; cuando ya no se tiene confianza en el valor mismo de la persona humana se pierde de vista lo que constituye la nobleza de la democracia, esta cede ante las diversas formas de corrupción y manipulación de sus instituciones».
El arzobispo ha insistido que «sólo así la democracia volverá a encontrar su sustrato moral. La democracia no puede convertirse en un
sustitutivo o sucedáneo de la moralidad o no ser que la prostituyamos en su entraña más propia».
