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Sep 12, 2003 00:00
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VALENCIA, 12 septiembre 2003 (ZENIT.org-VERITAS).- La portada del periódico «Las Provincias» de Valencia anunciaba hoy en portada que «el hospital Clínico de Valencia se ha visto obligado a contratar a dos nuevos ginecólogos para poder practicar los abortos legales que paga la sanidad pública».
Los médicos del centro han ejercido su derecho a la objeción de conciencia y han obligado al centro a recurrir a médicos externos para practicar abortos, tal como declaraba al periódico valenciano Manuel Montánchez, director del centro hospitalario.
«El hospital Clínico realiza este tipo de intervenciones desde el pasado mes de julio, fecha en que la Consejería de Sanidad anunció su intención de asumir la práctica de la mayoría de abortos gratuitos», afirma «Las Provincias».
El mes de julio Vicente Rambla, consejero de Sanidad de la Comunidad, afirmaba a «Las Provincias» que, al asumir los hospitales públicos valencianos la mayoría de las intervenciones, «se permitirá realizar un mayor seguimiento de los casos y constatar en qué medida existe un cumplimiento estricto de los casos previstos por el Código Penal».
Ante los datos del 2002, que recogían que el 98 % de los abortos practicados en la Comunidad Valenciana eran realizados por mujeres que se acogían al supuesto que contempla el aborto en caso de riesgo psíquico para la madre, Sanidad pretende con esta medida vigilar las autorizaciones que firman los especialistas.
La Ley del Aborto de 1985 no especificaba si el dictamen psicológico debía ser emitido por un especialista de la sanidad pública o de la privada. Las nuevas disposiciones de la sanidad valenciana exigen que el dictamen médico para valorar la posible alteración psíquica sea realizado, cuando la paciente provenga de los centros de salud dependientes de la Consejería de Sanidad y el aborto se practique en un hospital público, por un psiquiatra de uno de estos hospitales públicos.
Justo Aznar, presidente de la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida, firma hoy un artículo de opinión en «Las Provincias», en el que sostiene que esta medida ha puesto de manifiesto «el fraude legal de las clínicas abortistas».
«Siempre me había parecido que el supuesto despenalizador del aborto fundado en una hipotética grave alteración psíquica de la madre podría ser, en las clínicas abortistas privadas, una puerta abierta al aborto prácticamente libre», dice Aznar.
«Ahora se pone de manifiesto con su alarma que lo que estaban y están haciendo, más que un servicio a la mujer es un servicio a sus bolsillos, a costa de la mujer, y sobre todo a costa de sus hijos no nacidos, pues nunca hay que olvidar que éstos son siempre los perdedores en el aborto», añade.
Con esta afirmación, el presidente de la Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida se refiere al recelo de las clínicas privadas que «temen que ante el dictamen médico de un psiquiatra independiente, los pingües beneficios que obtienen por esta incalificable práctica, que difícilmente se puede llamar médica, se vean sustancialmente reducidos».