Tras aclarar que «la expresión ‘abuso legislativo’ puede parecer excesivamente severa –aclara–, pero la empleo aquí, con todo respeto, aludiendo al mal uso, al uso excesivo e injusto de una potestad», el prelado planteó una serie de interrogantes sin respuesta: ¿Quién, en efecto, reclamaba la sanción de esta ley? ¿Figuró acaso, claramente, una propuesta semejante en las plataformas partidarias? ¿Es esto lo que demanda el sufrido pueblo bonaerense, sometido a tantas carencias, tan probado en su esperanza?
«Probablemente, en la sanción de la norma provincial, pesó la impaciencia del ministerio de Salud de la Nación, que necesita descargar su acopio de píldoras y fundas elásticas, y no habrá faltado el empuje y la porfía de algunas personalidades relevantes de la vida política nacional para potenciar a las usinas siempre activas de la ideología feminista», opina el Arzobispo platense en un artículo publicado en el diario El Día.
Entre otros conceptos, monseñor Aguer sostiene que «el programa aprobado, como el impuesto por el Congreso de la Nación, consagra una intromisión del Estado en la intimidad de la familia y de la vida personal de los ciudadanos, desmañado sucedáneo de una buena política familiar».
Explica en este sentido que «los legisladores han asumido como deber y función del Estado el estímulo de una procreación responsable, como si estuviera en la capacidad y competencia de los organismos públicos determinar cuándo es responsable la procreación, o en qué medida gozan de salud sexual los argentinos. Aquí despunta la veta ideológica de la iniciativa, y con ella una visión reduccionista de la persona humana y del orden familiar, una concepción de la sexualidad desligada del amor, del matrimonio y la familia».
