MADRID, 11 septiembre 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- Los obispos españoles afirman en la carta escrita con ocasión de la Jornada Pontificia de las Migraciones, que en España se celebrará el 28 de septiembre, que «nunca deberíamos ver en el inmigrante al «otro», al extranjero, y menos a alguien que provoca el rechazo, sino a una persona a la que hemos de asociar y hacer sitio para construir juntos un futuro de esperanza».
La carta titulada «Esta casa es de todos. La construimos juntos» insiste en la necesidad de aprovechar el hecho de que el inmigrante «proceda de un mundo cultural distinto, incluso con creencias y tradiciones diferentes», y de considerarlo «más que como un factor de miedo, como una posibilidad de enriquecimiento mutuo».
Aunque los prelados reconocen que las migraciones «se han convertido en un fenómeno global en el mundo actual» que «revisten una compleja problemática y están dando lugar a una creciente pluralidad cultural y religiosa en nuestra sociedad», aceptan este desafío como una ocasión de interpelación «sobre el sentido del hombre, de la sociedad, de la cultura y de las mismas instituciones» para las comunidades cristianas, la sociedad y los Gobiernos.
La «carta pastoral» ha sido redactada por los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones.
«El inmigrante, que es, ante todo, una persona y no un mero instrumento a nuestro servicio, es considerado en no pocas ocasiones como un simple «recurso humano» del que nos beneficiamos, minusvalorando el tiempo que lleva entre nosotros, su contribución a nuestro bienestar, y no apreciando suficientemente sus raíces familiares, culturales y religiosas», afirman.
Los obispos sostienen que a la concepción utilitarista del inmigrante «considerado como mano de obra barata», «se une, con frecuencia, la vinculación de la inmigración con la inseguridad ciudadana; la diversidad cultural y religiosa; las situaciones de paro y de precariedad laboral existente en nuestro país y que afectan especialmente a los jóvenes que buscan su primer empleo; la escasez y carestía de la vivienda; la saturación no infrecuente de los servicios sociales; el fracaso escolar y, en general, las deficiencias todavía no superadas de modo satisfactorio entre nosotros».
Este panorama «genera desconfianza, levanta suspicacias y perjudica la relación entre la población autóctona y la inmigrante, sobre todo si ésta es considerada como una competencia no deseada».
Ante estas dificultades, los obispos invitan a los cristianos españoles a «construir una sociedad fraterna, sin anular las diferencias».
«Construir una convivencia verdaderamente humana en el contexto de una sociedad plural nos exige poner el acento en las semejanzas. No se trata de negar las diferencias, pero tampoco de absolutizarlas hasta el punto de que nos impidan colaborar juntos en la construcción de la sociedad», añaden.
Los obispos creen que el camino de la convivencia debe construirse sobre las bases del respeto, la solidaridad, la amistad y fraternidad, «realizados con sencillez y constancia en la vida diaria»; y hacen una llamada para que «los inmigrantes y sus familias», sin renunciar «a sus mejores valores», no desaprovechen tampoco «la ocasión de abrirse con sencillez a los mejor de nuestra cultura, máxime cuando se constata con lúcido realismo que su estancia entre nosotros puede prolongarse más de lo previsto en un principio».
Los obispos dedican un espacio importante de su mensaje para exhortar a la comunidad cristiana a cumplir con su misión respecto a los inmigrantes. Ante el inmigrante cristiano los obispos recuerdan que «en la Iglesia nadie es extranjero», ante el no cristiano, los creyentes deben hacer suyas las palabras de Cristo «era extranjero y me acogisteis».
Entre las propuestas concretas de trabajo con los inmigrantes, que los obispos sugieren a la comunidad cristiana, hay un llamamiento para que ésta se involucre en los sectores culturales, sociales y económicos, desde los que se puede trabajar «a favor del reconocimiento de los trabajadores inmigrantes».
Los obispos no olvidan el problema de la inmigración ilegal, que conlleva «un deterioro humano grave y entrañan una gran dificultad para la integración; favorecen la economía sumergida, generan delincuencia y pueden alimentar la xenofobia en detrimento de la convivencia y de la armonía social».
«Sabemos que la problemática es compleja y que los equilibrios en la convivencia social son frágiles. Supuesto el reconocimiento de la responsabilidad primera del Estado para legislar sobre la regulación de los flujos migratorios, nos parece que sería bueno agotar las posibilidades que ofrece la vigente normativa legal a fin de dar solución al mayor número de situaciones de irregularidad de la forma más generosa posible», sostienen.
«Queremos apelar a la responsabilidad de los grupos, organizaciones o personas individuales que, movidos por supuestas actitudes de solidaridad, influyen en las decisiones de emigrar, incluso de manera irregular, con falsas expectativas de empleo. La primera víctima de la ilegalidad es el mismo inmigrante «ilegal». De igual manera hay que insistir en que cada vez que no se garantizan los derechos socio-laborales de los trabajadores inmigrantes se está faltando no sólo a elementales exigencias del derecho sino también de la moral. Por esta vía ilegal e inmoral se les devuelve a la clandestinidad, impidiéndoles ejercer su ciudadanía», concluyen.
Puede leerse la «carta pastoral» en la página web de la Conferencia Episcopal Española: http://www.conferenciaepiscopal.es
